El paro nacional de 2025 volvió al centro del debate público. No por decisiones del Gobierno. La atención regresó tras una nueva muerte tras semanas de agonía. Este sábado 27 de diciembre de 2025 falleció Edison David Farinango, la cuarta persona en el contexto de las protestas. Había resultado herido por el impacto de dos bombas tras una persecución militar en Cotacachi, Imbabura.
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) de la Asamblea Nacional le arrebató la fiscalización a la Revolución Ciudadana. De ahí surge la siguiente y necesaria incógnita: ¿Cómo avanza ese proceso de investigación que dirige ADN en el Legislativo?
La investigación sobre los hechos ocurridos entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2025 no avanzó con prioridad. Las manifestaciones dejaron cuatro fallecidos y cientos de heridos, además de denuncias por represión policial y militar. La Comisión de Seguridad Integral, controlada por el oficialismo, asumió el caso. No lo trató como urgente y hasta ahora sigue ‘estancado’. En estos momentos, los asambleístas están en vacancia legislativa, por lo que la fiscalización deberá esperar.
ADN le arrebató la fiscalización a la Comisión de Garantías Constitucionales
El camino de la investigación estuvo marcado por disputas entre el Gobierno y la oposición. El primer intento de fiscalización nació en la Comisión de Garantías Constitucionales. Esa mesa está presidida por Jaime Estrada, de la Revolución Ciudadana (RC). Ahí se dio la comparecencia de familiares de Efraín Fuerez, la primera víctima mortal del paro, y del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas.
Sin embargo, el oficialismo le quitó la investigación a esa mesa. A través del Consejo de Administración Legislativa (CAL), retiró el caso de esa comisión.
El expediente pasó a la Comisión de Seguridad Integral, presidida por la asambleísta Inés Alarcón, afín al bloque de Gobierno. Desde ese traslado, el proceso perdió ritmo. La Comisión de Seguridad Integral solo realizó dos sesiones, ambas en un mismo día. Legisladores de la RC sostienen que no existieron avances de fondo.
Un informe parcial con responsabilidades directas al Gobierno
Hasta ahora, el único documento disponible es un informe parcial. Fue elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales en octubre de 2025. Ese texto responsabiliza al Ejecutivo por las muertes registradas durante el paro.
El informe enfatiza que la muerte de Efraín Fuerez y de las otras víctimas responde a un uso ilegítimo de la fuerza. Señala una decisión política desde el Ejecutivo. La responsabilidad se mantiene en la cadena de mando, con énfasis en el nivel presidencial.
Asimismo, el documento sostiene que la respuesta estatal no respondió a criterios de contención proporcional. Tampoco priorizó medidas legítimas. Describe un esquema represivo orientado a neutralizar la protesta social. Detalla que el conflicto fue tratado como un asunto de seguridad y no como una protesta amparada por la Constitución.
De igual modo, el texto advierte una violación grave y sistemática de derechos humanos. Se refiere al uso de la fuerza pública contra población civil desarmada. Subraya que no existía un estado de excepción y atribuye la responsabilidad al Ejecutivo, con base en la Constitución y en estándares interamericanos.
Finalmente, ese informe cuestiona a la mayoría legislativa oficialista. Afirma que bloqueó la fiscalización inicial y asegura que la Asamblea no actuó como contrapeso del poder. La describe como un escudo institucional del Ejecutivo durante el paro nacional.
Recomendaciones que quedaron en pausa
El documento, en ese entonces, planteaba varias recomendaciones:
- Solicita el cese inmediato de la intervención militar en el control de protestas.
- Propone la desmilitarización de territorios indígenas.
- Prioriza el restablecimiento de la protección de derechos como función central del Estado.
- Exige información oficial y pide detalles sobre los protocolos de actuación, la cadena de mando y las órdenes emitidas durante la represión.
- Incluye el pedido de frenar la criminalización y persecución contra líderes sociales y comunidades organizadas.
En otras palabras, la fiscalización anunciada por ADN continúa detenida. Y las responsabilidades, aún sin resolverse, en un intento del Ejecutivo de blindar las acciones policiales y militares.