En una medida que ha encendido las alarmas a nivel global, el Gobierno de Israel confirmó que un total de 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) perderán sus permisos de operación en los territorios palestinos. Entre las entidades afectadas destacan nombres de gran peso humanitario como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Oxfam, debido al supuesto incumplimiento de las nuevas y estrictas normativas de registro exigidas por el Estado israelí.
Cronología y plazos del cese de actividades
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, dirigido por Amichai Chikli, detalló que el proceso de salida será progresivo pero contundente:
| Evento clave | Fecha establecida |
|---|---|
| Revocatoria oficial de licencias | 1 de enero de 2026 |
| Plazo máximo para el cierre de operaciones | 1 de marzo de 2026 |
Las autoridades israelíes otorgaron un periodo de diez meses para que las organizaciones entregaran documentación detallada, incluyendo listados completos de empleados. Según la normativa, se busca evitar que personal humanitario colabore con grupos designados como terroristas por Israel, específicamente el movimiento Hamás.
El portavoz de la Cancillería israelí, Oren Marmorstein, señaló que, aunque la inscripción sigue abierta, la falta de este registro impide que las ONG trasladen especialistas en salud, agua y saneamiento, así como suministros esenciales a través de las fronteras controladas por Israel hacia Gaza o Cisjordania.
Postura del Gobierno y acusaciones directas
Desde el COGAT (autoridad militar israelí), se minimizó el impacto de esta decisión, asegurando que las ONG notificadas solo aportaron el 1% del volumen total de ayuda humanitaria en periodos anteriores. Además, lanzaron acusaciones graves contra MSF, vinculando presuntamente a algunos de sus trabajadores con actividades de la Yihad Islámica y roles de francotiradores para Hamás.
«El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable», sentenció Amichai Chikli al justificar el endurecimiento de los controles soberanos.
Dura reacción internacional
La respuesta de los organismos de derechos humanos no se hizo esperar. Erika Guevara Rosas, directiva de Amnistía Internacional, calificó la medida como una escalada deliberada y un ataque a la humanidad:
«Bloquear ayuda vital mientras la población civil se enfrenta al hambre, las enfermedades y los bombardeos es una flagrante violación del Derecho Internacional y un castigo colectivo de escala catastrófica».
Finalmente, diversas agencias de la ONU han solicitado el levantamiento inmediato de estas restricciones, advirtiendo que la labor de estas 37 organizaciones es insustituible para la supervivencia de miles de civiles en la zona de conflicto.
Fuente: Infobae