La nación colombiana se encamina hacia el año 2026 bajo una tormenta financiera de proporciones considerables. El Gobierno de Gustavo Petro atraviesa la etapa final de su mandato en medio de un déficit fiscal sin precedentes, un presupuesto nacional desfinanciado y una emisión de deuda pública que ha encendido las alarmas en los mercados internacionales.
Esta compleja coyuntura, marcada por la reciente declaratoria de emergencia económica, ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las medidas adoptadas, mientras la incertidumbre política crece ante la cercanía de las próximas elecciones presidenciales en el país vecino.
Raíces de la crisis y desequilibrio en las cuentas
Las finanzas públicas de Colombia se encuentran en una zona de alto riesgo. Aunque la actual administración heredó compromisos derivados de la pandemia, la implementación de políticas sociales expansivas ha incrementado drásticamente las obligaciones del Estado. Pese a los intentos de fortalecer el recaudo mediante una reforma tributaria en 2023, los resultados no cumplieron las expectativas gubernamentales.
Hacia el cierre de 2024, el déficit fiscal escaló al 6,7% del PIB. Las proyecciones para 2025 son aún más preocupantes, con un desequilibrio estimado del 7,1% del PIB, una cifra que solo encuentra comparación con los momentos más críticos de la crisis sanitaria global. Este escenario obligó al Ejecutivo a buscar fuentes de financiación urgentes mediante decretos de excepción.
Impuestos de emergencia y la ruta del recaudo
Ante el fracaso de los proyectos de reforma en el Legislativo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó la situación como crítica y oficializó la emergencia económica a través del decreto 1390. El objetivo principal es cubrir un vacío de 16,3 billones de pesos que no se pudieron obtener por la vía ordinaria.
Las medidas impositivas bajo este estado de excepción incluyen ajustes severos que impactarán a diversos sectores:
| Medida Fiscal | Descripción del Cambio | Recaudo Proyectado |
|---|---|---|
| Impuesto al Patrimonio | Reducción del umbral de 3.600 a 2.000 millones de pesos. | 1,7 billones |
| Sobretasa Financiera | Incremento del 5% al 15% en renta para el sector bancario. | 1,2 billones |
| Normalización de Activos | Reactivación del esquema para capitales no declarados. | 613.600 millones |
Para paliar la falta de liquidez, el Ministerio de Hacienda ejecutó una operación financiera sin precedentes el pasado 19 de diciembre: la emisión de títulos de tesorería (TES) por 23 billones de pesos. Esta venta directa a la gestora Pimco, con tasas cercanas al 13%, ha generado suspicacias en el sector financiero por la falta de transparencia y el elevado costo que representará para la economía colombiana a largo plazo.
Cuestionamientos legales y riesgos institucionales
La decisión de recurrir a la emergencia económica ha encontrado una férrea oposición entre constitucionalistas y exministros. El argumento principal es que la crisis fiscal no es un «hecho sobreviniente», sino una situación previsible derivada de factores estructurales y del manejo del gasto público.
“Se sabía que los impuestos no alcanzarían para cubrir el Presupuesto General. Es posible que el Gobierno obtenga recursos mientras la Corte analiza los decretos, pero la validez legal de estas medidas está en entredicho”, señalan analistas jurídicos.
La Corte Constitucional deberá definir el futuro de estos decretos, pero la vacancia judicial pospone cualquier decisión hasta mediados de enero, manteniendo al país en un limbo jurídico. Mientras tanto, instituciones como la Contraloría General insisten en que la única salida responsable es un recorte severo del gasto.
En última instancia, el Gobierno de Petro parece estar trasladando la resolución de este rompecabezas financiero al próximo gabinete que asuma el 7 de agosto de 2026, dejando un legado de fuertes presiones económicas y una deuda interna que limita cualquier margen de maniobra futura.
Fuente: Infobae