La Contraloría General del Estado aprobó un informe general de auditoría (No. DPA-0066-2025) relacionado con el examen especial en la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (Etapa EP).
En el mismo informe se analizaron los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación y valoración de cargos, reclutamiento, selección y contratación del personal, evaluación de desempeño, inducción, formación, capacitación y el pago de remuneraciones, entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.
Con base en los hallazgos, la auditoría determinó indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades administrativas por $ 88.000 y civiles por $ 107.031,23.
Incumplimiento de recomendaciones previas
La Contraloría detalló que esta auditoría comprendió el seguimiento al cumplimiento de seis recomendaciones en un informe anterior (DPA-0002-2023). Según el análisis, dos de las recomendaciones no se cumplieron debido a que no se dispusieron acciones de seguimiento y coordinación entre las áreas de Gerencia General y Gestión de Talento Humano.
Aquello derivó en que, a la fecha de corte del examen especial, no se recuperaron los valores pagados en “exceso” por concepto del decimotercer sueldo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. De esa manera, se mantiene el saldo pendiente de recuperar por $ 245.501,84.
Irregularidades en contratación y pagos
Además, la auditoría observó que la creación del cargo de coordinador de infraestructura y proyectos corporativos en junio de 2023 se realizó sin el debido sustento técnico y sin considerar la normativa interna de talento humano, dejando “expuesta a la empresa a posibles acciones judiciales”.
La Contraloría también detalló que la designación de un servidor en un cargo de libre nombramiento y remoción como “coordinador de infraestructura y proyectos corporativos” se hizo estando inhabilitado por el parentesco, en primer grado de afinidad, con un concejal del cantón.
Aquello derivó en el pago al servidor de un valor de $ 107.031,23 entre el 3 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2025, sin que ese valor se haya reintegrado a la empresa.
En el análisis de la Contraloría también se detallan la falta de acciones de cobro, pagos en exceso a servidores y ausencia de un registro contable.
“Por lo que, a la fecha de corte del examen, se mantienen valores pendientes de cobro de años anteriores por un valor de $ 245.501,84, afectando los principios de transparencia, confiabilidad y eficiencia en el uso de recursos públicos”.
Otras faltas detectadas
Además, la Contraloría detectó que cinco servidores presentaron de manera extemporánea y 24 no presentaron las declaraciones patrimoniales juradas.
En ese sentido, según la entidad, no se dio cumplimiento a la disposición emitida por el contralor general de Estado subrogante, a través del oficio circular 037-CG-2024 del 8 de julio de 2024, lo cual implicó que no se garantizara la idoneidad del personal en el cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia en el servicio público.
Además, la auditoría determinó que no se aplicaron procedimientos administrativos para la determinación, compensación y recuperación por jornadas laborales suspendidas. Por ahora se mantienen valores pendientes de cobro de servidores desvinculados por $ 26.906 y no se cuenta con la recuperación integral por este concepto.
Entre otros elementos, la Contraloría también detectó la falta de procesos de reclutamiento y selección de personal en Etapa EP, ya que no hubo supervisión ni control en la ejecución de estos procesos, ni se aplicó la normativa institucional, causando el ingreso de servidores sin cumplir los procesos formales de selección.
“La actualización de descriptivos funcionales y perfiles de cargo se realizó sin sustento técnico y sin el cumplimiento de los procedimientos internos de talento humano”, expuso la entidad.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, rechazó el criterio “inconstitucional” del órgano de control donde se pidió que los funcionarios devuelvan sus sueldos. Dispuso que se apele a la justicia sobre dicho pedido de los auditores.
“En mi administración nadie les va a pedir resarcir nada de sus sueldos bien ganados, tranquilidad a todos esos funcionarios, y he dispuesto la empresa les defienda a todos ellos”, indicó en la red social X.
En torno a la modificación del orgánico funcional, Zamora apuntó: “Nosotros veremos qué cargos se crean o se eliminan, aquí somos autónomos y no permitiremos injerencia de nadie”.
Además, al gerente solicitó un nuevo análisis y la debida creación o eliminación de cargos que correspondan como administradores de la institución.
fuente: El universo