El 2025 se consolidó como uno de los años más convulsos de la política ecuatoriana. El país atravesó un calendario cargado de elecciones, una creciente confrontación entre fuerzas políticas, un paro nacional y una consulta popular que terminó con una derrota contundente para el Gobierno de Daniel Noboa. Todos estos episodios configuraron un escenario de fuerte polarización y desgaste institucional.
Primera vuelta electoral: Daniel Noboa y Luisa González a segunda vuelta
Tras las elecciones generales del 9 de febrero de 2025, el mapa político quedó prácticamente dividido en dos grandes bloques. Al estilo de los sistemas bipartidistas, como el de Estados Unidos, en Ecuador se consolidaron dos frentes dominantes: el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC).
Daniel Noboa, en su doble rol de candidato y presidente en funciones, alcanzó el 44,17% de los votos, lo que representó cerca de 4,52 millones de sufragios. Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, obtuvo el 44%, con aproximadamente 4,51 millones de votos, según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). El 11,86% restante se distribuyó entre otros 14 candidatos presidenciales.
En esa primera vuelta, el clivaje territorial también quedó marcado con claridad. Con excepción de Imbabura, la región Sierra se inclinó mayoritariamente por Noboa, mientras que todas las provincias de la Costa respaldaron a González, precisamente donde se concentra la mayor parte de la población. En la Amazonía, la candidata de RC se impuso en las provincias más pobladas, como Sucumbíos y Orellana, mientras que el oficialismo ganó en el resto de la región.
Esa división también se reflejó en la Asamblea Nacional. ADN y RC obtuvieron el mayor número de curules, configurando dos bloques enfrentados. Meses después, el oficialismo logró consolidar una mayoría legislativa tras sumar el respaldo de Pachakutik, el Partido Social Cristiano y asambleístas independientes. Así conformó una ‘aplanadora parlamentaria’ que limitó el control político desde la oposición.
Segunda vuelta electoral: Noboa triunfó en medio de polémicas acciones
Con este escenario, Noboa y González avanzaron a la segunda vuelta en abril de 2025, en un proceso electoral rodeado de controversias. El presidente-candidato realizó campaña sin solicitar licencia, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Noboa sostuvo que pedir autorización a la Asamblea era inviable, al considerar que el Parlamento estaba dominado, en ese entonces, por la fuerza política de su contendora.
Durante ese periodo, el mandatario también mantuvo apartada a la vicepresidenta Verónica Abad y evitó delegarle la Presidencia en los días en que realizaba actividades proselitistas. En su lugar, designó por decreto a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, como “vicepresidenta encargada”. Esa decisión fue posteriormente declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
En medio de denuncias sobre presuntas irregularidades electorales, el Gobierno impulsó una medida inédita para la segunda vuelta: la prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante la votación. El argumento fue evitar extorsiones y la fotografía del voto como prueba. El CNE no solo acogió el pedido, sino que extendió la restricción al escrutinio, con excepción del jefe de mesa. El incumplimiento de esta disposición ocasionó multas de hasta USD 32.900.
Finalmente, con el 100% de actas escrutadas, Daniel Noboa se impuso en la segunda vuelta con el 55,63% de los votos, frente al 44,37% obtenido por Luisa González. Así aseguró la Presidencia para el periodo 2025-2029.
Los resultados confirmaron las tendencias regionales de la primera vuelta, aunque con una ampliación de la ventaja oficialista en la Sierra y la Amazonía. En provincias como Pichincha, Noboa superó el 60% y en Pastaza alcanzó el 76%, mientras que el respaldo a González en la Costa fue más estrecho, como en Esmeraldas, donde obtuvo el 51%.
Paro nacional: la gestión de Noboa fue deteriorándose con el tiempo
Pese a la victoria electoral, la gestión de Noboa comenzó a deteriorarse con el paso de los meses. La inseguridad, la crisis en el sistema de salud, una política de “mano dura” errática, presuntas irregularidades administrativas, contratos con empresas extranjeras sin resolverse y el bloqueo del control político desde el Legislativo marcaron su administración.
En septiembre, el Ejecutivo eliminó el subsidio al diésel, lo que elevó su precio de USD 1,80 a USD 2,80 y detonó una nueva ola de protestas.
Entre septiembre y octubre de 2025, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó un paro nacional que se extendió por 31 días. El saldo fue crítico:
- Tres personas fallecidas
- Cientos de heridos
- Numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Así lo concluyó el informe presentado el 12 de noviembre por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
Cifras que dejaron las manifestaciones
El documento validó 391 reportes de posibles vulneraciones, concentradas principalmente en provincias con alta presencia indígena como Imbabura y Pichincha. En total, 473 personas resultaron heridas, de las cuales el 88% se registró en Imbabura. El informe confirmó dos muertes atribuibles a fuerzas estatales:
- Efraín Fuérez, quien recibió un disparo por la espalda el 28 de septiembre
- José Guamán, impactado en el pecho por un proyectil el 15 de octubre.
- La Conaie reportó una tercera víctima: Rosa Elena Paqui.
Asimismo, se documentaron 206 detenciones, aunque las cifras oficiales presentaron inconsistencias. La Defensoría del Pueblo reportó 140 arrestos, mientras que el Ministerio del Interior informó de 142. El informe advirtió sobre un patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones temporales.
El derecho a la integridad personal fue el más vulnerado, con 155 reportes, seguido del derecho a la protesta, con 84, y de la libertad personal, con 44. En el 75% de los casos, las denuncias apuntaron directamente a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Se documentó el uso de armamento letal, como fusiles y carabinas calibre 12, además de gases lacrimógenos disparados directamente al cuerpo o al rostro de los manifestantes.
De igual modo, el informe cuestionó el uso de los llamados “convoyes humanitarios”, que habrían servido como cobertura para operativos militares, especialmente en Imbabura. Estos no cumplían los estándares internacionales de neutralidad establecidos por la Cruz Roja.
Consecuencias: derrota del Gobierno en las cuatro preguntas de la consulta popular 2025
Este clima de conflictividad social y desgaste político tuvo un impacto directo en la consulta popular y el referéndum de 2025. El escrutinio concluyó el 21 de noviembre y confirmó un revés contundente para el Gobierno, tras la votación del domingo 16 de noviembre.
El CNE ratificó la victoria del No en las cuatro preguntas planteadas por Noboa.
- En la consulta sobre bases militares extranjeras, el No alcanzó el 60,82%.
- En la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, el 58,3% se pronunció en contra.
- La reducción del número de asambleístas fue rechazada con el 53,71%
- La propuesta de instalar una Asamblea Constituyente obtuvo un No del 61,8%.
En provincias como Imbabura, epicentro de las protestas, y Santa Elena, lugar de residencia del presidente, el rechazo fue contundente. Lo mismo ocurrió en Sucumbíos, Manabí, Los Ríos y Orellana. Este resultado profundizó la crisis política del Ejecutivo: derivó en la renuncia de varios ministros, en la ausencia prolongada del mandatario por viajes al exterior y en una pérdida progresiva de respaldo en el Parlamento.
Así, el 2025 cerró como un año marcado por la polarización extrema, el conflicto social y una derrota política que condiciona el futuro inmediato del Gobierno.
Radio Pichincha