Durante 2025, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mantuvo una confrontación sostenida con el Gobierno del presidente Daniel Noboa, a quien acusó reiteradamente de utilizar el aparato estatal y judicial para perseguirlo por su postura crítica y su condición de opositor.
El conflicto se intensificó en febrero, cuando la Fiscalía solicitó vincularlo al denominado caso Triple A, por presunto tráfico de combustibles.
Álvarez reaccionó en redes sociales calificando la decisión como una represalia política:
En ese mismo mensaje, el alcalde acusó directamente al entonces ministro de Gobierno, José de la Gasca:
Desde el Ejecutivo se rechazaron estas afirmaciones. De la Gasca sostuvo que el Gobierno no interviene en la Función Judicial y que su interés es evitar la impunidad.
Sin embargo, Álvarez respondió con nuevos mensajes:
En julio, el alcalde protagonizó un nuevo cruce con la entonces gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, luego de invitarla a una reunión por la situación de seguridad en la Bahía.
Rovira rechazó el encuentro y publicó mensajes responsabilizando al Municipio. Álvarez respondió señalando que el Gobierno evade su responsabilidad en materia de seguridad.
En una entrevista posterior, De la Gasca afirmó que la seguridad “es un problema de todos”, a lo que Álvarez replicó que el Ejecutivo pretende trasladar su fracaso a los gobiernos locales.
Contratación pública y el Sercop
Otro eje central del enfrentamiento fue la contratación pública.
Durante el segundo semestre, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió y bloqueó decenas de procesos del Municipio de Guayaquil, incluidos contratos para eventos, publicidad y proyectos culturales.
Álvarez calificó estas decisiones como un ataque político a la autonomía municipal:
Radio Pichincha