En un nuevo e intenso capítulo del litigio internacional por la expropiación de la petrolera YPF, la justicia de los Estados Unidos ha emitido una orden contundente contra el Estado argentino. La jueza Loretta Preska determinó que el país debe proporcionar, de carácter obligatorio, las comunicaciones oficiales y privadas (correos electrónicos y chats) gestionadas en dispositivos personales por funcionarios actuales y anteriores.
La magistrada ha establecido un plazo perentorio que vence el próximo 30 de octubre. Esta medida alcanza específicamente a los dos últimos titulares de la cartera de Economía: Sergio Massa, quien fungió durante el gobierno de Alberto Fernández, y el actual ministro Luis Caputo.
Un golpe a la defensa argentina
La representación legal argentina intentó bloquear esta entrega argumentando la dificultad de recolectar datos de dispositivos privados y apelando a la protección de la privacidad bajo el artículo 14 de su Constitución. No obstante, la jueza Preska desestimó estos argumentos, exigiendo la transparencia total de las «off-channel communications» o comunicaciones fuera de canales oficiales.
El trasfondo de esta solicitud es el proceso conocido como discovery del alter ego. Con esto, el fondo Burford Capital —principal beneficiario de un fallo que ya supera los USD 18.000 millones sumando intereses— busca demostrar que no existe separación real entre las decisiones del Estado argentino y el manejo de la petrolera YPF.
«La jueza obligó a Argentina a entregar registros de WhatsApp y correos de actos gubernamentales realizados por funcionarios. Si no se cumple, el tribunal podría dictar desacato», advierten especialistas del sector.
Detalles clave del proceso judicial
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Monto de Condena | Más de USD 16.000 millones (original) |
| Plazo Límite | 30 de octubre de 2024 |
| Funcionarios Implicados | Luis Caputo y Sergio Massa |
| Riesgo Legal | Sanciones por desacato judicial |
Durante la audiencia reciente, se presentaron pruebas que incluyen declaraciones públicas donde el propio Presidente de Argentina y el titular del Banco Central admiten el uso de plataformas de mensajería no oficiales para tratar asuntos de Estado. Aunque la defensa insiste en que los temas gubernamentales se conducen por vías formales, la jueza ha sido clara: la cooperación es obligatoria y el tiempo se agota para la nación sudamericana.
Fuente: Infobae