En medio de una situación económica crítica en Colombia, el congresista Andrés Forero, integrante del Centro Democrático, ha puesto bajo la lupa un polémico contrato del Sistema de Medios Públicos (RTVC). Según la denuncia, se adjudicaron más de 2.863 millones de pesos a la empresa Performa S.A.S., un gasto que ha desatado una fuerte controversia debido a la reciente declaratoria de emergencia económica en el país.
La oposición no ha tardado en reaccionar, calificando las medidas impositivas del Ejecutivo como inconstitucionales. Este debate surge en un momento donde el Congreso de la República y la Corte Constitucional se preparan para examinar con lupa la legalidad de la emergencia declarada por el mandatario Gustavo Petro, la cual busca imponer nuevos tributos vía decreto.
Detalles del contrato de la discordia
El acuerdo contractual, suscrito el 15 de diciembre de 2025, llama la atención no solo por su valor, sino por su extrema brevedad. En apenas 16 días, la empresa contratista debe ejecutar un proyecto de experiencia inmersiva que incluye tecnología de punta y artes escénicas.
A continuación, presentamos los datos clave de esta contratación que ha generado indignación en diversos sectores políticos:
| Rubro | Especificación |
|---|---|
| Valor total | $2.863.600.000 COP |
| Vigencia | 16 días |
| Objetivo | Creación de experiencia inmersiva, arte digital y museografía histórica. |
Para el legislador Forero, este gasto representa un despilfarro descarado de recursos públicos. «A estos derrochones se les cae la careta. ¡Quieren caja para las elecciones!», sentenció el congresista al cuestionar la prioridad del gasto en momentos de restricción estatal.
El origen de la crisis y la falta de presupuesto
El Gobierno Nacional ha justificado la declaratoria de emergencia basándose en la falta de aprobación de leyes de financiamiento clave en el Legislativo. El déficit proyectado que el Ejecutivo intenta cubrir es alarmante:
- Vigencia 2025: 12 billones de pesos faltantes.
- Vigencia 2026: 16,3 billones de pesos faltantes.
A pesar del compromiso oficial con la sostenibilidad fiscal y la garantía de derechos fundamentales como la salud, las críticas persisten. El ajuste recaerá sobre personas naturales y jurídicas con mayor capacidad de pago, además de nuevos impuestos destinados a corregir externalidades ambientales.
Ofensiva legal contra el decreto de Petro
La batalla ahora se traslada a los estrados judiciales. Importantes líderes de la oposición han iniciado acciones legales para frenar la implementación de este estado de excepción.
La senadora María Fernanda Cabal fue enfática al presentar su demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional:
«La emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. Es el turno para que la Corte proteja la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos.»
A esta iniciativa se han sumado figuras como el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el jurista Germán Calderón España, quienes no solo solicitan que el decreto sea declarado nulo, sino que se aplique una suspensión provisional inmediata.
Fuente: Infobae