La administración colombiana ha sacudido el panorama económico regional al oficializar el Decreto 1390, declarando un estado de emergencia económica y social por un periodo inicial de 30 días. Esta movida del Ministerio de Hacienda surge tras la negativa del Congreso de aprobar fondos por $12 billones para el 2025 y más de $16 billones para el 2026, dejando al Estado en una supuesta «incapacidad material» para cubrir servicios básicos como salud y subsidios.
El Ejecutivo justifica esta medida extraordinaria argumentando que la falta de aprobación de los proyectos de financiación pone en riesgo derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales. Sin embargo, este movimiento ha encendido las alarmas en el sector privado, que ve en el decreto una forma de evadir el control legislativo.
Cuestionamiento gremial y la crisis de la deuda
Los principales líderes empresariales han rechazado unánimemente la medida. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, denunció que la deuda pública ha escalado de forma alarmante bajo la actual gestión, pasando de cifras moderadas a un incremento del 46% en poco más de tres años.
| Periodo | Monto de la Deuda (Billones COP) |
|---|---|
| Agosto 2022 | $804 |
| Marzo 2024 | $887 |
| Octubre 2025 | $1.180 |
Para Mac Master, esta declaratoria es un «regalo de Navidad» amargo para los ciudadanos, ya que implicará una carga impositiva de $16 billones que no contaron con el respaldo del Congreso. Según el dirigente, las razones invocadas no cumplen con los requisitos constitucionales para un estado de excepción.
Impacto directo en el bolsillo: Créditos más caros
El sector bancario, representado por Asobancaria, ha expresado una profunda preocupación técnica. Jonathan Malagón, titular del gremio, advirtió que la medida contempla una sobretasa al impuesto de renta que podría alcanzar el 50% para las entidades financieras. Esto colocaría a Colombia en una posición de bajísima competitividad global.
Las consecuencias para el ciudadano común serían inmediatas:
- Créditos de vivienda: Mayor dificultad de acceso y cuotas más elevadas.
- Financiación estudiantil: El encarecimiento del crédito limitará las oportunidades educativas.
- Inversión privada: Se prevé un desestímulo generalizado que afectará el crecimiento a largo plazo.
Debate sobre la legalidad del Decreto 1390
Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture fue tajante al señalar que los problemas estructurales y la falta de pericia política no pueden catalogarse como una «emergencia sobreviniente».
«Una derrota en el Congreso no es una emergencia, es democracia. El gobierno pretende llamar emergencia a problemas que eran totalmente previsibles».
Por otro lado, el gremio de los comerciantes (Fenalco), liderado por Jaime Cabal, ha solicitado a la Corte Constitucional una revisión urgente y celeridad en su pronunciamiento, calificando el decreto como un mecanismo para sustituir al Legislativo sin debate democrático previo.
Finalmente, el sector de la construcción a través de Camacol, bajo la dirección de Guillermo Herrera, advirtió que esta incertidumbre jurídica frenará proyectos de infraestructura vitales. Según la entidad, el país ya cuenta con herramientas como el recorte del gasto público para manejar el déficit, sin necesidad de recurrir a medidas que golpean la confianza empresarial y la seguridad jurídica del país.
Fuente: Infobae