El panorama político y financiero en Colombia ha dado un giro radical. El presidente Gustavo Petro ha formalizado la declaratoria de Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, una medida extrema que surge tras el rechazo de su reforma tributaria en el Congreso. A través del Decreto 1390, el Ejecutivo advierte sobre una “situación grave e inminente” que pone en riesgo la estabilidad fiscal y la garantía de derechos fundamentales.
Un vacío fiscal de 16,3 billones de pesos
Esta declaratoria, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, otorga al Ejecutivo la facultad de emitir decretos legislativos con fuerza de ley. El objetivo primordial es solventar el hueco financiero de $16,3 billones que dejó la no aprobación de la reforma, recursos que eran vitales para el Presupuesto General de la Nación de 2026.
“El Estado se encuentra en incapacidad de garantizar el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”
El Gobierno argumenta que el archivo de la propuesta tributaria no es un evento aislado, sino el detonante de una crisis acumulada por gastos rígidos que no pueden ser recortados sin afectar directamente a la ciudadanía colombiana.
Los factores de la crisis
Para sustentar esta medida excepcional, el Ejecutivo detalló una serie de presiones financieras que asfixian el presupuesto actual. A continuación, se detallan las cifras y causas más críticas:
| Concepto de Presión Fiscal | Impacto Estimado |
|---|---|
| Obligaciones contractuales vencidas | $5,1 billones |
| Deudas con víctimas del conflicto | $1,6 billones |
| Sentencias judiciales pendientes | $1,5 billones |
| Recaudación fallida de reforma | $16,3 billones |
Además de estas cifras, el Decreto 1390 menciona otros factores determinantes como el alto costo del sistema de salud (UPC), los subsidios eléctricos en zonas vulnerables, los estragos de la ola invernal y la inseguridad que afecta a líderes sociales.
Nuevos impuestos en el horizonte
Con los poderes excepcionales, el Gobierno de Gustavo Petro priorizará la creación de tributos dirigidos a sectores con mayor capacidad económica. Se evalúan las siguientes medidas:
- Ajustes al IVA: Revisión de tarifas diferenciales y posibles incrementos en bienes específicos.
- Impuesto al Patrimonio: Un esquema más progresivo para personas naturales de altos ingresos.
- Sector Financiero: Incremento en la carga tributaria para los bancos.
- Impuestos Saludables: Alzas para el consumo de licores, cigarrillos y dispositivos de vapeo.
Control y vigilancia legal
Pese a la autonomía temporal que adquiere el Presidente de la República, todas las medidas adoptadas bajo la emergencia deberán pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Este organismo tendrá la última palabra sobre la legalidad de los decretos, mientras que el Congreso mantendrá sus funciones de control político sobre las acciones del Ejecutivo durante este periodo de excepción.
Fuente: Infobae