En una decisión que busca frenar la escalada de violencia, el Ejecutivo de Perú ha oficializado la prórroga del estado de emergencia por 30 días adicionales en las regiones de Lima y el Callao. Esta medida extraordinaria otorga facultades especiales a las fuerzas del orden para intervenir ante la persistente inseguridad ciudadana.
Bajo este marco normativo, diversos derechos fundamentales quedan limitados para la población, con el objetivo de facilitar las labores de inteligencia y operatividad de la Policía Nacional del Perú (PNP), que cuenta con el soporte táctico de las Fuerzas Armadas. Las restricciones principales se detallan a continuación:
| Derecho Restringido | Alcance de la Medida |
|---|---|
| Inviolabilidad de domicilio | Las autoridades pueden ingresar a predios sin orden judicial previa bajo sospecha de delito. |
| Libertad de tránsito | Movilización limitada en horarios o zonas específicas según la necesidad operativa. |
| Libertad de reunión | Eventos masivos requieren autorización previa y supervisión de seguridad. |
Control estricto sobre eventos y protestas
La normativa establece que cualquier actividad que convoque a una gran cantidad de personas —ya sea de carácter deportivo, cultural o religioso— deberá ser visada previamente por las autoridades correspondientes. Esta disposición tiene un impacto directo en las manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos, que quedan bajo el escrutinio de las fuerzas de seguridad durante el tiempo que dure la excepción.
“Es un deber primordial del Estado garantizar los Derechos Humanos, proteger a la población ante amenazas contra su seguridad y velar por el bienestar general”, señala el argumento oficial para mantener el despliegue militar en las calles.
Perspectivas y críticas a la medida
A pesar del despliegue masivo de patrullaje y vigilancia, la efectividad de la medida es objeto de debate. Sectores de la oposición y colectivos civiles han expresado su preocupación, sosteniendo que la militarización del espacio público no ha logrado reducir drásticamente los índices de homicidios y extorsiones. Reportes recientes sugieren que el crimen organizado ha mutado, utilizando con mayor frecuencia herramientas digitales y redes sociales para amedrentar a transportistas y comerciantes.
El contexto político también es un factor clave, tras la transición de mando que llevó a José Jerí al poder. La administración actual sostiene que estas medidas son indispensables para desarticular a las mafias que operan en los sectores con mayor densidad poblacional del país.
Finalmente, una vez que concluya este nuevo plazo de un mes, las instituciones de seguridad tendrán un máximo de cinco días hábiles para entregar un informe detallado sobre los resultados operativos. Este documento será fundamental para que el Gobierno decida si la estrategia de control debe continuar o si se requieren nuevas políticas públicas para enfrentar la crisis delictiva.
Fuente: Infobae