Golpe judicial al gabinete de Gustavo Petro
La justicia de Colombia ha tomado una decisión drástica que sacude el panorama político regional. El Tribunal Superior de Bogotá dictó la prisión preventiva inmediata para los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior). Ambos exfuncionarios son señalados como los cabecillas de una red criminal que habría utilizado fondos del erario público para sobornar a legisladores y asegurar la aprobación de proyectos gubernamentales.
Desvío millonario de fondos estratégicos
El esquema de corrupción bajo investigación involucra una cifra alarmante: más de 612.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 135 millones de euros). Estos recursos, originalmente destinados a la mejora de la red vial y a la atención de desastres naturales, habrían sido desviados para obtener favores políticos en el Congreso.
| Institución Afectada | Impacto del Desvío |
|---|---|
| Instituto Nacional de Vías (Invías) | Fondos de 174 proyectos de infraestructura |
| Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) | Recursos de 5 proyectos de emergencia |
Graves cargos y riesgo de obstrucción a la justicia
Los delitos que enfrentan Bonilla y Velasco incluyen asociación para delinquir, cohecho y manejo indebido en la celebración de contratos. El tribunal fundamentó la medida de cárcel señalando que es indispensable para «garantizar la transparencia del proceso» y evitar que los procesados ejerzan presión sobre testigos o alteren pruebas clave en la investigación.
Las indagaciones de la fiscalía sugieren que durante el año 2023, los exministros utilizaron sus posiciones jerárquicas para manipular partidas presupuestarias. Este dinero funcionó como una moneda de cambio para asegurar votos favorables, comprometiendo seriamente la integridad de las políticas públicas y la gestión de riesgos a nivel nacional en Colombia.
«La magnitud de las evidencias y la operatividad identificada en el proceder de los imputados justifican la privación de libertad para proteger el patrimonio público», sentenció el tribunal.
El proceso judicial continuará con el análisis detallado de documentos financieros y testimonios que podrían revelar la participación de otros actores dentro de este entramado. Mientras tanto, la opinión pública sigue de cerca este caso que pone a prueba los mecanismos de control y lucha contra la corrupción estatal.
Fuente: Infobae