La justicia brasileña ha dado un nuevo giro en el caso del expresidente Jair Bolsonaro. El Supremo Tribunal Federal (STF), a través de su magistrado Alexandre de Moraes, ha dictaminado la inadmisibilidad de la apelación presentada por la defensa del exmandatario, quien buscaba anular la sentencia de 27 años de prisión. La decisión se basa en que para que este tipo de recurso proceda, se requieren al menos dos votos de los magistrados en contra de la condena, un umbral que no se alcanzó en esta ocasión, pues solo un juez se pronunció a favor de la absolución.
La estrategia legal de la defensa de Bolsonaro se centró en argumentar que el reglamento interno del STF permitía la revisión de fallos no unánimes y acusaron a la Sala Primera de haber infringido sus propias normas al denegar el recurso. Sin embargo, el juez De Moraes mantuvo su postura, enfatizando que la figura del “embargo infringente” es una medida de carácter excepcional, destinada a corregir decisiones divididas cuando hay una oposición significativa a la sentencia inicial.
Recordemos que Jair Bolsonaro, de 70 años, fue declarado culpable de integrar una “organización criminal”. Las investigaciones apuntan a que dicha estructura conspiró para mantener el “control autoritario del poder” tras su derrota electoral ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. Desde finales de noviembre pasado, el exmandatario, que ya se encontraba recluido en la sede de la Policía Federal en Brasilia, comenzó a cumplir la pena impuesta por este fallo.
Paralelamente, la defensa de Bolsonaro elevó una solicitud para que se le conceda el arresto domiciliario por motivos de salud. Se han mencionado secuelas del atentado que sufrió en 2018 y la necesidad de someterse a dos intervenciones quirúrgicas: una para tratar su recurrente hipo mediante un bloqueo anestésico del nervio frénico, y otra por una hernia inguinal. Una evaluación médica de la Policía Federal, ordenada por el propio juez Moraes, ha validado la pertinencia de ambas operaciones. Ahora, la decisión recae sobre el magistrado para autorizar el tratamiento y un posible traslado a un centro hospitalario en Brasilia.
El caso de Bolsonaro ha tenido eco en la esfera internacional, generando tensiones diplomáticas. La estrecha relación que el exmandatario mantenía con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó fricciones. Trump llegó a calificar la situación como una “caza de brujas” contra Bolsonaro e impuso aranceles a Brasil, medidas que fueron parcialmente revertidas tras un encuentro entre Trump y Lula en octubre.
En el frente legislativo interno, el Congreso brasileño, con una mayoría conservadora, recientemente aprobó una ley que habría reducido la pena de Bolsonaro a poco más de dos años. No obstante, el presidente Lula da Silva ha manifestado su intención de vetar esta norma. Sin embargo, el parlamento conserva la facultad de revertir dicho veto si se alcanza la mayoría de votos necesaria.
Fuente: Infobae