La Oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos ha levantado la voz nuevamente, dirigiendo un enérgico llamado a los grupos armados no estatales para que refuercen su compromiso con la población civil y acaten de manera inquebrantable el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las normativas de Derechos Humanos.
Este pronunciamiento surge tras una semana particularmente tensa, marcada por un paro armado convocado por el ELN y una serie de actos de violencia que sembraron el temor en diversas regiones del país. La información proviene directamente de la propia oficina del organismo internacional, que ha estado monitoreando de cerca la situación.
La entidad, a través de un comunicado oficial, recordó a los actores armados sus deberes fundamentales, entre los cuales destacan el estricto cumplimiento del principio de distinción —diferenciando entre combatientes y no combatientes—, la aplicación de la proporcionalidad en sus acciones y la adopción de medidas de precaución para salvaguardar a la población civil. El objetivo es claro: evitar ataques indiscriminados y agresiones contra quienes no participan activamente en las hostilidades.
En este contexto, la oficina subrayó: «Reiteramos nuestro llamado a los grupos armados no estatales para que respeten en todo tiempo y lugar a la población civil. Sus obligaciones son con el DIH y también con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos». La norma internacional debe ser la guía de todas sus operaciones.
El comunicado hizo hincapié en que las fuerzas armadas deben ajustar su comportamiento a estos principios para prevenir daños a las comunidades y a los bienes de carácter civil. Paralelamente, la oficina condenó enérgicamente todos los ataques perpetrados por estructuras armadas no estatales que resulten en vulneraciones de derechos humanos, sin señalar responsabilidades específicas a ninguna organización en particular.
De forma paralela, ONU Derechos Humanos extendió una invitación al Estado colombiano para que cumpla cabalmente con su obligación de garantizar los derechos de sus ciudadanos, prevenir violaciones y proteger a la población civil en los territorios. En este sentido, se instó a la implementación integral y efectiva de la Política de Seguridad a nivel territorial, mediante acciones coordinadas que aborden los riesgos identificados en las diferentes regiones del país.
Las declaraciones se dan luego de que la oficina informara sobre un paro armado, atribuido a un grupo armado no estatal, que dejó una lamentable secuela de violencia. Según el reporte oficial, este episodio resultó en al menos una persona fallecida, identificada como el conductor de una ambulancia en el momento del ataque. Además, se documentaron 60 acciones de violencia e intimidación que afectaron a 48 municipios distribuidos en 13 departamentos del territorio nacional.
Entre los hechos registrados se encuentran ataques armados, la incineración de vehículos y peajes, así como bloqueos viales provocados por la instalación de aparentes artefactos explosivos. También se reportaron amenazas a la población y severas restricciones a la movilidad terrestre y fluvial, lo que generó significativas afectaciones a la circulación de personas, al transporte de mercancías y a la prestación de servicios esenciales en diversas zonas.
La oficina explicó que este tipo de dinámicas violentas intensifican los riesgos para las comunidades, tanto rurales como urbanas, así como para las misiones humanitarias y el personal de salud, un hecho trágicamente evidenciado con el deceso del conductor de la ambulancia. Por ello, se reiteró la imperiosa necesidad de que todos los actores armados respeten la misión médica y las actividades humanitarias, conforme a las normativas internacionales vigentes.
En cuanto al rol institucional, el organismo recordó que el Estado posee la responsabilidad inherente de prevenir violaciones, proteger a la población civil y garantizar el acceso a derechos fundamentales en contextos de conflicto y violencia armada. El mensaje enfatizó la importancia de adoptar medidas de seguridad con un enfoque territorial, adaptadas a las dinámicas locales y con la activa participación de las comunidades afectadas.
La comunicación también insistió en que la respuesta por parte del Estado debe articularse con políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia y fortalezcan la presencia institucional en los territorios. En este punto, ONU Derechos Humanos reafirmó su total disposición a brindar acompañamiento técnico en los esfuerzos orientados a la protección de civiles y al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Este pronunciamiento fue divulgado por ONU Derechos Humanos Colombia a través de su cuenta oficial en la red social X, donde se detallaron los hechos ocurridos y se reafirmaron los llamados tanto a los grupos armados no estatales como a las autoridades competentes. La oficina anunció que continuará monitoreando la situación y documentando cualquier posible afectación a la población civil en el marco de estos eventos.
A lo largo de su comunicado, el organismo mantuvo un énfasis constante en la protección inalienable de los civiles, el respeto irrestricto por el DIH, la necesidad imperiosa de prevenir ataques indiscriminados y la crucial implementación de políticas de seguridad que respondan de manera efectiva a los complejos contextos territoriales.
Fuente: Infobae