Una organización no gubernamental ha encendido las alarmas sobre la precaria condición de salud que atraviesan 91 personas consideradas presos políticos en Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha reportado un severo «deterioro físico progresivo» entre estos individuos, calificando la situación como una forma de «violencia estructural» ejercida por el Estado.
Según detalló Martha Tineo, abogada y líder de la JEP, la gravedad de los padecimientos es alarmante. Se han identificado al menos 8 casos de cáncer en etapas avanzadas, con diagnósticos que incluyen adenocarcinoma de próstata, cáncer pulmonar, linfoma no Hodgkin, sarcomas y tumores cerebrales y pancreáticos. Además, más de 20 reclusos sufren de afecciones cardíacas severas, como síndromes coronarios agudos e insuficiencia cardíaca, sumado a casos de diabetes e insuficiencia renal crónica.
La falta de acceso a tratamientos adecuados y la ausencia de insumos básicos complican aún más el panorama. Tineo señaló que algunos detenidos presentan daño renal irreversible o infecciones urinarias recurrentes, requiriendo el uso constante de sondas urinarias. Sin embargo, la JEP denuncia que «a muchos no se las reciben o no tienen recursos para adquirirlas».
La organización ha hecho públicas sus denuncias a través de la red social X, señalando la «negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres» en los centros de reclusión venezolanos. La JEP enfatiza que este contexto representa una «violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal», y que el deterioro físico de los detenidos «no es un efecto colateral, sino una forma de violencia estructural».
La JEP asevera que «cuando el Estado convierte la enfermedad en castigo, y la negligencia en método, se configura un escenario de tortura silenciosa«, un acto que, según ellos, «exige una respuesta urgente desde los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos».
Las cifras de la JEP indican que actualmente existen 1.084 presos políticos en Venezuela. Esta cifra supera la reportada por el Foro Penal, otra importante organización en la defensa de estos detenidos, que contabiliza 893 casos. Por su parte, el gobierno venezolano niega la existencia de presos políticos, afirmando que todos los recluidos han cometido delitos comunes.
El comunicado de la JEP también resalta la presencia de 42 ciudadanos extranjeros y 49 con doble nacionalidad entre los detenidos por motivos políticos, lo que subraya «la extensión internacional del patrón represivo, así como el riesgo diplomático y humanitario».
Paralelamente, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha presentado informes preocupantes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Türk alertó que las Milicias Bolivarianas, vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro, estarían reclutando forzosamente a adolescentes.
Según la actualización de su informe, la situación en Venezuela no ha mejorado desde junio pasado, y persisten «graves restricciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión pacífica». A esto se suman «casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y una crisis socioeconómica severa».
El funcionario de la ONU también informó sobre la promulgación de nuevas leyes de emergencia en septiembre y noviembre, cuyos contenidos no han sido divulgados. Estas normativas, que otorgan al ejecutivo «competencias de emergencia ampliadas citando amenazas externas», imposibilitan el control independiente y dificultan su evaluación respecto al derecho internacional.
Volker Türk recalcó la «intensificación en la militarización de la vida pública en Venezuela», una tendencia que, según él, «aumenta el riesgo de violencia y restringe cada vez más el espacio cívico». Su oficina ha recibido reportes sobre el «alistamiento bajo coerción en las milicias bolivarianas«, afectando tanto a menores como a adultos mayores, una situación que considera «especialmente alarmante para el derecho internacional humanitario».
Fuente: Infobae