Los roces entre el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC) han escalado en las últimas horas con denuncias y acusaciones cruzadas que han trascendido la esfera política y se trasladan a la justicia y al campo electoral.
Legisladores de la RC acusan al oficialismo de obstruir los procesos de fiscalización e iniciar una persecución en contra de sus integrantes; mientras que desde ADN defienden que las denuncias contra el correísmo tienen base jurídica.
La pugna entre el oficialismo y la oposición se vive, casi a diario, en la Asamblea Nacional. Esta semana, por ejemplo, los legisladores de la bancada de Gobierno Mishel Mancheno, encargada de la coordinación, Ana Belén Tapia y Juan José Reyes anunciaron una serie de querellas y una denuncia contra Juan Andrés González, jefe de la bancada de la RC.
Mancheno dijo que los 66 asambleístas de ADN presentarán querellas contra González, por acusar al Gobierno de Daniel Noboa y a sus legisladores de terroristas. Mientras que Tapia interpuso una queja contra el mismo legislador por supuesto cobro de diezmos al excolaborador del asambleísta, quien, a decir de la oficialista, también habría recibido maltratos.
A esto se suma un intercambio de publicaciones y declaraciones de ambos bandos luego de la abstención del oficialismo, en la Comisión de Fiscalización, a la calificación del trámite de juicio político en contra del exministro de Salud Jimmy Martin, que presentaron asambleístas de la RC.
Esta ‘batalla’ entre oficialistas y correístas ha traspasado la arena legislativa.
El 11 de diciembre, el asambleísta Juan José Reyes (ADN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) también contra Juan Andrés González (RC) por divulgar información reservada de una paciente. El legislador del Gobierno lo señala por presuntamente haber incurrido en la difusión de información de circulación restringida, establecido en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En tanto que, este viernes, 12 de diciembre, se conoció que el asambleísta de la Revolución Ciudadana Christian Hernández presentó siete denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de los ministros Harold Burbano (Trabajo), Roberto Luque (Infraestructura y Transporte), Luis Alberto Jaramillo (Producción), Roberto Kury, (Telecomunicaciones), Zaida Rovira, (Desarrollo Humano), Inés Manzano (Ambiente y Energía) y Gian Carlo Loffredo (Defensa).
Hernández los acusa de haber “violado la prohibición de difundir opiniones en todo tipo de medios digitales, que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral, 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17:00 del sufragio”, a raíz del referéndum y consulta popular del pasado 16 de noviembre, lo que se configuraría en una posible infracción electoral.
¿Qué opinan los asambleístas de la RC y ADN?
Para Luis Fernando Molina, de la RC, hablar de denuncias cruzadas es limitar el debate a lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, pues repasa que el oficialismo ha respondido con acciones legislativas y judiciales ante el control político que se pretende hacer desde su bancada.
“Recuerde que hace unas semanas se inició un proceso de investigación a los que habíamos fiscalizado el hospital Baca Ortiz. Lo mismo ocurre en el caso del legislador Juan Andrés González. Es decir, el momento en el que hacen evidente el caso Porsche y se presentan nuevos indicios para una investigación en la Asamblea y en la Fiscalía, se responde con acciones judiciales”, observa Molina.
El legislador recalca que todo esto evidencia un blindaje desde el oficialismo al Gobierno de Daniel Noboa para evitar el control político.
“La Comisión de Fiscalización se ha convertido en una comisión de archivos. La bancada oficialista responde únicamente con persecución”, agrega.
En tanto que sobre la denuncia de su coideario a siete ministros, en el TCE, Luis Fernando Molina defiende que el legislador Hernández cumple con su función de poner en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral las alertas de “cómo se utilizaron las instituciones públicas y las cuentas oficiales de los ministerios para promover una opción electoral”.
Su compañero y jefe de bancada, Juan Andrés González, sostiene que la pugna no es entre la RC y ADN, sino entre el pueblo ecuatoriano, que se siente defraudado, y el Gobierno nacional.
El asambleísta por Loja dice que en el Ejecutivo hay “improvisación” y que «las persecuciones desde el oficialismo se inician cuando se les dice que tienen que fiscalizarse ellos mismos”. En tanto que sobre las acusaciones en su contra, González afirma que no tiene miedo y que no lo silenciarán.
“Nosotros como legisladores y como representantes del pueblo no lo defraudamos y trabajamos en puntos clave, como denunciar todas las irregularidades que genera este Gobierno y la poca capacidad de planificar. ¿Por qué no revisan el caso Porsche? ¿Por qué no dan la cara y dicen qué pasó realmente con las bombas en Guayaquil? ¿Por qué no investigan la compra de La Posta a cargo de Galamedios por 2,6 millones de dólares de Luis Alvarado, asambleísta suplente de ADN? Investigan a quiénes les están diciendo que investiguen. Ya me parece absurdo”, enfatizó Juan Andrés González.
El oficialismo, en cambio, defiende sus decisiones. Ana Belén Tapia e Inés Alarcón, legisladoras de ADN, sostienen que son las autoridades correspondientes las cuales deben determinar responsabilidades en caso de que existan.
“Nosotros presentamos denuncias con base jurídica sólida”, resalta Tapia, asambleísta de Napo, y precisa que sobre las denuncias en el TCE contra los ministros del Gabinete ministerial, “serán las autoridades las que determinen si lo presentado en el TCE cumple o no con la normativa, o se trata de otro show político”.
Por su parte, Inés Alarcón, representante de Pichincha, argumenta que las denuncias de la bancada ADN corresponden a hechos específicos que son de responsabilidad del asambleísta González y que las diferentes instancias deberán investigar.
“Hay aspectos sumamente graves como el posible cobro de diezmos a funcionarios legislativos, que ya parece ser una práctica común en esa organización política”, puntualiza Alarcón y recuerda un presunto caso similar de la asambleísta del correísmo Nuria Butiñá.
Respecto a la denuncia de Christian Hernández en el Contencioso Electoral, Inés Alarcón opina que esta acción “es una muestra más de su modus vivendi”.
“‘Fiscalizan’ a la carta, persiguen de acuerdo a sus propias agendas y órdenes desde Bélgica. Esa ha sido siempre su forma de actuar, porque no les interesa el país sino el ‘timing’ político, el show, la polémica», destaca.
La pugna entre ADN y RC se ‘alimenta’ con hechos recientes, como la suspensión de algunos procesos contractuales del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) a las alcaldías de Quito y Guayaquil, ante lo cual los alcaldes electos por la Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz y Aquiles Alvarez, acusaron de que se trata de una “obstrucción del Gobierno”; así como acontecimientos pasados, como las denuncias penales en contra de Aquiles Alvarez por funcionarios del Ejecutivo, por la presunta comercialización ilegal de combustibles, que derivó en el denominado caso Triple A, por el cual Alvarez porta un grillete electrónico.
Fuente: El Universo
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