La Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) anunció la prórroga del contrato con la empresa Telefónica (Movistar) de telefonía celular, que se terminaba el 30 de noviembre próximo. Así, a pocas horas de que termine el Gobierno de Guillermo Lasso y de que se realice el cambio de mando, se ha buscado dar un plazo más para que el contrato no finalice aún y así garantizar el servicio telefónico de la ciudadanía con esta empresa privada. La prórroga se firmó el 21 de noviembre, dijo Arcotel.
Lo propio ya había hecho la Arcotel con el contrato de Claro, el 22 de agosto pasado, cuatro días antes de que también feneciera el contrato con esa empresa.
Las prórrogas han sido necesarias, luego de que el Gobierno de Guillermo Lasso no terminara las negociaciones y más bien estas quedaran en suspenso por 120 días desde mayo pasado, sin aún haber definido los precios de las renovaciones de los contratos. En este sentido, la negociación queda en manos del gobierno entrante de Daniel Noboa.
De acuerdo con Arcotel, tras la firma de esta prórroga con Movistar, el Estado ecuatoriano continuará percibiendo los mismos valores establecidos en el Contrato de Concesión, en estricto cumplimiento de la normativa. También el plazo de la prórroga estará vigente hasta la suscripción del nuevo contrato a largo plazo, dijo la entidad.
Sobre el tema, Telefónica SA (con sus marcas comerciales registradas Movistar y Tuenti) reafirmó su compromiso de largo plazo con el Ecuador y hace público que se procedió a suscribir la prórroga de contrato de concesión. No obstante, en el corto plazo se deberán definir las condiciones del nuevo contrato de concesión.
“El nuevo contrato se sustenta en la normativa vigente y es una oportunidad para resolver, con el Gobierno Nacional, los retos que impone la conectividad de banda ancha y así maximizar los beneficios a los ciudadanos, a las empresas, al empleo y al impulso del crecimiento sostenido de la economía”, dijo la empresa.
Arcotel, por su parte, aclaró que este acto administrativo permitirá que las mesas de renegociación para la renovación del contrato de concesión continúen de manera adecuada y en beneficio de todos los ecuatorianos.
Entre los temas de discusión para el siguiente Gobierno, especialmente para el o la ministra de Telecomunicaciones (de quien aún no se conoce el nombre), está definir el precio de la concesión. Sin embargo, de acuerdo con expertos, la modalidad no debería ser “recaudatoria”, es decir que priorice los ingresos que deben llegar al Estado, sino más bien de mercado. Esto último significa, que el precio debe fijarse con respecto a lo que se está pagando en otras latitudes. Actualmente, ha habido operaciones en las cuales se negocia la calidad de servicio, ampliación de cobertura, pero no el tema recaudatorio.
Patricia Falconí, presidenta ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), comentó que con la ampliación de los plazos de los dos contratos, lo que le corresponde al nuevo Gobierno es retomar el proceso de renegociación, lo más pronto posible.
El tema dentro de las mesas de negociación el gobierno saliente no estableció un precio del espectro como tal, y por tanto esto debe señalar las autoridades para tener un proceso claro. Recuerda que hubo especulaciones del monto, pero indicó que la ley ya señala cómo debe ser el proceso de valoración y hay que ver la realidad del mercado del espectro.
Comenta que actualmente los estados han entiendo que el precio el modelo recaudatorio que generaba mayores ingresos a las cajas fiscales ha cambiado. La idea ahora es que haya más expansión de servicios, que los usuarios estén servidos con servicios de calidad y con tecnológica de punta. Entonces la idea es que el precio que se fija, en lugar de que vaya a recaudación de flujo de caja, se reciba a través de expansiones de servicio u obligaciones de hacer. (I)
