Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes aprobó el informe relativo al proceso de fiscalización sobre la falta de acción de la función judicial para investigar y sancionar los delitos contra la integridad sexual en contra de niñas, niños y adolescentes cometidos en instituciones públicas, privadas y en general.
Este proceso se inició tras la aprobación de la Resolución No. 001F-CEPPINNA-2025-2027 el 14 de julio de 2025, y contempló siete sesiones de trabajo en las que se recibieron aportes institucionales y de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en casos relacionados con violencia sexual.
Durante la elaboración del informe comparecieron, tanto de forma presencial como mediante informes escritos, representantes del Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación, Grupo de Rescate Escolar, Coalición de Lucha contra la Violencia en Espacios de Fe, y organizaciones que trabajan con víctimas de violencia clerical. En una sesión reservada también participaron personas afectadas por este tipo de delitos.
El informe aprobado recomienda fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción en casos de violencia sexual institucional. Entre ellas, se exhorta al Consejo de la Judicatura a implementar de manera prioritaria y sostenida programas de formación y actualización continua para juezas, jueces y operadores de justicia, incorporando obligatoriamente enfoques de género, derechos humanos y metodologías para la atención integral a víctimas. Asimismo, se recomienda dotar a las dependencias judiciales de mecanismos de protección física y tecnológica que salvaguarden la integridad de las víctimas durante las audiencias, garantizando que no exista contacto visual ni directo con los presuntos agresores, mediante el uso de videoconferencias u otros recursos disponibles.
También insta a la Fiscalía General del Estado a desarrollar un sistema de registro unificado e interoperable que permita cruzar información de manera efectiva con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, así como con otras entidades pertinentes, con el fin de realizar un seguimiento riguroso de las denuncias por delitos sexuales en contextos institucionales. Además, se exhorta a dicha institución a acelerar los procesos de selección y nombramiento para cubrir todas las vacantes de fiscales especializados en violencia de género y delitos contra la integridad sexual, garantizando así una atención oportuna y especializada en todo el territorio nacional.
Por otra parte, se recomienda al Ministerio de Educación y al Ministerio de Desarrollo Humano homologar sus sistemas de registro con las plataformas de la Función Judicial, permitiendo la trazabilidad completa de los casos desde la denuncia administrativa hasta la sentencia judicial.
El informe incluye además un llamado a la Asamblea Nacional para organizar mesas técnicas, talleres y seminarios que sensibilicen a autoridades, profesionales y sociedad civil sobre la violencia sexual institucional en Ecuador, incluyendo aquellos casos ocurridos en espacios de fe. Finalmente, se dispone que la Comisión de Niñez evalúe semestralmente las acciones adoptadas por las instituciones sujetas a este proceso de fiscalización y remita un informe al Pleno con los avances registrados en la prevención, atención y sanción de estos delitos.
La presidenta de la comisión, asambleísta Viviana Veloz, dispuso que el informe aprobado sea remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional y la Secretaría General para su debate en el Pleno del Parlamento.
MEV