Desde al menos seis instituciones y organizaciones internacionales se investigan, actualmente, los delitos y vulneraciones de derechos humanos registrados durante el paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en contra del Gobierno nacional, que se inició el 22 de septiembre y finalizó el 22 de octubre de este 2025.
La Fiscalía General del Estado (FGE), la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, la Contraloría General del Estado (CGE), la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrieron expedientes para investigar los diferentes casos registrados durante los 31 días de protestas, que tuvieron como epicentro a la provincia de Imbabura y el norte de Pichincha.
La Fiscalía, por ejemplo, inició 140 causas penales por hechos que podrían configurar delitos, como paralización de un servicio público (80), daño a bien ajeno (11), extralimitación en la ejecución de un acto de servicio (10), secuestro (8), terrorismo (7), robo (4), por incitación a discordia entre ciudadanos e instigación (3 cada uno); asociación ilícita, ataque o resistencia, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y paralización de un servicio de distribución de combustibles (2 casos cada delito).
Entre estos casos se encuentra el de las trece personas detenidas en Otavalo y acusadas por la Fiscalía de terrorismo por supuestamente haber sido parte del violento ataque a las instalaciones del Comando Policial de Otavalo, en Imbabura. A doce de ellos se les levantó la prisión preventiva y se defienden en libertad y uno permanece en la cárcel de Portoviejo.
En la Asamblea Nacional también se fiscalizan los hechos del paro. Comisiones como la de Garantías Constitucionales, Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la de Seguridad Integral y hasta un frente parlamentario iniciaron procesos de fiscalización, con pedidos de información y convocatoria de autoridades para esclarecer lo ocurrido durante las manifestaciones.
Aunque en el Legislativo, las mesas presididas por el oficialismo y por la oposición se han disputado el control de estos procesos.
El 30 de septiembre, la mesa de Garantías Constitucionales, integrada por asambleístas de la Revolución Ciudadana, abrió una fiscalización por las vulneraciones durante las protestas, así como por la muerte del comunero Efraín Fuerez. Ese día, los comisionados recibieron a los familiares de los detenidos en Otavalo, así como al presidente de la Conaie, Marlon Vargas.
Sin embargo, el 1 de octubre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que tiene mayoría oficialista, decidió que de este proceso de fiscalización se encargue la Comisión de Seguridad, presidida por Inés Alarcón, de la bancada de Gobierno ADN, y ya no la mesa del correísmo.
El 21 de octubre, la Comisión de la Niñez, en cambio, inició una fiscalización sobre las afectaciones a niños y niñas por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. Ese día, la mesa parlamentaria, presidida por Viviana Veloz, de la RC, recibió a los representantes de la Defensoría del Pueblo por estos y otros casos.
Días después, la Comisión de Seguridad tramitó una resolución del CAL para que la competencia de fiscalización sobre los hechos relacionados con los actos de violencia derivados de las actuaciones de la sociedad civil y de la fuerza pública sea únicamente de esa mesa y no de la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
A la par, para investigar estos casos de presuntos abusos o excesos de la fuerza pública, durante las manifestaciones, 18 asambleístas del correísmo conformaron el autodenominado Frente Parlamentario por los Derechos Humanos.
El grupo alertó a la Cruz Roja Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los acontecimientos en el marco de las protestas del movimiento indígena en contra del Gobierno de Daniel Noboa.
Tras la notificación, el pasado 27 de octubre, la CIDH abrió un expediente y concedió diez días hábiles al frente legislativo para incorporar información adicional y ampliar cada uno de los casos reportados.
La Defensoría del Pueblo, liderada por César Córdova, también levantó un seguimiento a los hechos registrados durante las manifestaciones contra el régimen.
De acuerdo con información emitida por Rodrigo Varela y Alba Jalón, representantes de la institución, hasta el 21 de octubre, la Defensoría del Pueblo recopiló 256 reportes sobre novedades durante las protestas y emprendió 174 acciones, entre estas: 12 pedidos de información, 12 accesos a la información pública de la Función Judicial, reuniones con la fuerza pública, 33 solicitudes de información a instituciones públicas, 39 observaciones en las manifestaciones en territorio y 77 acciones vinculadas al debido proceso, en provincias como Imbabura, Azuay, Loja, Pichincha, Cañar y Cotopaxi.
Luego del anuncio de un paro de la Conaie, la Defensoría activó una guía de monitoreo de los eventos dentro de las protestas sociales, para detectar el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como las agresiones por parte de manifestantes.
La entidad precisó que estos registros de personas detenidas, fuerza pública retenida, heridos y fallecidos fueron remitidos a la Fiscalía General, para que realice las debidas diligencias.
“Los casos se han puesto en conocimiento de los fiscales especializados para que la justicia determine si hubo o no uso excesivo de la fuerza”, dijo el defensor César Córdova ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional.
En este marco, la autoridad repasó que como parte del seguimiento que se hace a estos casos, se han enviado oficios al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Comandancia de la Policía, para que se informe sobre los protocolos que se han aplicado en el marco del uso progresivo de la fuerza durante el paro.
Otra de las instituciones que registraron los hechos del paro es la Alianza por los Derechos Humanos. De acuerdo con un informe de posibles vulneraciones, en el periodo contemplado desde el 12 de septiembre hasta el 23 de octubre hubo 391 reportes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, la organización recopiló 206 personas detenidas documentadas, 473 heridas, 16 personas desaparecidas temporalmente y dos fallecidos.
Según el detalle de derechos vulnerados, 155 fueron a la integridad física y mental, 84 al derecho a la resistencia y protesta, 44 al de privación de libertad, 36 al derecho a la libertad de expresión u opinión, entre otros.
La alianza también ha levantado alertas por el bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones y líderes sociales, en el contexto del paro de la Conaie.
Por su parte, la Contraloría General del Estado también intervino durante el mes del paro. La entidad solicitó información a varios Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), como a la Prefectura de Pichincha, institución a la cual pidió detalles sobre el control vehicular de su maquinaria pesada y vehículos institucionales.
A la vez, el Ministerio del Interior solicitó a la Contraloría que ejecute un examen especial a los gobiernos locales sobre los que se presuma que financian o apoyan con logística las protestas del movimiento indígena.
El 4 de octubre, la cartera de Estado precisó que la Policía Nacional detuvo a Luis Medardo Chimbolema, exalcalde de Guaranda (Bolívar), y a dos funcionarios, uno labora en el Municipio de Guaranda y el segundo en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), pues habrían usado material pétreo para obstaculizar la circulación vial e impedir el paso de alimentos hacia Guaranda.
Fuente: El Universo