Como ministro de Gobierno de Guillermo Lasso, Francisco Jiménez frenteó el paro nacional del 2022 que convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el cual duró 18 días y que tuvo como corolario la instalación de mesas de diálogo para buscar los mecanismos de implementación de las demandas de los sectores sociales.
Jiménez señala que los escenarios de entonces y de hoy son distintos, pero que los acuerdos que surgieron de las mencionadas mesas bien podrían retomarse para zanjar la conflictividad y avanzar hacia el progreso del país.
En una entrevista con este diario, el exfuncionario reflexiona sobre la actual coyuntura política.
¿Cuáles considera usted que son las diferencias y las semejanzas entre el paro del 2022 y el actual?
La primera diferencia notoria es que no ha habido ese nivel masivo de invasión en las calles y de gente caminando todos los días para protestar. Por supuesto que ha habido manifestaciones y violencia, pero no al nivel de lo que sucedió en el 2019 y en el 2022. Las escenas de violencia del 2019 todavía están en la retina de todos, sobre todo en Quito, con canales atacados, la Contraloría incendiada. Y en el 2022 estamos hablando de un promedio de 50.000 o 60.000 personas en las calles, por día, en ocho o nueve provincias, Costa, Sierra y Oriente convulsionados. Había unos 250 cortes en las vías. Estamos hablando de realmente un paro nacional con un caos y un bloqueo a lo largo y ancho del país. Eso ahora no se ha visto.
¿Las reivindicaciones son las mismas de hace seis y tres años?
La base de la cual se parte es la misma: el tema de los combustibles. Porque la cuestión del subsidio a los combustibles está en la cabeza de todo el mundo, de los que gobiernan y de los que no gobiernan, de los ciudadanos y de los que toman decisiones, de los gremios y de los sectores productivos. Todo el mundo, a estas alturas, sabe lo que pasa con los subsidios en el Ecuador. Todo el mundo tiene su opinión y una forma de expresarla. El presidente de la República tomó una decisión de eliminar uno de los grandes subsidios que quedaban todavía vigentes, que era el del diésel, y lo que significaba en egresos para el país, unos $ 1.100 millones al año, y eso obviamente que iba a generar reacciones.
El paro no ha sido masivo sino focalizado en ciertas provincias del país. ¿Eso fue una estrategia planificada por la Conaie o es por falta de apoyo a la dirigencia en ciertos territorios?
Yo creo que es una consecuencia del fraccionamiento de la Conaie. No nos olvidemos que Leonidas Iza estuvo varios años en la Conaie y el simple hecho de que se lleve a cabo una elección y que se escoja a otra persona significa un replanteamiento de toda la estructura de poder dentro de la organización, y no solo de sus dirigentes, sino de sus estamentos medios, de sus bases y de la forma en que se distribuye todo este proceso de toma de decisiones en la Conaie, en los distintos territorios, particularmente de la Sierra. Ese no es un tema menor y creo que ahora, en esta coyuntura, ha jugado a favor del Gobierno, porque estamos hablando de una Conaie debilitada por todo lo que supone la transición en relación a lo que pasaba en el 2019 y el 2022, que era una organización mucho más compactada.
¿Quizás fue muy aventurado de parte de Marlon Vargas, un presidente que recién llegaba a la Conaie, hacer esta convocatoria a un paro nacional porque las comunidades quizás no lo conocen bien?
Bueno, es que él reacciona frente a la decisión que había tomado el Gobierno. Esa es otra diferencia con el 2019 y el 2022. Particularmente con el 2022, en que había un proceso de desgaste previo que fue como un goteo, porque no nos olvidemos de que hubo un intento de conversación o de diálogo en agosto-septiembre del 2021, que no llegó a buen puerto y había ya un alejamiento de las organizaciones sociales y particularmente con la Conaie, que duró ocho o nueve meses, y ellos fueron manifestando su inconformidad. Luego del informe de la nación del presidente Lasso, el 24 de mayo del 2022, ellos anuncian formalmente varios días después la fecha en que empezaría el paro nacional. Entonces hubo todo un proceso de planificación, de consolidación, lo que hizo que esto sea mucho más masivo y, si se quiere, dentro del caos que provoca una paralización, mucho más ordenada. Acá no, acá todo se intercaló entre la decisión del presidente de eliminar el subsidio, la decisión de la Conaie de responder a la decisión de Noboa e iniciar oficialmente el paro nacional, la decisión de mover el Gobierno a Cotopaxi… Todo fue más reactivo, lo que seguramente ha incidido en que se esté hablando de movilizaciones y de violencia focalizada más que de un paro generalizado.
Dicho todo esto, ¿cómo ha manejado el Gobierno esta paralización?
Las circunstancias han dictado la estrategia y por eso ha sido reactiva. Apagar incendios donde estos se susciten, implementar programas sociales y bonos donde esto se requiera en función de cómo esté el panorama de protestas en cada provincia, en cada territorio. No se aprecia un plan estructurado para responder a la circunstancia de alborotamiento nacional. Pero tampoco es que es ilegítimo pensar que donde se produzcan los disturbios no hay que tratar de apaciguarlos entrando con la policía o con los militares o con tractores, compensaciones y bonos. Al final es una estrategia muy simple, muy sencilla, dictada por las circunstancias.
¿Y le ha funcionado?
Yo creo que le ha funcionado parcialmente para que el fuego no suba de intensidad, pero no para eliminarlo. Una fortaleza pero a la vez debilidad de este tipo de acciones es que, por un lado, la cuestión se mantiene relativamente controlada y, como hemos visto, focalizada, pero por otro lado no termina porque, al ser el escenario fragmentado, es como que usted tenga una fogata que todavía chispea algo o de la cual todavía sale humo y eso tiene que ser definitivamente extinto y apagado, porque si no en cualquier momento se puede reactivar. Porque esa es la otra característica de los paros nacionales: pueden estar un poco apagados y pasa algo que los activan. Y creo que durante la semana que terminó estuvimos muy cerca de una activación realmente peligrosa para el país.
¿Cuál ha sido el objetivo de ciertas acciones riesgosas? Por ejemplo, el envío de convoyes a zonas de protesta que los manifestantes han calificado como provocaciones y que terminaron con mucha violencia.
Yo creo que el Gobierno va improvisando a medida que va avanzando, implementando la tesis de ‘ensayo y error’. Lo que pasa es que en este caso el error puede derivar en violencia y en afectación de los bienes y eventualmente riesgos para las personas. Me parece que el Gobierno ha navegado la tormenta con relativa eficiencia, pero en esta prueba de ‘ensayo y error’ obviamente que se han producido desmanes y ha habido una reacción de la población como era previsible.
También fue arriesgado que la caravana presidencial pase por sitios conflictivos y por ello terminó atacada. ¿Fue a propósito para hacerse la víctima? ¿Fallas de inteligencia? ¿Ensayo y error?
Yo no quiero pensar que fue una provocación. Quiero pensar que fue un fallo de inteligencia. No sabemos a ciencia cierta cómo se produjeron las decisiones en la cadena de mando, pero está claro que en el contexto de una paralización, si es que hay un problema serio y hay un cúmulo de manifestantes, pasar por allí es provocar. Y eso es innecesario porque muchas cosas pueden suceder y estoy seguro de que nadie estará contento con un escenario de violencia en el que esté inmiscuida la caravana presidencial y menos que esté en riesgo el presidente de la República.
¿Cree que ha habido excesos de la fuerza pública con los manifestantes?
Quizás es complicado decir eso cuando no se es gobierno. Lo que pienso es que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo por afinar la mirada y determinar con claridad quiénes son los verdaderos enemigos. No se puede tratar con la misma lógica a una organización criminal, que supone una estrategia en materia de seguridad que tiene que ser clara e implacable, que a las movilizaciones donde todo es más confuso y todo se mezcla.
Y del otro lado también ha habido secuestros y ataques a uniformados. ¿Se justifica la violencia?
Quienes actúen agrediendo o secuestrando a la fuerza pública tienen que ser sancionados con todo el rigor de la ley.
A pesar de los llamados desde diferentes sectores, como universidades, alcaldes, organismos internacionales, la Iglesia, a que se produzca un diálogo entre el Gobierno y la Conaie, ambas partes se han cerrado. Recién en los últimos días se ha generado un canal para el diálogo en Imbabura, que es el foco de las protestas. ¿Pero qué tan sólido es este proceso, tomando en cuenta que desde el Gobierno se dice “se acabó el paro” y las bases dicen que no se ha acabado nada?
Yo creo que la narrativa oficial tiene que saber dar cuenta de la realidad y mirar las cosas como son. Evidentemente que ese proceso de conversaciones que se dio en Imbabura es un inicio del diálogo. Seguramente las autoridades habrán identificado con quién se debe hablar y con quién no. Pero el punto de fondo aquí es que la democracia no se entiende sin un proceso de diálogo permanente. El Gobierno de ninguna manera puede renunciar al diálogo. Entonces, si inicialmente se produjo una conversación con algunos sectores que estaban involucrados en las manifestaciones en la provincia y tal vez no fue suficiente para detener los incidentes, pues hay que seguir intentándolo… Pero un diálogo no es una conversación informal, no es sentarse a ver qué le molesta a cada uno. Un diálogo se estructura a nivel del Estado con una metodología que implica, primero, determinar cuáles son los interlocutores con los cuales se va a hablar, que sean legitimados por sus bases, por sus comunidades, con eso se construye un espacio mínimo de confianza. Segundo, implica poner sobre la mesa las peticiones y determinar cuáles son viables y cuáles no lo son. Tercero, establecer una hoja de ruta para acreditar una seriedad sobre lo que se está discutiendo y, finalmente, firmar. Porque si no hay nada escrito, a las palabras se las lleva el viento. En el 2022, nosotros entendimos que para las organizaciones indígenas y sociales tener un documento firmado es fundamental, no solamente por lo que eso supone seriedad, sino también porque es algo que ellos les muestran a sus bases. Y no nos olvidemos de que uno de los grandes cuestionamientos que hubo ahora en este inicio de diálogos con algunas dirigencias en Imbabura es que estos no representaban a las bases y eso no puede pasar.
Me parece que tal vez fue producto de la emoción o tal vez se lo tomó a la ligera. Podríamos especular muchas cosas, pero indiscutiblemente al hacer un anuncio así tal vez se está tratando de forzar una realidad.
Usted decía que uno de los pasos para que se consolide un proceso de diálogo es buscar a los interlocutores adecuados. ¿Hizo bien el Gobierno al no invitar al diálogo a la dirigencia nacional de la Conaie y hablar con los líderes locales?
Esto incide en la fragmentación del proceso y lo que hacen es permitir que haya determinados focos de manifestaciones puntuales que subsisten en diferentes provincias. Si el Gobierno puede convivir con eso, pues entonces su metodología no es equivocada. Pero el país no puede convivir con eso.
¿Entonces estuvo bien saltarse a Marlon Vargas?
Eso depende de la coyuntura. En el 2022 era indiscutible que había que hablar con Leonidas Iza porque estaban muy claros los liderazgos. Hoy no están claros los liderazgos nacionales, ni siquiera están claros los liderazgos en Imbabura. Eso explica que el Gobierno no haya acudido a las cabezas. Sin embargo, para cerrar definitivamente el paro, no veo otro camino que el de acudir a ellos.
El Gobierno y los dirigentes de Imbabura han dicho que este lunes se van a instalar mesas técnicas para analizar los pedidos de las bases que el fin de semana iban a reunirse para hacer sus listas. ¿Cómo deben articularse estas mesas? Porque tampoco es que van a meter todos los pedidos, ¿o sí?
Ellos pueden meter todos los pedidos que tengan, pues el Gobierno no está en condiciones de controlar eso. Pero sí está en condiciones de controlar quién se sienta a la mesa… También puede controlar a qué le dice sí y a qué le dice no, a qué le dice tal vez y a que le dice sí, pero en este tiempo. Tiene control sobre el desarrollo de la negociación y la metodología que se implemente. Seguramente habrá muchos pedidos de las bases que estén repetidos. Por eso es importante que se retome la información de las mesas de diálogo del 2022, que es el esfuerzo de sistematización más importante que ha habido en el país en muchos años, porque es ahorrarse tiempo y entrar de lleno a conocer el 80 % de los temas que están en discusión y evitar así dar palos de ciego.
Los fracasos sociales no existen, los fracasos sociales se leen en el transcurso del tiempo. Si usted revisa, por ejemplo, lo que sucedió en la Revolución francesa, después de toda la sangre que corrió y todos los desmanes que hubo, y después de que en la época napoleónica vino un intento de restauración conservadora a través de Carlos X, Francia se convirtió en lo que es hoy. Es muy prematuro analizar los temas sociales en estos cortísimos tres años. ¿Y qué es lo concreto aquí? Que hubo diez mesas que abordaron una multiplicidad de temáticas, que arrojaron 218 acuerdos, así como 44 desacuerdos, entre los cuales había criterios concretos de focalización de subsidios que las organizaciones sociales conocen y el Gobierno también, como criterios de cilindraje, de propiedad, de diferenciación entre lo urbano y lo rural, de ingresos… Cuando yo salí del ministerio, que fue en febrero del 2023, el 83 % de los de las cuatro categorías de acuerdos que estaba en proceso de ejecución, por lo tanto, sí se alcanzaron a ejecutar parcialmente algunos.
Pero las organizaciones finalmente se retiraron de las mesas diciendo que no se estaban cumpliendo los acuerdos.
Después de que yo salí, en febrero, las mesas duraron dos meses más, se terminaron retirando en abril. Me parece que el argumento que dieron en su momento fue que había falta de voluntad política, pero la información existe. Y aunque uno se retire de una determinada reunión, si el espacio sigue estando allí, en cualquier momento se puede volver. Y, desde mi punto de vista, esa es una información que no se debe perder porque puede ser aterrizada en un programa de políticas públicas en un país que, aunque muchos no lo quieran reconocer, sigue siendo multicultural.
Estos acuerdos eran nacionales y si el Gobierno se está enfocando en un diálogo muy local, ¿cuánto de esos insumos le pueden servir?
Lo nacional abarca lo local. Y no nos olvidemos que cuando se implementaron las mesas no solamente participaron las agrupaciones sociales e indígenas y 36 instituciones gubernamentales con los ministros de Estado y subsecretarios, sino que también asistieron universidades, gremios, capacitadores, facilitadores, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana… fue un ejercicio transversal a la problemática social del Ecuador. Es un error interpretar las mesas como una especie de discusión entre tres o cuatro actores, porque no fue así. Fue un esfuerzo masivo del país a través de sus distintas instituciones de orden público y privado por buscar comprender la cantidad de problemas que existían en ese momento en el Ecuador, el 80 % de los cuales se mantiene absolutamente vigente, y tratar de darles solución con un programa ordenado de políticas públicas.
¿Qué se puede esperar de las mesas que se inician el lunes? ¿Podrán ya derivar en un acuerdo de paz local que se proyecte en lo nacional?
A mí me parece que el Gobierno está ante una extraordinaria oportunidad y no debe desaprovecharla: lograr que las organizaciones se sienten y discutan. La posibilidad de llegar a determinados acuerdos es la base del progreso de los pueblos. Creo que todos desde nuestros diferentes espacios debemos hacer fuerza porque los diálogos progresen. Creo que ha llegado el momento de organizar toda la información disponible, aterrizarla con una metodología consistente y buscar resultados en el tiempo, no solamente para salir de la coyuntura porque, obvio, todos queremos resolver los problemas de inmediato, pero también debemos querer que se solucionen a corto, mediano y largo plazo, porque es la única manera de prevenir que este tipo de manifestaciones y revueltas se vuelvan a repetir. Ese fue el objetivo de las mesas de diálogo del 2022. Ese sigue siendo el objetivo hoy.
Fuente: El Universo
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