Pese a que el Gobierno de Daniel Noboa anunció que se “acabó el paro”, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no ha levantado esta atípica medida que mantiene a las comunidades en asambleas permanentes y en “resistencia”.
Este 17 de octubre sumarán 26 días de este ‘paro descentralizado’, sin que el presidente de la República, Daniel Noboa, haya logrado certificar que las organizaciones sociales cesaron las protestas que surgieron por la emisión del Decreto Ejecutivo 126 que suprimió el subsidio al diésel y subió su precio a $ 2,80.
El 18 de septiembre, la Conaie activó una convocatoria a un paro nacional indefinido que se ha mantenido localizado en determinadas provincias, especialmente en Imbabura.
Esta última localidad ha conducido las decisiones en estos 25 días de protestas que se extendieron en poblaciones de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza y Sucumbíos.
El presidente de la Confederación, Marlon Vargas, hizo el llamado y desde entonces, cada comunidad ha ido preparando su agenda, aunque se diluía con acciones gubernamentales.
Como, por ejemplo, suspendiendo las cuentas bancarias de los dirigentes de organizaciones sociales; suspendiendo la transmisión de la señal de televisión de un canal comunitario; o, la entrega inmediata de beneficios económicos a transportistas y tractores y tierras en sectores campesinos y agricultores.
Para contrarrestar la acción presidencial, Marlon Vargas y el presidente de la Ecuarunari, Alberto Ainaguano, empezaron un recorrido por comunidades de Chimborazo, Cañar, Bolívar, Imbabura llevando el mensaje de que se convocó a un paro y las razones.
Las comunidades se activaron y bloquearon carreteras, pero la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas los desalojaban con el uso progresivo de la fuerza.
Hasta que en Cañar manifestantes habrían lanzado objetos a la caravana que llevaba a Daniel Noboa a un acto público, lo que acabó con una denuncia a cinco personas por la sospecha de un delito de tentativa de asesinato.
La presencia de Vargas y Ainaguano se redujo en eventos y recorridos.
No obstante, Imbabura mantiene la inconformidad y en los últimos 25 días no han parado las protestas.
El operativo militar y policial del 14 de octubre provocó que dirigentes de tres organizaciones del pueblo quichua se reúnan con el ministro del Interior, John Reimberg en un hotel de Otavalo y acordaron “levantar” la medida.
Hubo júbilo y horas después los miembros de esas organizaciones salieron a las calles y desconocieron lo actuado por sus dirigentes.
Es más, este jueves, en una asamblea pública que se desarrolló en la plaza central del cantón, la alcaldesa, Anabel Hermosa, exclamó desde un pretil que “nadie dijo que se ha acabado el paro, lamentablemente pueden equivocarse, porque se quedó en eso: en que se declaran asambleas permanentes en el territorio para el análisis del decreto para la reunión del lunes”.
Esto porque los tres dirigentes que hablaron con Reimberg no lograron hacer que Daniel Noboa derogue el decreto, y no lo hará.
Lo acordado se limita a instalar “mesas técnicas” desde el próximo lunes para tratar temas en salud, educación… pero, derogar el Decreto 126, no.
“Eso (derogar el decreto) nunca estuvo en la mesa (del diálogo). Como Gobierno, esta es una medida adoptada con responsabilidad y que beneficia a los ecuatorianos y golpea a unos pocos, a los contrabandistas. No podemos retroceder. Porque además retroceder sería quitarle oportunidades a la gente y los incentivos que se entregaron dejarían de entregarse. Esta es ya una decisión en firme”, subrayó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, en una entrevista radial con el periodista y político Jimmy Jairala, este 16 de octubre.
Por ello, que la Conaie —que integra a 53 organizaciones de base— confirmó este jueves que no han decidido levantar el llamado al paro, pues ni siquiera fueron parte del diálogo con los representantes del Gobierno.
“Aclaramos que el consejo de gobierno de la Conaie y sus regionales no fuimos convocados a la mesa de diálogo y aunque respetamos la decisión de Imbabura y sus estructuras, recordamos que las demandas planteadas son de carácter nacional”, se indicó en un comunicado.
Mantienen sus territorios en “resistencia” y en asambleas permanentes, lo que no quiere decir que se acabó el paro.
El líder indígena de Azuay Yaku Pérez, expresidente de la Ecuarunari (regional de la Conaie) y excandidato presidencial, explicó que esta declaración no implica que terminó el paro, al contrario, la gente está activa y preparándose.
“Ha habido algunos levantamientos que han tomado meses de preparación y otros han sido de un rato al otro. En este caso fue de un momento al otro y por eso quizás no se ha visto la contundencia del movimiento indígena. No necesariamente tienen que cerrar las vías en un solo día, sino que pueden ir sumándose y en otros sectores están en asambleas socializando y preparándose”,.
Pérez admite que el movimiento indígena está “debilitado”, pero no fracturado ni dividido; e incluso, la renovación del consejo de gobierno del movimiento que se hizo hace pocos meses.
En todo caso, lo que ocurrió el miércoles con la dirigencia del pueblo quichua —cree Pérez— fue “una jugada del Gobierno que intenta desmovilizar al movimiento indígena y logró convencer a algunos, pero no a todos. Entonces, quizás se precipitaron los dirigentes, que antes tenían que consultar a todas sus bases para ver si se concluye el paro o no”.
Añadió que este aparente acuerdo tiene errores que podrían traer consecuencias. Por ejemplo, no tomó en cuenta a la dirigencia nacional que está representada por Marlon Vargas, presidente de la Conaie.
No se firmó ningún documento en que consten los acuerdos; y además, no lo firmó el presidente de la República. Se ofreció liberar a detenidos durante las manifestaciones, pero el Gobierno no los libera, sino que los procesos judiciales dependen de la Fiscalía General del Estado.
“Son un cúmulo de errores y creo que el Gobierno no va a desactivar el paro, mientras no haya un compromiso serio de atender la deuda social, ecológica e histórica que tiene con el movimiento indígena”.
En esa línea, la ministra Rovira confirmó que no depende del Ejecutivo los procesos judiciales que puedan abrirse en contra de manifestantes y tampoco ofreció un diálogo con Marlon Vargas.
“Siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero ellos querían que deroguemos el decreto, que reduzcamos el IVA, que no a la consulta popular”, cuestionó Rovira.
Fuente: El Universo