Este domingo, 12 de octubre de 2025, el paro nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumple veintiún días de protestas en contra de la eliminación del subsidio al diésel, y no hay señales de diálogo, al menos en un futuro próximo.
A pesar del intento de la Iglesia católica, la academia, los sectores empresariales, los organismos internacionales y hasta los Gobiernos autónomos descentralizados de sentar al Gobierno y al movimiento indígena en una mesa de diálogo, las partes han marcado ‘líneas rojas’ que han impedido llegar a un acuerdo para poner fin a las manifestaciones.
El paro nacional arrancó el pasado 22 de septiembre, tras el anuncio de la Conaie el 18 de ese mismo mes, y ha tenido como epicentro la provincia de Imbabura, en la Sierra norte del país, y en el camino se han sumando más.
Además de los enfrentamientos, que han dejado cientos de heridos, entre policías, militares y manifestantes, en estos veintiún días también se han producido hechos como la muerte del comunero Efraín Fuerez; la detención de doce personas en Otavalo, que ahora son procesadas por el delito de terrorismo; y el ataque a la caravana presidencial, el pasado 7 de octubre en Cañar, que dejó cinco detenidos y que luego fueron liberados por una jueza de Azogues que declaró que su detención fue ilegal. Todas estas acciones han ‘dinamitado’ el diálogo entre el Ejecutivo y la Conaie y sus bases.
Para la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, el Gobierno de Daniel Noboa no ha tenido voluntad política para establecer un acercamiento con el movimiento indígena y escuchar sus exigencias, como la derogatoria del Decreto Ejecutivo n.º 126 —que eliminó el subsidio al diésel—, la liberación de los doce detenidos en Otavalo, la desmilitarización de los territorios indígenas y la justicia por la muerte de Efraín Fuerez.
“Es importante que se genere un diálogo con los cinco poderes del Estado (…). Debe haber voluntad política para invertir en asuntos sociales, para salir de la crisis de salud, de la educación. Sin embargo, lo que ha hecho el Gobierno es reprimir, atacar, desplegar una infinidad de la fuerza pública en Quito; y, de esa forma, vemos que no es posible una solución”, señaló.
La dirigente puntualizó que el paro de este 2025 no obedece únicamente a la eliminación del subsidio al diésel, sino que tiene como origen también el incremento del IVA, el recrudecimiento de la inseguridad y la violencia en el país, el cumplimiento de las consultas populares sobre la no explotación minera en ciertas zonas naturales, entre otros puntos.
Castañeda agregó que, en caso de más vulneraciones de derechos, en el marco del paro nacional, “será de absoluta responsabilidad del Gobierno nacional, pues no ha escuchado el clamor de los ecuatorianos”.
Por su parte, Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), comentó que, pese a varios acercamientos que se ha intentado con el Gobierno, no ha existido una respuesta.
“Yo le puedo asegurar que algunos dirigentes indígenas sí han buscado acercamientos, pero de parte del Gobierno no ha habido una respuesta de apertura. Por pedido de ciertos dirigentes, he intentado hasta cuatro acercamientos, pero sin resultados. No ha habido respuesta, ni sí ni no”, dijo.
A criterio de Ponce, el descontento de los sectores sociales y del movimiento indígena ha brotado no solo por la eliminación del subsidio al diésel, sino también por las malas condiciones en el sistema de salud pública y otros servicios sociales. Esto, agregó la autoridad, se ha agravado con la represión de la fuerza pública en las protestas.
“La forma de expresión de ese malestar puede ser que cambie, que amaine por ahora, pero de ninguna manera se han dado respuestas a estos malestares profundos e históricos. Eso es lo preocupante”, precisó Fernando Ponce y destacó que el diálogo debe ser una política pública de un Gobierno para evitar este tipo de estallidos sociales.
Si bien no ha existido un expreso llamado al diálogo desde el Ejecutivo, el presidente Noboa aclaró que su Gobierno sí ha estado abierto al diálogo desde el día uno, conversando con las comunidades y entregando beneficios.
Así lo dijo el pasado 8 de octubre, en un evento de entrega de beneficios a pequeños y medianos productores en Azuay.
El mandatario detalló que, en tres semanas, tras la eliminación del subsidio al diésel, se han otorgado $ 580 millones directos a la gente en beneficios. Y eso, dijo Noboa, es lo que ciertos dirigentes indígenas han querido impedir.
En el transcurso de estos veintiún días de paro nacional han existido varios llamados a un consenso entre el Gobierno y el movimiento indígena.
A finales de septiembre, la Alcaldía de Ibarra convocó a una reunión entre las partes. La cita estuvo prevista para el 30 de septiembre, entre la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Gobernación de Imbabura en la Universidad Técnica del Norte (UTN), pero no se llevó a cabo, luego que la organización indígena enviara un comunicado minutos antes del encuentro pidiendo que fuera en un espacio distinto.
La Gobernación, presidida por Maite Landeta, cuestionó la falta de seriedad y compromiso con la búsqueda de soluciones conjuntas.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur pidió un diálogo urgente entre el Gobierno de Ecuador y las organizaciones sociales e indígenas tras la muerte de Efraín Fuerez.
El 1 de octubre, catorce universidades del país emitieron un comunicado llamando a un diálogo urgente, en línea con el exhorto que previamente hizo la Oficina Sudamericana del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH).
Ese mismo día, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un llamado al diálogo para terminar con el paro nacional. Los obispos del Ecuador invitaron a las autoridades públicas, movimientos y organizaciones sociales, actores económicos y ciudadanía en general a dialogar y cooperar para encontrar una salida a las protestas.
Luego, tras las agresiones a la caravana presidencial, las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en Ecuador y la delegación de la Unión Europea en Ecuador emitieron una declaración en la que también hicieron un llamado al diálogo desde el respeto a la libertad de expresión y asociación.
La última convocatoria a un diálogo fue la que hizo el Municipio de Otavalo, que resolvió insistir en un llamado a la gobernadora de Imbabura, Maite Landeta; a Alexander Pérez, intendente de Policía de Imbabura; a dirigentes del movimiento indígena, a miembros de la Iglesia, a empresarios, transportistas y autoridades de las carteras de Estado de esta provincia.
Fuente: El Universo
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