El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió este 8 de octubre de 2025 revocar la sentencia de primera instancia que sancionaba a Patricia Núñez, asambleísta de la Revolución Ciudadana, tras aceptar el recurso de apelación presentado por su defensa.
La decisión fue adoptada por el Pleno de este organismo, al identificar fallas en la valoración de la prueba documental, que fue clave en la sentencia de primera instancia.
La sentencia anulada había sido emitida el pasado 15 de septiembre por el juez Joaquín Viteri, quien impuso a la legisladora una multa de USD 4.700 (equivalente a 10 salarios básicos) por supuestamente respaldar, de manera indirecta, al binomio correísta durante las elecciones generales de 2025.
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El caso fue denunciado por Juan Esteban Guarderas, exconsejero de Participación Ciudadana, bajo el argumento de una presunta infracción electoral grave y basado en publicaciones de la asambleísta del correísmo.
El Tribunal determinó que las certificaciones electrónicas presentadas por el denunciante presentaban contradicciones entre la validación de firma electrónica y la declaración de que los documentos eran solo copias descargadas.
El organismo consideró que la forma de emisión de dichas certificaciones no cumplía con disposiciones de la Judicatura, lo que invalidaba su valor probatorio. En consecuencia, también se desestimó la prueba pericial, al estar sustentada en documentos carentes de validez.
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