En los últimos quince días de protestas en medio del paro nacional de sectores sociales que rechazan la eliminación del subsidio al diésel, el presidente de la República, Daniel Noboa, tomó como estrategia llegar donde están sus opositores llevando beneficios económicos.
¿Le ha funcionado? Dos analistas políticos consultados no descartan que puede ser positiva, pero también riesgosa.
Desde el 13 de septiembre, cuando el primer mandatario trasladó la sede del Palacio de Gobierno a la Gobernación de Latacunga en Cotopaxi tras tomar la decisión de eliminar el subsidio al diésel y elevar su precio a $ 2,80, se ha movilizado por seis provincias marcadas por la conflictividad social llevando beneficios económicos estatales.
El trayecto del jefe de Estado para enfrentar este paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) empezó tras la emisión del Decreto Ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel.
Para aplacar los efectos, anunció una serie de incentivos económicos, enfocados a los sectores del transporte y agricultores, y aumentó el número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH).
De acuerdo con información oficial, al 1 de octubre, el Gobierno entregó $ 14′500.000 como parte del incentivo productivo para 18.102 transportistas a nivel nacional.
En cuanto al bono Raíces, al 28 de septiembre, se asignaron $ 83′000.000 que han llegado a 83.000 personas, y la meta es llegar a 100.000.
La entrega de tractores a esa misma fecha fue de 140 y serán 1.200 hasta el 2026.
Entre otros beneficios, se abrieron líneas de crédito de entre $ 500 y $ 250.000; a los pescadores artesanales se entregarán 600 motores fuera de borda.
El BDH se amplió a 55.000 personas para lo que se destinarán $ 50′000.000.
Además de estas bonificaciones, también movió la Presidencia a Latacunga y a la vicepresidenta María José Pinto la envió a despachar desde Otavalo (Imbabura), considerando que las dos provincias son pasos obligatorios para llegar a Quito por vía terrestre y porque la presencia de comunidades indígenas es numerosa.
En los últimos 25 días —desde el 13 de septiembre— Noboa ha despachado fuera de Quito: entre Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Imbabura, Tungurahua, Pichincha y Pastaza, en donde el movimiento indígena se ha concentrado con sus protestas.
El 18 de septiembre, la Conaie se reunió en una asamblea extraordinaria en Chimborazo para declararse en paro para que se derogue el Decreto Ejecutivo 126.
Noboa también llegó a esa población y entregó bonos Raíces, títulos de tierra y tractores a familias de comunidades indígenas.
El 19 de septiembre se trasladó hasta Chimbo, en Bolívar, en donde puso la primera piedra para la rehabilitación de una vía y entregó una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en Echeandía.
El 22 de septiembre regresó a Latacunga y, en los límites entre Pichincha e Imbabura, brotaron los primeros cierres de carreteras por los sectores de Cayambe, el Cajas, Otavalo, Ibarra y Cotacachi que impedían el ingreso a Quito o llegar a Carchi.
En Latacunga se organizó la marcha por la libertad, la familia y el trabajo para apoyar su gestión y movilizó a una multitud de personas que llegaron desde la Costa y otras localidades.
Con ello se opacó una manifestación que organizó el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) en rechazo al presidente.
Ese mismo día, en Otavalo personas encapuchadas quemaron el cuartel de la Policía Nacional y varios vehículos que ahí se estacionaban. Hubo doce detenidos.
En la madrugada del 24 de septiembre, Noboa se trasladó a Imbabura en medio de un fuerte operativo militar y participó en eventos públicos en donde anunció la entrega de bonos, mientras en los alrededores de la provincia los pueblos Kayambi y Karanki se enfrentaban a las Fuerzas Armadas y Policía por los cierres viales.
Al siguiente día, en Ambato (Tungurahua), dirigentes del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) y Movimiento Indígena de Tungurahua sede Atocha (MITA) anunciaron que plegaban al paro.
Por su parte, Noboa había llegado a esa ciudad y entregó más bonos Raíces y tractores para los agricultores; también, fondos a cooperativas de la economía popular y solidaria.
Entre el 27 y 28 de septiembre, los enfrentamientos en Imbabura se radicalizaban y, al amanecer del domingo, se conoció de la muerte de Efraín Fuerez, un comunero que participaba en las protestas.
Eso avivó las medidas de hecho y en respuesta, en horas de la noche, Daniel Noboa encabezó un convoy con vituallas, en el que iban además funcionarios diplomáticos, y fueron atacados por los protestantes. “Fue una “emboscada”, increpó el presidente.
La protesta empezó a sentirse en Quito desde el último fin de semana, y Noboa arribó a la ciudad. Fue a misa y participó de la entrega del BDH a más de 14.000 adultos mayores.
Sectores sociales de oposición conglomerados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular planificaban una concentración en el parque El Arbolito el domingo.
Sin embargo, el lugar estaba listo para un evento musical, con tarima, artistas y comida gratis, pero para respaldar a Noboa.
En la víspera, este 6 de octubre, el movimiento indígena de la Amazonía, organizó una marcha en contra de la minería, la explotación petrolera y el incremento del precio del diésel.
El Gobierno también llegó al Puyo para entregar paquetes tecnológicos para los cultivos, títulos de propiedad de tierras, certificaciones y otros beneficios, aunque participó la vicepresidenta Pinto.
El exministro de Gobierno en el gobierno de Guillermo Lasso, Francisco Jiménez, resalta que por ahora las movilizaciones no hayan alcanzado los niveles del 2019 y 2022, cuando se produjeron dos paros nacionales por la misma causa: los subsidios a los combustibles.
“Pero hay que estar pendientes para ver si esa situación cambia, porque no hay nada más incierto que el volumen que pueden tomar las movilizaciones”, comentó.
Jiménez fue parte del diálogo nacional del 2022 tras el paro que hizo la Conaie y cuenta que en estas situaciones, “uno de los grandes peligros o miedos con los que se juega es la llegada de los disturbios a Quito. No solo porque es la ciudad capital, sino porque eso produce también una interrupción masiva de los servicios públicos en todo el país, porque como centro administrativo es el lugar donde se toman las decisiones, por lo tanto, a nadie le conviene una capital caotizada”, explicó.
A su criterio, es importante esta estrategia general de contención de las protestas, pero también se debe analizar abrir el diálogo “cuando aún se está a tiempo y definir objetivos que puedan ser medibles en el corto, mediano y largo plazo, como una medida de pacificación legítima del país”.
Para el analista político Lolo Echeverría, la estrategia del presidente es “populista” y no da demasiados resultados pese a que puede ser justa.
“Por lo menos, en estas circunstancias, que haya comunidades que reciban ayuda del Gobierno es bueno, pero como para calmar el paro no es suficiente. El paro no solamente obedece al problema de la eliminación del subsidio al diésel, la prueba de ello es que las demandas se van incrementando, lo que prueba que al sector indígena no le interesan los acuerdos ni le interesan las soluciones, porque piden cosas imposibles”.
En tanto, el Gobierno, considera Echeverría, equivoca la estrategia para diluir el paro a través del diálogo.
“El presidente lo que debería hacer es convocar a Marlon Vargas, presidente de la Conaie, para que se haga cargo de las exigencias que plantea y de los actos que han ocurrido. Porque cuando le hacen alguna oferta, una concesión, entonces, no se compromete, sino que dicen que van a consultar con las bases”, explicó Echeverría. (I)