Dos aspectos de la sexta ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea, para fortalecer a la Policía y las Fuerzas Armadas, son los que más llamaron la atención de los asambleístas este 1 de octubre de 2025.
El primero es que, el Ejecutivo hace una copia exacta del artículo 4 de la Ley de Solidaridad Nacional, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional (CC), y lo pone como único punto de esta nueva propuesta.
Este facilita la posibilidad de que las fuerzas del orden puedan recibir donaciones de contribuyentes nacionales o gobiernos y organismos internacionales, con los que el país tenga acuerdos de cooperación.
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Se insiste en que los donantes nacionales puedan beneficiarse de una rebaja de hasta el 30% en el pago del Impuesto a la Renta, propuesta que también quedó sin efecto con la declaratoria de inconstitucionalidad.
El segundo aspecto que inquieta es que, año y medio después del incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, que sería destinado a seguridad, el gobierno siga hablando de falta de recursos para equipar a policías y militares y, para eso, quiera acudir a donaciones.
Apoyo condicionado
«¿Dónde están los USD 1.300 millones extra del IVA que supuestamente eran para seguridad?» es la inquietud que de entrada se planteó el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano.
«Yo sé donde están: fueron para pagar deuda externa, fueron para pagar a los tenedores de deuda y no atendieron a la seguridad (…) seguimos pidiendo caridad para las Fuerzas Armadas», se contestó el propio Serrano.
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Sin embargo, el PSC considera que, tal como llegó el proyecto a la Asamblea, cumple con dos requisitos: es económico urgente y tiene unidad de material. Además que, pese a las observaciones, la intención sería «loable».
Serrano cree que incluso lo podrían apoyar, siempre y cuando en la comisión que trate la propuesta para primer y segundo debate, no se le incluyan nuevos artículos que no tengan nada que ver con el tema, como ya ha pasado en las cinco leyes urgentes anteriores.
«Quiero creer que el objetivo es dar asistencia, a través de donaciones, a las Fuerzas Armadas. El mensaje claro es no tenemos plata porque nos estamos comiendo el incremento al IVA que era para la seguridad»
Alfredo Serrano, asambleísta del PSC
«Están bien equipados»
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Para Pachakutik, la propuesta de Noboa llega cuando los indígenas atraviesan un momento muy complicado en la relación con las fuerzas del orden, por el paro convocado por la Conaie, que este 1 de octubre cumple 10 días.
Alex Toapanta, asambleísta por Pachakutik, dijo que, a juzgar por las imágenes de la represión militar en poblaciones como Otavalo y Cotacachi, los uniformados «están sumamente armados y bastante bien equipados».
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«En los territorios de Imbabura hay unos 3.000 militares y policías presentes. Hay tanquetas, hay armas, municiones, drones», dijo.
Lo que faltaría, según el Legislador, es que los policías y militares aprovechen ese equipamiento y actúen con la misma fuerza que están aplicando en las comunidades indígenas, para enfrentar al crimen organizado.
«Que el Ejecutivo nos diga dónde está el 3% del incremento al IVA», reiteró Toapanta, en la misma línea del Partido Social Cristiano.
Incluso, Cecilia Baltazar, que hasta hace poco era parte de la facción de Pachakutik que apoyaba al gobierno de Noboa, adelantó este miércoles 1 de octubre que no apoyará nada que venga del Ejecutivo, mientras no se resuelvan problemas en salud, educación y la propia seguridad.
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Baltazar teme que, en el fondo, lo que en realidad se pretenda es exonerar de pagar impuestos a grandes empresas y contribuyentes, bajo el pretexto de la entrega de donaciones a la fuerza pública.
Oposición correísta
Revolución Ciudadana (RC) calificó como una medida «desesperada» del gobierno el envío de la sexta ley urgente en materia económica, para intentar desviar la atención de otros problemas, como el paro convocado por la Conaie.
El coordinador de la bancada correísta, Juan Andrés González, se unió a los cuestionamientos sobre el destino de los tres puntos del IVA que fueron incrementados, porque, según su criterio, no se han visto cambios en materia de seguridad.
«Este discurso repetitivo sobre la seguridad del país causa hasta vergüenza a escala internacional. Se quiere reducir un 30% el impuesto a la renta a quienes donen, cuando tanta falta le hace al país que todos paguen y contribuyan», agregó González.
Una tibia defensa
Desde la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) se ve «con buenos ojos» el envío de este sexto proyecto urgente desde el Ejecutivo.
El legislador Alejandro Lara reconoció que existe un contexto de violencia e incremento de los secuestros extorsivos que deben ser combatidos. En ese marcó, aseguró que muchos gremios, durante el debate de la Ley de Solidaridad, ya expresaron su predisposición de hacer colaboraciones a las fuerzas del orden.
Consultado sobre el uso de los recursos generados por el incremento del IVA, Lara dijo que se los está usando y producto de aquello serían los resultados en ciertos índices de seguridad.
Sin embargo, señaló que enfrentar a las bandas transnacionales toma tiempo y estas contarían incluso con más recursos que lo estipulado para seguridad en el presupuesto del Estado.
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