Ni en el Gobierno de Daniel Noboa ni en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hay disposición para dialogar y poner fin al paro nacional que enfrenta el país desde hace una semana y que ya cobró una víctima mortal.
En paralelo a estas posturas, empiezan a aparecer ofrecimientos desde distintos sectores de la sociedad que buscan abrir una salida pacífica e invitan al diálogo. Expertos consultados por este Diario cree que el diálogo se abriría cuando el Ejecutivo no logre controlar la movilización y perciba que el costo político y social de la confrontación se vuelve demasiado alto.
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) propone la conformación de una comisión junto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), mientras el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ofrece su ciudad para sede de un diálogo entre las partes con miras a buscar acuerdos.
El sacerdote Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, dice que en estos momentos es muy necesario que “ambas partes se escuchen, aunque esto no sea fácil”.
“Luego de esto podrán ver si están dispuestas, por el bien del país, a dialogar más en profundidad sobre los temas que consideren importantes”, dice.
Ponce explica que actualmente hoy cuando se habla de diálogo, se piensa en las mesas del 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso, las que se instalaron para negociar y encontrar acuerdos. Sin embargo, cree que ese momento no ha llegado, por ahora.
“Si pueden verse, escucharse y darse la mano, ya habremos ganado bastante como país”, dice el religioso, que fue parte de las mesas de diálogo que se instalaron luego del paro nacional del 2022.
Para el economista Pablo Dávalos, quien ha sido asesor de la Conaie en temas económicos, el diálogo es parte de la política pública y quien tiene que convocarlo, obviamente, es el Ejecutivo.
“Todo dependerá de la valoración que haga el Gobierno sobre el impacto del paro tanto sobre las relaciones políticas como sobre la economía. Si el Gobierno considera en su ecuación política que no le es conveniente el diálogo y que puede desarmar la movilización social con la fuerza estatal, probablemente opte por esta opción”, explica.
Dávalos menciona que si esa opción resulta ser cada vez más costosa, en términos políticos, y si se logra ver una radicalización del paro, es probable que el Gobierno opte por abrirse el diálogo.
“Hay que tomar en cuenta dos cosas: que la lógica para el diálogo no es económica sino política; y que el actor que debe convocar al diálogo es el Gobierno, no la Conaie”, subraya.
Luis Felipe Duchicela, exministro de Asuntos Indígenas y quien fue parte también de la Conaie, difiere con las voces anteriores y más bien considera que “ la oportunidad de diálogo debe darse mucho antes de llegar a los puntos críticos del conflicto”.
“Lo ideal es propiciar un diálogo y yo pienso que que el Gobierno tuvo bastante tiempo para propiciar un diálogo sobre este tema y más amplio también”, dice y agrega que ya era de conocimiento que el tema de la eliminación del subsidio al diésel es un detonante que provocó protestas por la insatisfacción con otras cosas más.
Duchicela comenta que en estos momentos, cuando el conflicto se está agudizando, si es necesario hacer un pedido de diálogo o entablar al menos una propuesta de diálogo.
No obstante, cree que revertir la eliminación del subsidio al diésel no sería viable y cree que ese será “un escollo muy grande” por ser una de las condiciones que la Conaie tiene entre sus pedidos».
Con base en su experiencia, considera que una vía para buscar una salida en estos momentos sería convocar a distintos actores de la sociedad civil y oenegés, incluyendo a los gremios de transportistas y a otros gremios con los cuales el Gobierno ha negociado previamente, para buscar un diálogo un más amplio.
“El problema es que va a depender mucho de cómo lo plantee el gobierno, ya se hizo algo similar en el tiempo de Lasso, hubo todo un trabajo, pero luego prácticamente no quedó en nada, excepto en documentos… pero no se puso nada en práctica y no se implementaron”, apunta.
Duchicela dice que ese antecedente pudo haber provocado una pérdida de confianza y un precedente negativo respecto a la efectividad de de los diálogos.
AME y el acalde de Cuenca instan al diálogo
En cuanto a las propuestas que han surgido, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) instó a instalar mesas de diálogo en un espacio “independiente, imparcial e institucional”.
Además, lamentó la muerte de Efraín Fuerez, la primera víctima mortal de las protestas, y expresó su respaldo a la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, quien hizo un llamado a la paz y al entendimiento tras los incidentes registrados en su cantón y que está siendo investigada por supuesto enriquecimiento privado no justificado.
En la misma línea, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ofreció que su ciudad sea sede para un eventual encuentro entre el Gobierno y los dirigentes indígenas.
“No más ataques y muerte entre seres humanos. Hermanos ecuatorianos, es urgente dialogar y deponer posiciones”, señaló Zamora, al destacar que Cuenca puede ofrecer un espacio neutral y seguro para iniciar las conversaciones.
Ni la Conaie ni el Gobierno muestran apertura a dialogar
Por ahora, ni el Ejecutivo ni la dirigencia indígena han respondido a estas propuestas de mediación, y la confrontación parece estancada.
La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, afirmó este lunes 29 de septiembre que no habrá apertura a diálogos y calificó las protestas como “actos terroristas”.
“La seguridad y la vida de todos los ecuatorianos son prioridad. Rechazamos los ataques violentos a convoyes con alimentos, las retenciones de servidores públicos y la destrucción de bienes privados y públicos. Esto ya no es una protesta, son delitos que amenazan la vida y convivencia de los lugares donde estos hechos están sucediendo”, apuntó Jaramillo.
Mientras tanto, Marlon Vargas, máximo dirigente de la Conaie, responsabilizó este lunes también al Gobierno de infiltrar las manifestaciones con el fin de “manchar la imagen” del movimiento indígena y justificar detenciones posteriores.
El pedido del dirigente se ha enfocado en que los organismos internacionales deben intervenir en Ecuador ante lo que considera violaciones al derecho a la protesta. Respecto al diálogo con el Gobierno, Vargas ha cuestionado cómo se podría dialogar “después de asesinar” y reiteró que la Conaie se mantiene firme en el paro indefinido, respetando las decisiones de sus bases.
Entre las demandas prioritarias de la Conaie se encuentran la derogatoria del Decreto 126, la libertad inmediata de los doce manifestantes detenidos en Otavalo y que sean las bases quienes decidan si acudirán a un eventual diálogo con el Gobierno.
“Nosotros no vamos a declinar mientras el Ejecutivo continúe hostigando a los territorios donde hay resistencia”, agregó Vargas.
Los dirigentes más visibles de la Conaie han subrayado que podrían convocarse nuevas manifestaciones en Quito en apoyo a las protestas de Imbabura y que la criminalización de la lucha y la militarización de los territorios son pruebas de que el Gobierno no quiere dialogar.
Fuente: El Universo