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Hallan perforaciones clandestinas en poliducto de la comuna Sacachún, en Santa Elena

Efectivos del Ejército Ecuatoriano descubrieron en la provincia de Santa Elena dos perforaciones clandestinas en el poliducto del sector de Sacachún, una comuna ubicada a 50 kilómetros al norte de la cabecera cantonal, por donde se transporta combustible desde La Libertad hacia Pascuales.

 

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Según las autoridades, el hallazgo se produjo durante un patrullaje de rutina en el marco de una operación hidrocarburífera, siendo este el segundo caso detectado en la última semana. En un operativo anterior, se incautaron 4.000 galones de combustible transportados ilegalmente en un camión en la zona de Bajada de Chanduy.

El combustible robado, principalmente diésel, genera un perjuicio económico significativo. El gobernador de Santa Elena, Xavier Negrete, indicó que el tráfico y robo de combustible ha causado pérdidas cercanas a los USD 22 millones en lo que va de 2025, y a nivel nacional, el impacto económico por el robo de diésel supera los USD 300 millones anuales.

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Negrete agregó que, durante ese período, se han decomisado aproximadamente 30.000 galones de combustible en la provincia.

En el caso del camión incautado el fin de semana pasado, no se encontró al conductor ni a responsables en flagrancia, pero el vehículo y el combustible fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su procesamiento y para evitar riesgos de contaminación.

«El combustible decomisado es sometido a un peritaje técnico por parte de personal del ARCH para identificar el tipo de combustible y sumar elementos comprobatorios en el proceso de investigación y en la audiencia de flagrancia», explicó el gobernador.

Combustible robado se destina a sectores estratégicos
Para combatir estas actividades ilícitas, las autoridades han implementado operativos permanentes, inteligencia militar, mapeos aéreos y colaboración con Petroecuador, que notifica caídas de presión en los poliductos. Sin embargo, Negrete señaló que las bandas delictivas suelen estar alerta ante los movimientos de los convoyes del ejército, lo que dificulta la captura de los responsables en el lugar de los hechos.

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Cuando se logra detener a conductores o implicados, la Unidad de Investigación de Hidrocarburos (UIDH) de la Policía Nacional y la Fiscalía intervienen para recopilar pruebas y solicitar audiencias de flagrancia ante los jueces, quienes toman la decisión final.

El combustible robado suele destinarse a sectores estratégicos, incluso fuera de la provincia de Santa Elena, aunque por razones de confidencialidad no se han revelado destinos específicos.
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