El artículo 196 de la Constitución de Montecristi señala que el o la fiscal general del Estado permanecerá en funciones durante seis años y no podrá reelegirse.
El periodo de la actual fiscal, Diana Salazar, vence en abril del 2025, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) estima que, para que su reemplazo ya esté elegido en esa fecha, se debería iniciar el concurso de oposición y méritos respectivo a mediados del próximo año, según comentó la presidenta del organismo, Nicole Bonifaz, en una entrevista con Ecuavisa este miércoles 8 de noviembre.
Bonifaz señaló que, en vista de que estos concursos pueden durar entre seis y ocho meses, el CPCCS debería iniciar el proceso a mediados del 2024. Esto con base en la experiencia del concurso para elegir al contralor general del Estado que duró casi un año, entre cambios en los reglamentos, acciones de protección y cambios en la integración del propio CPCCS.
La Constitución señala que el concurso para elegir al fiscal general lo realiza una comisión ciudadana de selección integrada por diez personas: cinco delegados de las funciones del Estado y cinco ciudadanos escogidos también en una especie de concurso.
Los concursos para elegir a las autoridades tienen varias fases que se definen en sus respectivos reglamentos, entre ellas la postulación, la calificación de méritos, las pruebas de oposición y las impugnaciones. También deben tener el acompañamiento de una veeduría ciudadana.
La Constitución señala, asimismo, que el fiscal general solo podrá ser censurado y destituido por la Asamblea Nacional, a través de un juicio político, para lo cual se necesitan 70 votos.
El correísmo ya ha planteado, como parte de su agenda de negociaciones en la nueva Asamblea Nacional, un juicio político a Diana Salazar, algo que no ha tenido apoyo del resto de bancadas.
Fuente: El Universo
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