La gente piensa que todos los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) ganan $ 13.000. Y no. La mayoría no pasa “de $ 1.500 de sueldo”, y una vez que se ejecuta la sentencia de la Corte Constitucional reciben $ 600 o $ 700 en una quincena, a fin de mes algunos salen en $ 0.
Así lo dicen los trabajadores en condición vulnerable —que son unos 250 de los 1.795 que deben devolver $ 78,9 millones a la empresa pública por los beneficios del contrato colectivo que cobraron sin tener derecho— y que esperan una verificación de la Corte, porque su situación es peor: ya no pueden tomar sus medicinas diarias, han dejado su tratamiento, no pueden pagar sus deudas ni los servicios básicos.
Desde febrero les retiraron tres beneficios y desde agosto les ajustaron la remuneración básica unificada y aún está pendiente que la empresa empiece a recuperar los valores que corresponden por la sentencia, por lo cual “ni siquiera quieren imaginar” lo que ocurrirá. Según CNEL, está previsto que se inicie en el último trimestre de este año.
El vocero de los trabajadores de los grupos vulnerables de CNEL, Byron García, dice que sí se revisan algunos roles de las personas de grupos vulnerables, les están depositando $ 600, $ 700, pero ya había obligaciones contraídas producto de la expectativa de vida que se tenía.
“Nosotros no pedimos ese dinero. Fue a través de una sentencia que emitieron jueces de primera y de segunda instancia y concedieron las acciones de protección que se presentaron, porque en CNEL hay una desigualdad en salarios, aunque estaban haciendo las mismas labores”, dice.
Comenta que los trabajadores no demandaron porque quisieran más dinero o enriquecerse. “Eso es lo que se ha planteado ante la sociedad y no ha sido así, y lo más terrible, la gente que se profesionaliza gana menos que las personas obreras. Es un pecado ser un profesional”, agrega.
Para ellos, la sentencia de la Corte viene a ser aún más violatoria a los principios constitucionales, porque la reparación jamás puede ser más grave que el daño y es lo que ha ocurrido con el fallo.
Dentro de los grupos vulnerables de CNEL hay mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adultos mayores con enfermedades catastróficas, personas que tienen a cargo hijos con discapacidad o padres con enfermedades catastróficas, personas con discapacidades graves, crónicas, con enfermedades que deterioran la salud y generan discapacidad, entre otras.
García comenta que en el auto de aclaración y ampliación que dictó la Corte en marzo se determinó que a los grupos vulnerables se les tenga consideración especial, pero eso no ocurrió.
El caso ahora se encuentra en etapa de verificación de sentencia, en la que se han presentado escritos indicando lo que está sucediendo con los grupos vulnerables, pero todavía la Corte no se pronuncia.
“A todos nos han tratado por igual”, dice Georgina Garcés, quien lleva trabajando en CNEL 18 años en el departamento médico como odontóloga.
César Torres lleva 24 años en CNEL y ocho estuvo tercerizado. Ahora, al estar la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), ya no va a recibir la jubilación patronal y le toca esperar la del Seguro Social. “Eso es un daño. (…) Lo que está pasando es una catástrofe”, manifiesta.
Retiro de beneficios en febrero y ajuste de salario en agosto
Tras la sentencia, CNEL retiró tres beneficios: subsidios por antigüedad, familiar y de comisariato. Y para agosto, en cumplimiento del fallo, la empresa realizó el cambio de régimen laboral, pasó del Código del Trabajo a la LOEP, y con ello los trabajadores también volvieron a la remuneración que tenían antes de la ejecución de la acción de protección planteada por ellos. Esto les representó $ 300 menos del sueldo básico unificado (SBU).
Así, por ejemplo, un trabajador con el cargo de técnico de recaudación y que tenía el SBU de $ 1.026 en julio, en agosto pasó a $ 726.
Casos de los trabajadores
Cada situación es más dramática que otra y entre los problemas que se enfrentan está el de salud. Todos coinciden en que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no se pueden atender y recurren a médicos particulares.
Garcés tiene carné de discapacidad por cuatro hernias discales, padece de artritis reumatoide como secuela del COVID-19 en 2020 y está progresando la enfermedad, porque ahora no se hace atender. Por un médico pagaba $ 120 y el otro $ 80. “Son dos enfermedades. Debo tener un médico particular porque en el Seguro nunca hay. Una vez saqué y me dejaron para después de ocho meses y no puedo estar sin médico por mis enfermedades”, apunta.
Torres cuenta que tiene seis años con problemas de tiroides y siete con diabetes y asegura que hace más de seis meses no recibe insulina por parte del Seguro. Además de sus gastos en salud y los préstamos internos, dice que debe pagar manutención y con lo que recibe de salario ya no le alcanza.
Otro caso es el de Juan Carlos de la Cruz, que tiene 17 años en CNEL. La discapacidad que padece lo mantiene en silla de ruedas desde nacimiento y suma otros problemas de salud, psoriasis y auditivos. “Estoy perdiendo un oído”, agrega.
Es el único que sustenta su casa, en donde vive con su madre, que ya ha tenido dos infartos. Esperaba llegar a los 20 años de trabajo para jubilarse por discapacidad. “Una persona con discapacidad no llega a 70 años, 80 años, yo que tengo 47, mi expectativa de vida es poca, ¿cómo voy a hacer? Si no me puedo jubilar porque hay que pagar este dinero”, menciona.
Raúl Amador labora desde hace quince años en la empresa pública. Padece de diabetes, hipertensión, problemas psicológicos y comenta que sus gastos en medicina llegan a $ 180 al mes y tras los descuentos ha dejado de tomar algunos medicamentos: “Estoy tomando una o dos veces porque ahora se me ha alborotado esta situación, salgo en cero”.
Su hija de 18 años ya no pudo continuar en la universidad, tiene préstamos por pagar y, como su situación estaba mejorando, adquirió un bien que todavía no le dan porque está pagando la entrada. “Ha quedado sin estudios mi hija, mis enfermedades cada vez van empeorando, y es algo con lo que ya no se puede vivir por motivo de esta sentencia”, sostiene.
La historia se repite para Washington Jara, quien comenta que tiene 23 años en CNEL. Padece desde hace diez años de escoliosis lumbar y es hipertenso. “Prácticamente estoy para jubilarme, pero qué me voy a jubilar si voy a salir endeudado”, subraya.
La cooperativa de ahorro y crédito en donde hizo un préstamo ya lo tiene del cuello. “Estoy luchando, todos los recursos se van para allá. Tengo a mi esposa vulnerable, tiene el síndrome de Ménière, yo soy prácticamente el engranaje del hogar”, puntualiza.
Ahora lo mantiene la novación de un crédito en el IESS, pero ese dinero no será indefinido. Dejó de acudir a un médico particular, porque a partir de este año a su hija de 16 años le detectaron leucemia.
García lleva trabajando quince años en CNEL. Tenía doce contratos ocasionales y a través de las primeras sentencias por fin tuvo acceso a crédito y a adquirir un vehículo. Actualmente se encuentra con un problema de escaras, ampollas que se forman en los glúteos de las personas con discapacidad por el tiempo que pasan sentadas debido a su condición de paraplejía.
Ya no tiene para pagar el carro que lo ayuda a movilizarse. Le toca devolver las cosas que ha adquirido.
Asegura que un compañero que estaba en tratamiento debido al cáncer que padecía y que estaba en etapa terminal falleció, pues al enterarse de la situación se agravó su condición, supo que en su rol de pago recibía $ 47.
Por eso explican que la situación no es como se presenta en redes sociales, donde sienten un peso psicológico por las críticas, como si ganaran mucho. Y aclaran que se habla de recuperar casi $ 79 millones, pero que a los trabajadores no se les han pagado todos los valores y que, con base en los ingresos que deben devolver, aportaron al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al IESS.
Fuente: El Universo
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