Juicio político a Diana Salazar: destituir a la fiscal no tiene efecto jurídico y es visto como ‘represalia’ del correísmo

La destitución a la fiscal general, Diana Salazar, a través de un juicio político en la nueva Asamblea Nacional, por iniciativa del correísmo, no tiene ningún efecto jurídico en sentencias que se hayan emitido en el tiempo que lleva en funciones y más bien sería la consolidación de una especie de represalia por haber demostrado la existencia de redes de corrupción en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que derivaron en condenas de cárcel.

Salazar está en el cargo desde el 1 de abril del 2019 y debe estar en funciones hasta el 2025 y en caso de que sea destituida será el fiscal subrogante, Wilson Toainga, quien asuma para lo que reste del periodo.

Pablo Encalada, abogado penalista, explica que en caso de darse una destitución de la fiscal no hay ninguna consecuencia directa en lo jurídico ni en la validez de procesos o sentencias.

“El interés que tiene el correísmo políticamente lo entiendo, es su enemiga quizá número uno de ellos. Una cosa es enfrentar a la fiscal actual y otra a otro fiscal, que puedan tener la expectativa de que sea más cercano, pero no hay ninguna consecuencia jurídica directa frente a los procesos que ellos tienen”, explica.

Encalada menciona que la sentencia del caso Sobornos es la que más interesa al correísmo, pero que se debe tener en claro que la salida de Salazar no tiene ninguna repercusión directa, como sí lo tendría la presentación de un recurso revisión del dictamen en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), acción que ya fue presentada por dos empresarios que forman parte los sentenciados: Ramiro Galarza, dueño de la empresa Consermin, y José Hidalgo, de la constructora Hidalgo & Hidalgo, en un intento por echar abajo sus condenas por cohecho.

“En una audiencia ante la CNJ podrían obtener la revocatoria de una sentencia, aunque eso es jurídicamente super difícil porque consiste en demostrar que hubo un error, pero en Ecuador sabemos de la relación cercana que hay entre política y justicia penal, en términos de viabilidad, el correísmo está a una audiencia de que les revisen sus sentencias y para esto no necesitan a la fiscal si no a los jueces”, explica y dice que no se debe perder de vista a estas acciones.

Encalada agrega que puede que el correísmo con una salida de Salazar lo que esté buscando es sentir que tienen más posibilidades de ganar en la CNJ con otra persona al frente de la Fiscalía, pero subraya que en caso de ser el fiscal Toainga, un funcionario técnico de carrera que ha demostrado actuar sin banderas políticas y con objetividad.

El exlegislador y politólogo César Montúfar, quien fue acusador particular del exvicepresidente Jorge Glas en el caso por asociación ilícita Odebrecht, concuerda en que el interés en la destitución de la fiscal con el juicio político es en dar paso a tener un nuevo fiscal que será parte del proceso en caso de que la CNJ acepte revisar la sentencia del Caso Sobornos.

“La destitución de Salazar no va a revertir ningún proceso, pero si el fiscal cambia, puede que exista un cambio de posición y es mucho más probable que se llegue hasta anular la sentencia que les interesa…

Asimismo, destaca que la gestión de Salazar no solo se ha enfocado en el correísmo y ha abarcado y está abarcando investigaciones de relevancia política como el caso Ina Papers con el que se vincula al gobierno de Lenín Moreno y del caso Encuentro que involucra al cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera.

“El trabajo de la Fiscalía no debe inclinarse a ningún lado de la política en particular, debe estar exento de toda perspectiva política partidaria y en el caso de la fiscal Salazar se deben mirar todos los procesos, no solo se pueden ventilar unos y no otros”, dice.

No obstante, otros juristas si han cuestionado a la funcionaria e incluso han hablado que tendría una agenda política propia para explicar y entender su accionar frente a las diferentes causas e investigaciones.

El correísmo ha dejado claro que en sus prioridades está ejecutar un juicio político contra Salazar en el Legislativo, que entrará en funciones el próximo 20 de noviembre.

El abogado penalista Eduardo Franco Loor, quien fue parte del equipo jurídico de Jorge Glas, asegura que la Asamblea tiene como competencia exclusiva realizar control político a la fiscal y la potestad de desarrollar un juicio político, según el artículo 131 de la Constitución, y que iniciarlo no tiene nada que ver con favorecer a la impunidad ya que no tiene un efecto jurídico y todos las sentencias seguirán iguales.

Explica que, bajo su criterio, la fiscal “ha hecho méritos para buscar su destitución” y dice que ha incumplido normas constitucionales y legales y merece ser llevada a juicio político y aunque en el artículo 131 la causal sea muy genérica al hablar solo de poder enjuiciar por “incumplimiento de funciones”.

Franco Loor subraya que en el artículo 194 se establece que la fiscal debe actuar con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso, lo que considera Salazar a inclumplido y la califica como un “instrumento político de los gobiernos de turno en contra de los dirigentes de la Revolución Ciudadana”.

“La sentencia por influjo psíquico a Rafael Correa es un hecho monstruoso y determina que la fiscal es un instrumento político, porque lo que se quería era inhabilitar al expresidente para las elecciones de 2021. La fiscal ha dejado pasar muchas cosas… caso Ina papers, caso Pandora papers, los narcogenerales, el asesinato de Fernando Villavicencio, corrupción en Petroecuador y en el reparto de hospital y más, donde no ha hecho absolutamente nada”, subraya.

Asimismo, el jurista reitera que la Asamblea está en su derecho de hacer el juicio y luego de cumplir con todas las etapas, incluida la de la defensa por parte de Salazar, se debe ver si se reúnen o no lo votos para concretar una destitución. Añade también que es partidario de que el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso se retome en cuanto asuma el nuevo Legislativo.

La Asamblea Nacional aún no se instala, pero los acercamientos políticos entre bancadas ya se han dado. La Revolución Ciudadana pidió un eventual juicio a la fiscal, según lo confirmó el expresidente Correa el pasado 3 de noviembre, cuando intercambió acusaciones en la red social X con el legislador socialcristiano Henry Kronfle, que aspira captar la presidencia del Parlamento.

Kronfle dijo que su bancada nunca ha estado de acuerdo con un juicio político contra la fiscal y que no existe ningún acuerdo entre bloques, pero Correa lo desmintió y afirmó que sí existe un acuerdo y que el juicio sí se hará.

Pero desde Washington, en tanto, el presidente electo, Daniel Noboa, anunció que no apoyará un juicio político Salazar, quien se ha defendido diciendo que “no es la primera vez que los sentenciados amenazan”.

Sin embargo, para Montufar que la nueva Asamblea dedique tiempo y esfuerzos a sacar adelante el juicio político contra Salazar, cuando tendrá tan poco tiempo, solo terminaría contribuyendo en desgastarla.

“Hay temas de mayor trascendencia y si se enfocan todos los esfuerzos en un juicio político, la percepción en la ciudadanía será que la Asamblea cayó de nuevo en el juego político que los ecuatorianos repudian”, opina.

Otros intentos por destituir a la fiscal Diana Salazar

En tanto, este intento del correísmo de destituir a la fiscal no es el primero. Antes ya se ha buscado fiscalizar su gestión, revisar su nombramiento y hasta su titulación universitaria.

El hecho más reciente fue el intento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que en octubre pasado resolvió convocar a una veeduría ciudadana para revisar las actuaciones del extinto Consejo Transitorio, entre ellas la designación de Salazar y los actuales jueces de la Corte Constitucional, lo que se determinó que incumplían una sentencia de esta última, y derivó en la destitución de Alembert Vera como presidente y vocal.

Asimismo, a inicios de junio pasado el CPCCS convocó una audiencia pública para que la fiscal se defienda de una acusación sobre un presunto “plagio” de los documentos con los que llegó a ser electa y en esos mismos días, el Consejo de la Judicatura (CJ) elaboró un informe que recomendaba su suspensión temporal del cargo, lo que no procedió ya que no se trata de un funcionario de carrera.

Antes, en noviembre de 2021, sonó también un juicio político en su contra cuando la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, que fue disuelta con la muerte cruzada en mayo pasado, amenazó con iniciarlo por una denuncia de supuestas irregularidades en la aprobación del expediente del caso ‘Pandora Papers’.

Investigaciones más relevantes en la gestión de Salazar

• Caso Sobornos en el 2020 con el que el expresidente Rafael Correa (2007-2017), el exvicepresidente Jorge Glas y otros involucrados fueron sentenciados a ocho años de cárcel por el delito de cohecho. La Fiscalía demostró la existencia de una estructura que recibía sobornos de contratistas del Estado a cambio de la adjudicación de obras.
• Caso Las Torres en febrero de este año en el que se sentenció al excontralor general Pablo Celi por el delito de delincuencia organizada a trece años de cárcel. La Fiscalía demostró que una estructura criminal pidió sobornos a contratistas de la empresa pública Petroecuador a cambio de desvanecer glosas y el pago de facturas pendientes.
• Caso Carrión, entre 2021 y 2023, que derivó en la sentencia contra el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual. La Fiscalía demostró ante que el exfuncionario abusó sexualmente de una mujer durante una reunión en la casa del exministro de salud Mauro Falconí, durante las restricciones por la pandemia de COVID-19.
• Caso Hospital de Pedernales con el que se sentenció al exlegislador Daniel Mendoza por el delito de delincuencia organizada a cuatro años y dos meses de cárcel. En medio de la pandemia, la Fiscalía investigó el desvío del dinero asignado por el Estado para la construcción de la casa de salud en ese cantón manabita. (I)

Fuente: El Universo