Tras seis años de vaivenes en la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) prevé designar a su nueva autoridad titular que estará en funciones por los próximos cinco años.
En marzo del 2017, el CPCCS de ese entonces designó como contralor a Carlos Pólit Faggioni, que renunció a su cargo en junio del 2017 y fue censurado por la Asamblea Nacional por su participación en el caso de corrupción Odebrecht, por el cual fue procesado por el delito de concusión y es considerado prófugo de la justicia.
Lo reemplazó como contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, también procesado por delincuencia organizada y tuvo que renunciar, pues se encontraba guardando prisión en la cárcel 4 de Quito.
A él lo sucedió Valentina Zárate que renunció; y, finalmente asumió Carlos Riofrío González, que se encuentra en funciones prorrogadas desde marzo del 2022, a la espera de que el CPCCS designe al nuevo titular de la institución.
Para este martes, 7 de noviembre a las 08:00, están convocados a una sesión extraordinaria los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana para conocer y resolver sobre el informe final que contiene los nombres y puntajes de 103 personas que se postularon en el concurso público para la elección del contralor del Estado.
La sesión no será presencial, sino virtual por la programación de cortes de luz, efecto del estiaje en las centrales hidroeléctricas del país, se argumentó.
El 1 de noviembre, la comisión ciudadana de selección del contralor, que integra a diez personas, aprobó el informe final de este concurso que se ha prolongado por doce meses y estuvo caracterizado por la interposición de acciones de protección de concursantes que sintieron afectados sus derechos.
En el informe, de los 103 aspirantes, Mauricio Xavier Torres Maldonado, ocupa el primer lugar al haber obtenido 91 sobre 100 puntos, tras el proceso de calificación y recalificación de méritos y del examen de conocimientos.
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Los vocales del CPCCS designarán a la autoridad con base en el informe de la comisión que tiene el carácter de vinculante, por lo que no puede ser modificado.
Sin embargo, en el cuerpo colegiado no habría unanimidad para acoger los resultados del concurso: cuatro consejeros estarían a favor y tres reclaman falta de transparencia en el desarrollo del proceso.
De los siete votos, los cuatro a favor serían los de: Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Juan Esteban Guarderas y Nicole Bonifaz.
En la minoría se encuentran Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto, que cuestionaron a los diez miembros de la comisión ciudadana de falta de transparencia en la fase de recalificación de méritos y de la prueba escrita, porque sus reuniones de trabajo no fueron transmitidas en vivo a través de plataformas digitales.
Además, porque suspendieron de sus funciones de secretario de la comisión, a Francisco Toral, cercano al expresidente del Consejo, Alembert Vera, destituido de su cargo por la Corte Constitucional (CC).
De haber un bloque de mayoría a favor del informe y que de ello resulte la designación de Mauricio Torres Maldonado, su resolución será enviada de inmediato a la Asamblea Nacional para que proceda con la posesión.
El artículo 50 del reglamento establece que «proclamados los resultados definitivos del concurso, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana remitirá en forma inmediata el nombre de la autoridad seleccionada a la Asamblea Nacional para su posesión».
Una vez que Torres sea posesionado en el pleno legislativo asumirá su cargo para un periodo de cinco años, como lo dispone la Constitución en el artículo 205.
Con su llegada, terminará oficialmente el periodo prorrogado 2017-2022, para el cual fue electo el excontralor Carlos Pólit Faggioni.
En el Consejo también hay expectativa por la decisión que tome un juzgado de la Unidad Judicial de Carapungo en Quito, luego que una persona identificada como Francisco Luna Aguirre planteó una acción de protección con medida cautelar, en la que impugna la resolución de recalificación de méritos que aprobó la comisión ciudadana el 30 de octubre.
Hasta el cierre de este artículo, el juez Miguel Michuy Vega, no convocada a audiencia para resolver el pedido, ni se pronunció sobre las medidas cautelares para suspender el concurso. (I)
Fuente: El Universo
