Para algunos analistas, la movilización del Gobierno Nacional hacia la Corte Constitucional (CC), en Quito, este martes, 12 de agosto de 2025, profundiza la pugna del Ejecutivo con el órgano de control constitucional.
El presidente Daniel Noboa y ministros de Estado como John Reimber, del Interior; Gian Carlo Loffredo, de Defensa; Zaida Rovira, de Gobierno; Alegría Crespo, ministra de Educación; así como el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y otros legisladores de la bancada oficialista ADN, marcharon hacia la Corte Constitucional, acompañados de ciudadanos que llegaron desde diferentes provincias del país como Carchi, Imbabura, Manabí, Esmeraldas, Guayas, entre otras.
La consigna fue rechazar la resolución de la CC de suspender, de manera provisional, 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública.
Los asistentes criticaron enfáticamente a los nueves jueces que integran la Corte Constitucional. Incluso, hubo quienes exigieron su salida y hasta la cárcel. Las consignas en contra de la CC estuvieron acompañadas de pancartas y gigantografías con los rostros de los magistrados y la leyenda: “Estos son los jueces que no están robando la paz”.
Según Karen Sichel, abogada, docente y exsubsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia, la finalidad de la manifestación fue quitarle cualquier tipo de independencia a Corte Constitucional, para que sus magistrados tengan temor al momento de emitir sus sus sentencias.
“Lo que hizo el presidente es una aberración política y ética, lejana a cualquier principio democrático. Esto muestra grandes rasgos de lo que nos preocupaba del correísmo. Eso debería preocuparnos”, dijo a EL UNIVERSO.
La abogada sostuvo que si bien la Corte Constitucional no es un órgano perfecto, pues ha tenido errores y debería haber un debate serio sobre las funciones de la CC., lo que está haciendo el Gobierno es ‘antagonizar’ a la Corte, porque está haciendo su trabajo al fiscalizar y limitar las ilegalidades e inconstitucionalidades del Gobierno.
“Nosotros no deberíamos alegrarnos porque el presidente quiere amedrentar a los jueces. Deberíamos alegrarnos cuando el presidente permita que los jueces actúen de manera independiente y ese es otro de los problemas del Ecuador, que sus ciudadanos, en sí mismos, no reconocen el peligro de que el presidente actúe de esta manera”, resaltó.
A su vez, Sichel consideró que esta medida del Gobierno es peligrosa, ya que en cualquier país democrático tiene que haber cortes independientes. “Si es que a nosotros nos interesa construir un país de paz tiene que haber un presidente y una Asamblea que legisle cumpliendo con la ley y con la Constitución”, dijo.
Por su parte, André Benavides, abogado constitucionalista, sostuvo que la movilización de este martes fue innecesaria, pues acentúa más la pugna y confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.
“Al final del día, no se hizo una marcha para defender los derechos de los ciudadanos, sino para indicar que es una Corte a la que no se puede controlar”, dijo.
Mientras que sobre una posible influencia de esta movilización en las decisiones de los jueces, Benavides comentó que los magistrados ya han señalado que no van a resolver en función de lo que haya pasado en la opinión pública, en los medios de comunicación o en esta marcha, así que esto no va a influir, ya que los jueces actúan con independencia.
En tanto que Augusto Aguirre, abogado constitucionalista, opinó que esta acción convocada por la primera autoridad de la Función Ejecutiva, dotó a la movilización de una connotación institucional.
“Hay claros ejemplos de participación de funcionarios públicos, de bienes públicos, lo cual está sujeto a las acciones de control tanto de la Asamblea Nacional, Contraloría General y Fiscalía General. Hubo un evidente uso de la institucionalidad y de recursos públicos que deberá apreciarse”, opinó.
Asimismo, para el constitucionalista lo que ha hecho el Ejecutivo es “una abierta vulneración a el principio constitucional de independencia de funciones que reconoce la Constitución, al respecto de que una institución del Estado arremete contra una institución que forma parte de otra función del Estado, a partir de ejercicio de sus atribuciones”.
“Es un acto antidemocrático, un ejercicio autoritario que afecta la democracia y la independencia de funciones”, consideró Aguirre.
Este tipo de movilizaciones no debe influir en la valoración constitucional que hagan los jueces sobre las demandas de inconstitucionalidad que deben resolver, consideró.
Tras su arribo a la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa dijo que no se permitirá que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan sus caras, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad. “El Ecuador está cambiando, juntos lo vamos a cambiar”, enfatizó frente a los asistentes.
Los ministros de Estado destacaron el apoyo de la ciudadanía.
Reimberg sostuvo que, con la marcha ciudadana, “el jefe de Estado manda un mensaje claro a los nueve jueces que están metidos en ese búnker, que no salen a dar la cara, a los nueve jueces que le han quitado las leyes de seguridad a los ecuatorianos y que quieren que los grupos delincuenciales tengan más fuerza que la Policía y las Fuerzas Armadas”.
“Tenemos que lograr la paz, cueste lo que nos cueste y lo vamos a hacer sin descanso”, sentenció Reimberg.
Inés Manzano, ministra de Energía, sostuvo que la ciudadanía sabe que los jueces se han extralimitado.
“Hemos propuesto normas que son para la seguridad del país y respecto a mi sector, con la decisión de la Corte, la minería ilegal va a abundar. Entonces, yo me pregunto quién está de la mano de la minería ilegal y la respuesta podría ser: los jueces”, dijo la secretaria de Estado.
Por su parte, en un comunicado, la CC afirmó que reconoce el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica, sin embargo, puntualizó que estas manifestaciones deben ejercerse dentro del respeto a la institucionalidad y sin menoscabar la función de los órganos que la Constitución ha dotado de autonomía para velar por el interés general.