Convocar a los militares en servicio pasivo a trabajar como guías penitenciarios y distribuir el control de las 35 cárceles del país a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional son las primeras medidas que anuncia el gobierno de Daniel Noboa, en el marco de la fusión de un crítico sistema carcelario que pasará a ser parte del Ministerio del Interior.
El 24 de julio de 2025, el jefe de Estado dispuso la fusión de quince ministerios, secretarías y servicios, como parte de un llamado ’plan de optimización’ que se lo encargó a su secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, adelantó que en las siguientes semanas se trabajará en los estatutos y los manuales de puestos para la nueva estructura de la Función Ejecutiva.
Una de las fusiones que deben complementarse es la del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) al Ministerio del Interior.
El ministro del ramo, John Reimberg, ofreció que esta unificación será para mejorar los servicios, aunque no ha revelado desde cuándo y cómo se lo hará.
En entrevistas con varios medios de comunicación en los últimos días, Reimberg comentó que entre los planes está el repartir el control de las 35 cárceles del país a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que se encarguen de la seguridad y controles internos y externos.
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Está a la espera de que la Presidencia de la República le dé un ‘visto bueno’ a su propuesta de facilitar la contratación de militares en servicio pasivo para el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria y sumar funcionarios.
Esta acción está en análisis de la Secretaría Jurídica del Palacio de Gobierno, pero la idea es hacer que los militares no pierdan o vean reducida su pensión de retiro, ya que al volver a trabajar en el servicio público pierden este beneficio que, en la actualidad, se concede a aquellos que se retiran a los 20 años de servicio.
Es decir, se intentará que cobren su sueldo y su pensión.
La expectativa del ministro es reclutar 10.000 nuevos guías y, de hacerlo, los policías y militares que están ahora cuidando de los centros de rehabilitación saldrán a las calles para los operativos de control.
La situación del SNAI, según sus números
El SNAI se creó por el Decreto Ejecutivo 560 del 14 de noviembre de 2018, en el gobierno de Lenín Moreno, quien extinguió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que lo habilitó su antecesor Rafael Correa.
Desde entonces se lo ha mantenido, sin que haya podido cumplir algunas de sus metas, según sus propias cifras.
Una de ellas, vincular personal para cubrir la vigilancia en las 35 cárceles en donde hasta marzo de 2025 están recluidas 34.359 personas privadas de la libertad (PPL).
La institución tiene 3.956 servidores, de los que 2.696 son parte el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de las PPL.
Sin embargo, para garantizar la seguridad de las prisiones se requieren 3.346 guías, considerando que los estándares internacionales recomiendan que haya un agente por cada diez presos.
Esto genera un “déficit de 7.612” guías, describe un informe de la institución. “Hay una brecha significativa en la capacidad de seguridad y vigilancia”, describió el SNAI.
Adicionalmente, al haber más de 34.000 reos, lo ideal es rotarlos por tres turnos al día, pero para llegar a esa cobertura necesitan de 10.308 personas. Por ello, el déficit asciende a 7.612 guías.
Al 2025, el Servicio esperaba contar con 4.000 agentes de seguridad, pero en diciembre del 2024 llegaron a 2.711 y no pudieron contratar personal porque el Ministerio de Economía y Finanzas no les asignó los recursos.
Para inicios de este año, otro de sus objetivos era contar con un centro de formación y capacitación para el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia.
Avanzaron “0 %” en su meta y continúan buscando edificios con pedidos a la Secretaría de Gestión (Inmobiliar) y a los ministerios.
Se propusieron reducir la tasa de hacinamiento por debajo del 10 %. Al contrario, subió al 20,74 %, debido a la declaración de conflicto armado interno y los continuos estados de excepción del año pasado.
En el 2024 se le asignó un presupuesto de $ 182’975.006, del que se devengaron $ 108’ 321.890.
El 94,87 % fue para el gasto corriente y 11,13 % para inversión; pero su baja ejecución se debió a que no se invirtieron $ 25’166.139 asignados para la construcción del centro penitenciario en Archidona (Napo) por las protestas de rechazo de parte de la población.
En tanto, para la construcción de la cárcel en Santa Elena se destinaron $ 44 millones que no se ejecutaron por la paralización de la obra tras un atentado, cita su informe anual.
Para la alimentación de los presos, del 1 de enero de 2024 y hasta el 2026, se contrató a Conalec S. A. S. por $ 22’411.000 y a otras empresas más, como Gourmet Food Service, por $ 8′179.319.
Pese a la inversión, un informe de la Defensoría del Pueblo detalla que en enero del 2024 en la cárcel del Azuay se entregaba “por más de quince días la misma ración alimenticia y una sola vez al día”, en diferentes horarios.
Incluso, debido a los amotinamientos y la entrada de los militares y policías para los operativos de control, los proveedores no ingresaban los alimentos ni tampoco el personal de cocina para precautelar su seguridad.
Para suplir las carencias, se entregaron dos panes, dos guineos, una galleta y raciones de atún, una vez al día.
Proliferan las ratas, había daños en las tuberías y las aguas servidas salían hacia los patios.
El agua escasea, al igual que la energía, no se entregan toallas higiénicas; y en la cárcel de El Inca, las mujeres cumplen la medida junto con sus hijos, causando hacinamiento en determinados pabellones.
La Defensoría recomendó a la Fiscalía, Ministerio de Defensa, comandancias de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que se investigue sobre posibles “prácticas de tortura, malos tratos y actos de odio y discriminación por parte de los efectivos hacia grupos LGBTIQ+”.
En el contexto del conflicto armado interno, que declaró Daniel Noboa en enero de 2024, se realizaron 39 operaciones de control con las que se bloquearon 16.811 equipos celulares.
Para ejemplificar, en la Penitenciaría del Litoral se bloquearon 9.722 dispositivos; en la cárcel de Latacunga fueron 4.669; y, el número más bajo se reportó en la cárcel de El Inca, en Quito, en donde se bloquearon dos equipos, según los reportes.
Pese a las medidas y la intervención de la fuerza pública, en lo que va del 2025 se incautaron armas, municiones, explosivos y sistemas de comunicación, que se usan para ordenar actos delictivos.
Tras 32 operativos se requisaron 847 municiones, 107 celulares, 9 armas largas y 2 explosivos.
Desde la sociedad civil, el Comité Permanente por los Derechos Humanos, que preside Billy Navarrete, cuestionó esta fusión porque desconoce que “la gestión penitenciaria debe regirse por un enfoque de rehabilitación y no de control policial”.