Una vez que el Gobierno saliente incumplió una sentencia constitucional que lo obligaba a cancelar al Consejo de la Judicatura (CJ), como medida de reparación integral, el monto correspondiente al déficit del gasto corriente y de proyectos de inversión para el 2023 de la Función Judicial, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, ya piensa en reunirse con el nuevo presidente de la República, Daniel Noboa, no solo para coordinar el trabajo interinstitucional, sino también para conseguir recursos económicos que permitan superar el déficit de servidores judiciales, mejorar la infraestructura, dotar de insumos…
Menos de un mes le queda al Gobierno del presidente Guillermo Lasso antes de dejar sus funciones en manos de Daniel Noboa, quien fue electo presidente de Ecuador con el 51,83 % de la votación a nivel nacional. Terán dice tener optimismo y seguridad de que las cosas irán bien con el presidente electo. Aspira a que el nuevo Gobierno enderece el comportamiento que el Poder Ejecutivo ha mantenido con otro de los poderes del Estado: el Judicial.
Para el titular de la Judicatura, el gobernante saliente se va incumpliendo la sentencia de apelación del tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que, a inicios de septiembre pasado, le dio quince días a la Presidencia de la República, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que cancelen como medida de reparación integral el monto correspondiente al déficit del gasto corriente y los proyectos de inversión priorizados del ejercicio fiscal 2023.
Esta decisión tiene origen en una acción de protección planteada en abril pasado por Terán, a pocos meses de ser posesionado en el cargo de presidente del CJ. La acción fue aprobada parcialmente por la jueza constitucional de Pichincha Cecilia Pareja, quien determinó que se vulneró el derecho de acceso a la justicia, pero no dio paso a que el Ejecutivo transfiera cerca de $ 265′000.000 a la Función Judicial, monto que supuestamente representaba el déficit del organismo.
Paralelamente, la jueza definió que el CJ, el MEF y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) instalen mesas técnicas para establecer qué proyectos serán priorizados.
Casi cinco meses después, el 7 de septiembre pasado, un tribunal penal de la Corte Provincial de Justicia, transformado en tribunal constitucional, aceptó parcialmente la apelación de Wilman Terán y rechazó las apelaciones que impulsaron el Ministerio de Economía y la Defensoría del Pueblo.
El titular de la Judicatura asegura que, más allá de haberse instalado las mesas técnicas definidas, de lo que en sentencia se dispuso, es decir, la entrega de recursos, nada se ha cumplido.
El ministerio informó a través de un comunicado que los recursos asignados para esta entidad se han desembolsado de acuerdo a la planificación del presupuesto general del Estado, así como en cumplimiento de lo dispuesto por la jueza Cecilia Pareja en primera instancia sobre este caso.
El MEF reiteró su preocupación por el interés del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, por judicializar y politizar el manejo de las finanzas públicas, el cual debe cumplir un estricto carácter técnico y de planificación.
“Recibo la noticia de que ganamos la apelación de la acción de protección propuesta contra el Gobierno nacional por recursos que se adeudan al Poder Judicial. El presidente Guillermo Lasso tiene quince días para asignar los recursos que se adeudan a la Función Judicial, con los que se empezará el Plan Maestro de Celeridad Procesal”, señalaba Terán en un video colgado a inicios de septiembre en la cuenta institucional del CJ en la red X.
Al ser abordado sobre este tema, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aclaró en su momento que el Ejecutivo no está en mora con la Función Judicial, sino que ha entregado los recursos presupuestados formalmente. Desde su perspectiva, la sentencia no tiene lógica, porque responde a una acción de protección del Estado contra el propio Estado. “Es muy fácil ir donde un mismo juez cuando tú eres el administrador de la justicia. Yo siento que el presupuesto se hace con base en ingresos reales y no en suposiciones”.
El Plan Maestro de Celeridad que construye el CJ buscaría concretar objetivos respecto al mejoramiento de los servicios de la Función Judicial, y la prioridad serían doce proyectos. Según el CJ, con el plan se esperan como resultados espacios físicos para la atención, suficientes jueces para garantizar el pronto despacho de los trámites judiciales ciudadanos, citaciones rápidas y sentencias prontas.
El Plan de Celeridad es uno de los primeros proyectos planteados por el Consejo de la Judicatura para superar la crisis que vive el sistema nacional de justicia”, se explica desde la Judicatura.
Wilman Terán reconoce que, al ser parte de su cargo como presidente del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, debe procurar una reunión con el primer mandatario para dialogar sobre la situación del sistema de justicia, los retos y las ideas que tiene respecto a ellos el nuevo presidente. También piensa que es importante extender líneas de diálogo con el Poder Legislativo, pues la lógica debe ser que los poderes del Estado deben dialogar y coordinar sus acciones.
Salir de la función no deslinda responsabilidades en el incumplimiento de una resolución constitucional, explicó Terán, quien cree que la justicia sabrá entregar las sanciones a quien corresponda por no cumplir lo que la sentencia por la acción de protección define. “No soy quién para decir qué sucederá; eso es imperio del juez”, dijo.
Cifras que maneja el CJ refieren que el presupuesto general de la Función Judicial en el año 2012 fue de $ 656,4 millones, mientras que para el 2023 fue de $ 347,7 millones. Esto significaría, se ha dicho, una reducción aproximada de 52,97 % en la asignación de recursos para la administración de justicia, tomando en consideración que ha existido un incremento poblacional.
Dentro de las mesas técnicas se conoció que, de los proyectos que el CJ presentó inicialmente, han sido priorizados los emergentes, los cuales sumarían $ 155 millones. Respecto a los proyectos de inversión que están en la lista de prioritarios, el MEF debía establecer la fuente de financiamiento y la disponibilidad presupuestaria.
Para resolver la falta aproximada de 692 jueces, repotenciar la infraestructura judicial, evaluar a los servidores judiciales, adquirir insumos y equipos, cumplir con el pago de jubilaciones, entre otras obligaciones prioritarias, servirían los recursos requeridos por la Función Judicial. (I)
Fuente: El Universo
