Organizaciones de trabajadores que preparan acciones en rechazo del despido masivo de 5.000 funcionarios públicos sostienen que la medida es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del financiamiento de $ 5.000 millones que se otorgará a Ecuador.
La tesis de los sindicatos se ha hecho eco en varios actores sociales, políticos y en algunos ciudadanos, quienes han expresado sus reparos y preocupaciones por los efectos sociales y económicos de la desvinculación de personal, así como por la fusión de entidades públicas que reducirá de 20 a 14 ministerios y de nueve a tres secretarías de Estado.
Los 5.000 trabajadores que saldrán del sector público representan alrededor del 0,057 % de toda la Población Económicamente Activa (PEA), con corte a junio de 2025, y el 0,158 % de los trabajadores con empleo adecuado.
El reporte del FMI sobre la segunda revisión del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), publicado el 21 de julio, contiene metas de ajuste del gasto en sueldos del sector público hasta el año 2028.
Sin embargo, en el documento no se especifican medidas puntuales para alcanzar dichos objetivos. No se precisa una recomendación o disposición relacionada con un despido masivo de empleados públicos.
En el Plan de Consolidación Fiscal, contenido en el informe, se proyecta un ajuste del 1,2 % del PIB en el gasto de sueldos y salarios entre los años 2024 y 2028.
Según esto, entre los años 2024 y 2026 el ajuste deberá ser del 0,2 % por año; mientras que para el periodo 2027 y 2028 será del 0,3 % anual.
Cuando la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, anunció el jueves la decisión de desvincular a 5.000 trabajadores del sector público, principalmente de entidades del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), descartó que esto responda a una solicitud del FMI.
Argumentó que la separación de personal atiende al propósito de “tener un Estado eficiente”. Y que en los próximos meses se iniciará un concurso, un proceso, en el que “se abrirán nuevas partidas (presupuestarias) para (contratar a) jóvenes que quieran participar y que quieran vincularse al servicio público”.
Lo dicho por Jaramillo implica que no se suprimirán por completo todas las partidas presupuestarias de los 5.000 funcionarios que serán separados del Estado. No obstante, aún no se tiene claro cuántos puestos serán ocupados por nuevos trabajadores.
Al observar los datos del plan de consolidación fiscal del Fondo Monetario, se puede concluir que la reducción del gasto en salarios “va a ser compensada, es decir, no va a haber una reducción significativa, importante”, comentó el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas.
Hasta el momento, el Gobierno no ha dado a conocer a cuánto ascendería el monto por la desvinculación del personal.
El exministro estima que el despido de los 5.000 servidores podría representar un costo anual por alrededor de $ 100 millones. “Es relativamente pequeño en términos del PIB”, apuntó.
“Esta reducción del 0,2 % está más basada en la lógica de que el Gobierno se comprometa a al menos mantener el mismo nivel de gasto en nómina y que la economía crezca”, analizó y añadió que el plan también considera un incremento de ingresos en el orden del 0,8 % por el lado de impuestos, en 2025, así como otros rubros.
Ortiz indicó que el corte de la nómina debe ser realizado de manera técnica, identificando a aquellos funcionarios que no están cumpliendo su rol con eficiencia. Y que, si son reemplazados, ingresen nuevos servidores con perfiles idóneos.
En 2024, el gasto de egresos en personal alcanzó los $ 9.862 millones del presupuesto devengado, según la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas.
Al compararlo con el 2023, se evidencia un incremento de $ 123,55 millones (1,27 %) en este grupo de gasto y una participación del 8,01 % del PIB estimado del 2024.
Dentro de Presupuesto General del Estado (PGE) prorrogado para 2025, que está valorado en $ 36.063 millones, se estimó gastar $ 9.654,77 millones para pagar sueldos en el sector público.
El egreso en personal proyectado abarca aproximadamente el 27 % del presupuesto fiscal prorrogado.
Hasta junio de este año ya se han devengado $ 4.731 millones, según datos del Ministerio de Finanzas.
El presidente Daniel Noboa, durante la sesión solemne en honor a Guayaquil en el marco de las fiestas julianas, dijo el viernes que la decisión de separar personal fue “muy dura”.
“Ayer (jueves) hemos tomado una decisión muy dura, pero era lo que la gente pedía: sacar a gente que no está comprometida con el país y darles oportunidades a jóvenes, a personas y profesionales que van a servir con amor, y no a boicotear el trabajo del Ejecutivo y no trabar las acciones de los que sí quieren trabajar”, expresó el mandatario.
Para el economista Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, “está bien que se reduzca el gasto público” si se identifican brechas frente a los ingresos, pero esto debe “obedecer a un análisis técnico, sujeto a evaluaciones”.
Lo que se debe evitar, dijo el experto, es repetir errores en el proceso de optimización del gasto que ocurrieron en la administración de Lenín Moreno. Recordó que varias desvinculaciones se ejecutaron sin técnica y más adelante los funcionarios volvieron a sus cargos tras ganar procesos judiciales, lo que además implicó pago de indemnizaciones millonarias.
Respecto del reporte del FMI, Salvador puntualizó que “el informe sí menciona un tema relacionado a la contención de la masa en el sector público, no en el presupuesto únicamente, sino en todo el sector público”.
Comentó que en este tipo de documentos no se ponen estrictamente las acciones puntuales a seguir, sino las metas y la estrategia.
“Aquí la estrategia y la meta a seguir es una reducción neta en términos de masa salarial, justamente para evitar reasignaciones que han sucedido en los últimos años, a pretexto del decreto de austeridad, que se dejaba de gastar en unas cosas, pero se aumentaba en otros ítems, y al final, la reducción neta no cumplía las metas establecidas. Aquí lo que se fija es, justamente, una reducción neta que va hasta los siguientes años”, describió.
Salvador añadió que existen riesgos asociados a la reducción de personal y la fusión de instituciones, que deben ser atendidos con cuidado por las autoridades, como una precarización de servicios públicos y la posibilidad de repetir errores del pasado.
Las desvinculaciones empezaron a ser notificadas a los trabajadores el mismo jueves por la tarde, después del anuncio de la vocera del Gobierno, confirmó Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep).
Ministros de Estado señalaron el viernes, en Guayaquil, que el proceso tomará meses.
Los economistas consultados reconocieron que la desvinculación de los 5.000 servidores afectará a sus familias y tendrá efectos sobre el consumo de los hogares, considerando que el mercado laboral ecuatoriano es complejo. (I)