La Contraloría General del Estado detectó al menos tres posibles delitos en la adjudicación de contratos a la empresa estadounidense Progen, encargada de construir las termoeléctricas Salitral, en Guayaquil, y Quevedo, en Los Ríos.
Las obras, que debían aportar 150 megavatios al sistema eléctrico nacional, quedaron inconclusas.
Según el contralor general, Mauricio Torres, la auditoría realizada por el organismo identificó presuntos casos de peculado, tráfico de influencias e incluso estafa.
“Hay varias personas, desde el nivel jerárquico superior hasta mandos medios”, indicó Torres en una entrevista, sin revelar nombres.
El informe señala que hay al menos 10 personas con responsabilidad penal, entre ellas funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y de la Unidad de Negocio Termopichincha, que estuvo a cargo de ejecutar los contratos delegados por la gerencia general de CELEC.
Durante el período en que se firmaron los contratos con Progen, entre abril y octubre de 2024, el gerente general de CELEC era Fabián Calero, quien posteriormente fue nombrado viceministro de Energía.
Calero renunció siete días antes de que la Contraloría apruebe el informe con los hallazgos penales.
La investigación reveló que los equipos contratados no cumplirían con las especificaciones ofrecidas.
“Hemos encontrado equipos que no se pueden revisar porque aún están embalados, pero los documentos que se pagaron demuestran que son equipos usados, no nuevos, lo cual representa un incumplimiento contractual”, aseguró Torres.
Por su parte, Progen aseguró que Celec conocía con claridad las especificaciones técnicas de los equipos adquiridos.