La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) inició el cobro de la controvertida tasa minera, medida que ha generado un fuerte rechazo en el sector extractivo. Según la resolución 2025-0028-R, emitida el 27 de junio, los titulares de concesiones mineras deberán empezar a pagar esta tasa desde julio, dependiendo del régimen y la fase en la que se encuentren.
La normativa, que se basa en la resolución Arcom-003/25 y que entró en vigencia el 31 de mayo de 2025, establece que los pagos se realizarán en dos cuotas semestrales —julio y diciembre— para la mediana y gran minería, así como para licencias de comercialización. En cambio, la pequeña minería y el régimen general deberán hacer un solo pago anual hasta el 31 de enero.
La tasa se calcula en función del salario básico unificado (SBU), con montos que varían entre el 3 % y el 100 % del SBU por hectárea minera, dependiendo del régimen y la fase (evaluación económica, exploración o explotación). Para las licencias de comercialización se estableció un cobro fijo de 10 salarios básicos.
Excepcionalidad para 2025 y proceso coactivo
Dado que la medida se implementó a mitad de año, la Arcom aclaró que para 2025 el cobro será proporcional al tiempo transcurrido desde su entrada en vigencia. Asimismo, quienes no cumplan con el pago hasta el 31 de julio o el 31 de enero, según corresponda, enfrentarán procesos coactivos a partir del mes siguiente.
El Gobierno proyecta una recaudación de $ 100 millones en lo que resta del año y hasta $ 220 millones en 2026, recursos que financiarán principalmente las operaciones de la Arcom.
Rechazo de la industria minera
La Cámara de Minería del Ecuador y varias empresas del sector han expresado su preocupación por la medida. Advierten que afectará especialmente a las operaciones en fase de exploración, etapa en la que aún no existen ingresos, pero se asumen altos costos de inversión.
Según representantes del sector, la imposición de esta tasa atenta contra la seguridad jurídica y representa un cambio en las reglas del juego que podría desincentivar futuras inversiones en el país.
Demanda de inconstitucionalidad
En medio de estas tensiones, la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting, presentó el 1 de julio la primera demanda de inconstitucionalidad contra la tasa minera. Esta acción judicial fue remitida a la Corte Constitucional y busca la nulidad de los artículos 1 y 2 de la resolución Arcom-003/25 “por la forma y por el fondo”.
Hanrine, que mantiene concesiones en el sector de La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, argumenta que la tasa vulnera el marco constitucional, compromete la inversión privada y genera cargas desproporcionadas, especialmente en fases tempranas del desarrollo minero.
La Corte deberá pronunciarse en los próximos meses, en un contexto donde el desarrollo minero es considerado estratégico para el gobierno, pero a la vez motivo de creciente debate político y social.
KG