El control a la propaganda y el gasto electoral que debe realizar el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los candidatos y organizaciones políticas no se cumple del todo. Las propias autoridades han reconocido que existen limitaciones institucionales (por falta de personal y recursos), así como vacíos y disposiciones legales que impiden, por ejemplo, controlar el contenido y propaganda política en redes sociales.
A ello se suma que falta transparencia y voluntad para corregir los problemas que se arrastran por varios años, según opinaron analistas consultados por este Diario.
En la carrera por las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, a través de redes sociales varios candidatos han aparecido en videos que riñen con normas legales; sin embargo, el CNE no ha actuado.
A mediados de julio, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, lanzó una alerta que no trascendió de un llamado de atención. El funcionario envió una carta a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, el 14 de julio, en la cual comunicó que “existen organizaciones políticas y candidatos que se encuentran utilizando la imagen y la participación de menores de edad en espectáculos de proselitismo político”.
Recordó que aquello está prohibido por el Código de la Niñez y Adolescencia, pero que no es una infracción electoral, porque no se encuentra tipificado en el Código de la Democracia. Pidió que se tomen medias para que los actores políticos “se inhiban de realizar este tipo de actuaciones contrarias a la ley”.
El CNE no puede actuar porque no es una infracción electoral, explicó Atamaint en una entrevista en Ecuavisa. Dijo que la institución a la que le corresponde intervenir en estos casos es el Consejo Cantonal de la Niñez.
Atamaint mencionó que el Consejo Nacional Electoral tiene un reglamento según el cual no se pueden imponer sanciones, porque el uso de menores de edad para proselitismo político no es una infracción que conste en el Código de la Democracia.
Lo que hace el organismo, con base en ese reglamento, es verificar que la publicidad que se transmitirá en medios de comunicación autorizados por el CNE (televisión, radio, prensa, medios digitales y vallas publicitarias) no tenga contenido prohibido, como frases violentas, imágenes denigrantes, entre otros. Según la autoridad, este control previo sí se lo realiza.
Insistió en que todo lo que se divulga en redes sociales no es supervisado por el máximo órgano electoral, porque así lo prohíbe una sentencia de la Corte Constitucional.
El Código de la Democracia determina que las infracciones electorales se clasifican en leves, graves, muy graves, infracciones de normas de financiamiento de la política y gasto electoral e infracciones especiales de los medios de comunicación y empresas de pronósticos electorales.
Una infracción, por ejemplo, es entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, no autorizados por la autoridad electoral, durante el periodo de campaña electoral, en el caso de representantes legales, candidatos, responsables económicos y jefes de campaña de las organizaciones políticas.
Está prohibida la contratación, en forma directa o por terceras personas, de espacios en cualquier modalidad en radio, televisión, medios digitales o prensa escrita para realizar campaña electoral. Realizar actos de campaña anticipada o precampaña electoral. Incurrir en actos de violencia política de género, entre otros.
La ley electoral no considera como medios digitales las redes sociales. Por ello, el abogado especialista en derecho electoral Carlos Muñoz comentó que, al no existir una normativa clara y específica que regule el contenido y pauta publicitaria en estos espacios virtuales, “hay un sinnúmero de infracciones y vulneraciones de derechos en las campañas electorales”, no solo en los actuales comicios, sino también en procesos anteriores.
Otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo y los consejos de protección de derechos, tampoco han hecho esfuerzos para garantizar que los candidatos, por ejemplo, no vulneren derechos de los menores de edad, señaló el abogado.
Muñoz fue presidente del Consejo para la Igualdad Intergeneracional en el 2017. Contó que durante su gestión observó que, cuando ocurre este tipo de publicaciones en las plataformas digitales, es precisamente porque la gente sabe que es una vulneración de derechos. En algunos casos, los contenidos se divulgan desde páginas o cuentas falsas, lo que dificulta identificar y verificar quién o quiénes son los autores, describió el experto.
El control del CNE también ha sido ineficiente en comicios pasados, como en las elecciones seccionales de febrero de 2023, apuntó Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).
La fundación presentó en días recientes un informe que da cuenta de anomalías e inconsistencias en los reportes financieros del gasto electoral de varios candidatos que participaron en las elecciones seccionales para las dignidades de alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales.
A partir del reporte, Espinel reflexionó que se puede concluir que “el CNE no cuenta con la institucionalidad suficiente para controlar los procesos electorales”.
A su criterio, el organismo “ha quedado únicamente para organizar procesos electorales, buscar que los resultados no sean cuestionables; pero no existe un verdadero control a los cumplimientos de las reglas por parte de los partidos políticos y también la absoluta transparencia en el financiamiento u otros temas, como la violencia política de género”.
Pese a que las agrupaciones políticas tienen la obligación de presentar informes de ingresos y gastos de su campaña, la oenegé detectó que es prácticamente nulo el hecho de que los candidatos reporten cuánto están gastando en pauta en Facebook e Instagram. Hubo aspirantes que sí informaron pagos en redes, pero eso no se vio reflejado en su informe de gastos al CNE.
Espinel señaló que, aun así, el Consejo Nacional Electoral sí puede monitorear el dinero que se destina a pautar en esas redes, ya que las plataformas tienen herramientas que permiten a los usuarios descargar información sobre quiénes están pautando y cuánto pagan a las campañas electorales.
Una solución al problema del control electoral, dijo Espinel, es mediante una reforma al Código de la Democracia que llene los vacíos legales, despeje ambigüedades y se enmarque en parámetros internacionales y en la sentencia de la Corte Constitucional.
Sin embargo, el vocero de la FDC comentó que esta iniciativa tendría como obstáculo a las organizaciones políticas, ya que sus intereses se verían afectados y, por ello, es probable que no quieran aprobar una reforma en ese sentido. (I)
Fuente: El Universo
