El Municipio de Quito dio por terminado el contrato con la empresa Sarmiento Publicidad, de capital argentino, encargada del manejo de paradas de buses y espacio público, por incumplimientos reiterados desde 2018, y una deuda de más de USD 76 millones.
El informe técnico que sustenta la terminación del contrato detalla graves incumplimientos como:
Falta de pago
Ausencia de mantenimiento
Instalación de publicidad irregular
No renovación de la póliza de seguro de fiel cumplimiento
Apuntó que por la última razón mencionada «se puede dar por finalizado el contrato».
La empresa debía pagar al Municipio USD 1.246.000 cada año por uso de espacio para publicidad. Sin embargo, apenas entregó USD 100.000, puntualizó.
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«Deberían haberse recaudado al menos USD 8 millones, además tienen multas acumuladas por fallas en el mantenimiento, la cifra total asciende a más de 76 millones», explicó Carolina Pantoja, subprocuradora metropolitana.
«En consecuencia, nuestra administración decidió ponerle un alto a este contrato que perjudicaba a la ciudad», argumentó.
De acuerdo al Municipio, entre los incumplimientos más graves figura la falta de mantenimiento en paradas de autobuses con bancas rotas, luminarias sin funcionar, estructuras vandalizadas y vidrios sin reponer, así como publicidad sin permiso y con medidas alteradas.
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El Municipio recordó que la empresa presentó tres acciones de protección en Guayaquil para frenar sanciones, una de las cuales sigue vigente.
Durante la madrugada, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos ejecutaron un operativo para suspender la actividad publicitaria de 425 estructuras distribuidas en toda la ciudad.
Quito «no puede seguir perdiendo recursos por un contrato que solo benefició a una empresa incumplida. Tomamos la decisión de darlo por terminado para proteger los intereses de los quiteños», aseguró Pantoja.
En los archivos del Municipio se registra que en 2018, firmó el contrato de concesión para la explotación publicitaria en las paradas de autobuses del Distrito Metropolitano.
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El contrato establecía el pago anual de más de USD 1,2 millones por derechos de explotación, y pese a los reiterados incumplimientos, la empresa alegaba que no podía cubrir el valor completo y proponía pagar solo el 50 %, opción que no fue aceptada.
En 2022 se dio de baja el contrato por primera vez. No obstante, lo reactivaron ya que, como parte de su estrategia legal, el concesionario presentó tres acciones de protección en Guayaquil para impedir medidas del Municipio de Quito, incluso existiendo un examen especial de Contraloría.
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