Priscila Zárate recuerda que al menos tres veces, a inicios de 2022, fue asaltada poco antes de llegar a su casa en la manzana Q2 de la ciudadela la Atarazana, en el norte de Guayaquil. Sujetos en moto la apuntaron con armas en esas ocasiones y le arrebataron de forma violenta la cartera y mochila.
El último asalto lo sufrió una semana antes de que entre moradores se organizaran para colocar portones en ese sector. La medida la tomaron como una alternativa para protegerse contra la delincuencia y, de esta manera, mantener a sus familias a buen recaudo.
A más de un año de la implementación de los portones, dice Zárate, los asaltos se redujeron y esto le generó cierta tranquilidad. “No nos vemos aquí sin las puertas, es como un blindaje que tenemos, como nuestro espacio seguro”, expresa ella.
La Atarazana no es el único sector que implementó esta medida para protegerse de la delincuencia. Ciudadelas como Alborada, Albatros, La Garzota, Urdenor, Samanes, Esteros, Acacias, entre otros sectores, han optado por esta forma de protección y poco a poco pasaron de ser ciudadelas abiertas a conjuntos cerrados.
Los moradores han realizado inversiones que van desde los $ 100 para la instalación de estas estructuras. Las instalaciones de rejas se incrementaron en 2022, aunque hay sectores que optaron por esta medida desde mucho antes.
Durante la administración de Cynthia Viteri el número de solicitudes para la colocación de las estructuras se elevó y en 2023 continúan sumándose sectores que colocan las rejas a grupos de casas e incluso implementan garitas, portones eléctricos, sistemas de videovigilancia y tarjetas magnéticas para los ingresos.
Aunque el Municipio, durante la anterior Alcaldía, recibía este tipo de peticiones, Guayaquil no cuenta con una regulación específica para la instalación de estas estructuras.