Tiempo y dinero son los principales componentes que requerirá el Consejo Nacional Electoral (CNE) para llevar a cabo una posible consulta popular que se proyecta el presidente de la República electo en los últimos comicios, Daniel Noboa Azín.
En el plan de gobierno presentado por el binomio presidencial de la alianza ADN listas 4-35, Daniel Noboa Azín y Verónica Abad Rojas, se propuso realizar una consulta popular para endurecer penas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras materias relacionadas con la seguridad ciudadana.
En este balotaje, el electorado apuntó hacia su candidatura que, con resultados oficiales preliminares al cierre de esta publicación, tenía el 51,91 %, correspondiente a 5′191.635 votos.
Su contendiente, Luisa González Alcívar, impulsada por el movimiento Revolución Ciudadana (RC) lista 5, tenía un 48,09 % con 4′809.027 votos.
Tras conocer esa tendencia de votación, la vicepresidenta electa, Verónica Abad, detalló brevemente que este plebiscito se haría en los 100 primeros días de gestión y será para proponer reformas al COIP.
«Para poder pilotear en temas de endurecimiento de penas. Necesitamos dar una respuesta a los ecuatorianos, respecto de la segmentación de las cárceles, necesitamos introducir jurados independientes para cortar la corrupción e impunidad, se debe trabajar en una consulta popular para ir a la raíz y eso es una consulta popular en los 100 primeros días. No podemos perder el tiempo», puntualizó Abad.
En una entrevista con este Diario, Daniel Noboa exaltó este mecanismo de participación que significa «un diálogo directo con el pueblo, sin una Asamblea que ponga trabas» dijo y anticipó que tendría preguntas en materia de seguridad, reforma judicial, rol de las Fuerzas Armadas, reformas tributarias y de desarrollo. «Serían de diez a doce preguntas», adelantó.
El Consejo Nacional Electoral estaría listo para llevar a cabo la propuesta presidencial, aunque estará sujeta al cumplimiento de plazos y la disponibilidad de recursos, alertó la presidenta del organismo, Diana Atamaint.
«El CNE tiene la misión y obligación de organizar elecciones. Estamos preparados, es una carga extraordinaria, pero la capacidad técnica y operativa del CNE está ahí, con un factor fundamental que es el presupuesto», aclaró.
Las estimaciones internas predicen que tomaría entre cuatro, cinco o seis meses ejecutarla. «No es sencillo. No es mandar a imprimir papeletas y luego ponerlas en las urnas. Es todo el aparataje… Esperaremos a ver qué pasa; el CNE es la instancia que tiene la capacidad para hacerlo y depende de factores como el tiempo y el presupuesto», comentó la autoridad.
El consejero José Cabrera recordó que la institución aún tiene pendiente cerrar las elecciones nacionales anticipadas, la repetición de elecciones de vocales de la Junta Parroquial de Calacalí (Pichincha); y, en marzo próximo podrían convocar a elecciones en parroquias de Pichincha, Sucumbíos y Manabí.
A esto se sumará la declaratoria de periodo electoral para organizar las votaciones presidenciales de mayo del 2025, prevista para febrero del 2024.
«Si nos viene una consulta, es nuestra obligación prepararla», opinó Cabrera.
Una vez que llegue a asumir el gobierno de Daniel Noboa, este deberá presentar su iniciativa a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de constitucionalidad de las preguntas y los anexos, según señala el artículo 104 de la Constitución.
De haber un dictamen favorable al cuestionario, el artículo 184 del Código de la Democracia dispone que al conocerse el decreto ejecutivo con la decisión del primer mandatario, el CNE «convocará en el plazo de 15 días a referéndum o consulta popular, que deberá efectuarse en el plazo de 60 días».
Recién hace ocho meses se realizó un referéndum de enmienda constitucional junto a las seccionales del 5 febrero pasado, que planteó la administración de Guillermo Lasso y ninguna de las ocho preguntas fueron aprobadas.
Su organización tuvo un valor superior a los $ 18 millones.
Una vez que el Consejo Electoral ratifique y entregue las credenciales de presidente a Daniel Noboa, este estará en funciones por unos 17 meses, para terminar el periodo de Guillermo Lasso, que queda pendiente luego que disolvió la Asamblea Nacional por grave crisis política. Es decir, hasta el 23 de mayo del 2025.
Por el momento, el CNE ha dispuesto que los plazos máximos para entregar las credenciales a los 137 asambleístas elegidos en los comicios anticipados del 20 de agosto se dé el próximo 8 de diciembre.
La entrega de sus credenciales al presidente de la República está contemplada para el 11 de diciembre.
Sin embargo, esos plazos están sujetos a los recursos administrativos y judiciales que interpongan los partidos, movimientos políticos y candidatos a la proclamación de resultados numéricos del sufragio del 15 de octubre, en el que los ecuatorianos residentes en tres circunscripciones del exterior repitieron la votación de asambleístas nacionales y del exterior.
Esto porque la votación telemática del 20 de agosto para 409.250 ecuatorianos migrantes se declaró nula por fallas reportadas en el sistema tecnológico.
La presidenta Atamaint confirmó que la proclamación de resultados y entrega de credenciales depende de los reclamos de los sujetos políticos que podrían llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Por el momento, esperan que la Junta Electoral Nacional del Exterior envíe las actas con novedad de la votación de binomio presidencial, asambleístas nacionales y del exterior, para proceder con el recuento de actas. (I)
