El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene luz verde para decidir, en última instancia, si ratifica la multa y suspensión por dos años de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad.
Esto ocurre luego que, el 19 de marzo de 2025, cinco integrantes de ese organismo decidieron rechazar la recusación contra los jueces Ivonne Coloma y Ángel Torres, que planteaba la defensa de Abad.
Abad acusaba a Coloma de haber demostrado «clara enemistad manifiesta» contra ella y sus abogados, durante el proceso que siguió en su contra la exasesora presidencial, Diana Jácome, por supuesta violencia política.
Verónica Abad pide la recusación de dos jueces del TCE en el caso de la suspensión de sus derechos políticos
En el caso de Torres, la vicepresidenta lo acusó de tener «conflictos de interés», porque en diciembre de 2024 Abad lo denunció penalmente por el supuesto delito de tráfico de influencias, con base de una denuncia anónima.
Los jueces que analizaron la recusación consideran que no existen elementos para demostrar que los dos recusados podrían tener algún tipo de problema, o que se comprometa su imparcialidad e independencia en este caso.
El futuro incierto de Abad
La vicepresidenta, que se encuentre en Turquía cumpliendo las funciones encomendadas por el presidente Daniel Noboa desde el 17 de marzo, fue sentenciada en primera instancia a pagar una multa de unos USD 14.100.
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El fallo del juez Guillermo Ortega dispone notificar la sentencia al Ministerio de Trabajo, a efectos de que inscriba la suspensión de los derechos de participación de Abad y establecer el impedimento de ejercer cargo público.
Esto debe ser analizado por el pleno del TCE que en los próximos días deberá emitir un fallo definitivo. Si se ratifica la sentencia, la vicepresidenta Abad podría perder el cargo, además que deberá pedir disculpas pública a la canciller Gabriela Sommerfeld.
Todo esto sucede a días que inicie la campaña electoral para la segunda vuelta, el domingo 23 de marzo, con la incertidumbre de si el presidente Noboa pedirá licencia para la etapa proselitista y, de ser así, a quien encargaría la Presidencia.
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