Desde que asuma el nuevo gobernante que sea electo este 15 de octubre, y en sus primeros meses, deberá afrontar pagos y decisiones clave: cierre de operaciones del campo petrolero que comprende una parte del Yasuní y el vencimiento del contrato con OCP son solo dos ejemplos de lo que le espera. La fijación del sueldo básico para el 2024 —que es lo más próximo— quedaría lista en la administración de Guillermo Lasso, pues los tiempos sí le dan.
La fecha en la que entrará en funciones el nuevo mandatario no está definida, pero el calendario electoral que tuvo que ser modificado por la repetición de elecciones de asambleístas en las circunscripciones del exterior contempla que la entrega de credenciales del binomio presidencial ganador se daría el 11 de diciembre.
Sueldo básico
El sueldo básico que regirá a partir de enero lo debe definir el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y para ello debe sesionar hasta el 20 de noviembre, como lo establece el Acuerdo Ministerial MDT-2020-185. Al no haber consenso entre empleadores y trabajadores, la decisión es del Gobierno. El Consejo de Salarios fue renovado a fines de septiembre, y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) indica que aún no hay fecha para reunirse, pero las centrales sindicales ya tienen acuerdos generales sobre su demanda.
El Gobierno de Guillermo Lasso definió el 21 de diciembre del 2021 el sueldo básico de $ 425 que rigió en el 2022, y el 30 de noviembre pasado fijó en $ 450 el sueldo que rige este 2023. Una de sus ofertas de campaña para ganar la Presidencia fue subir el sueldo básico de $ 400 a $ 500 en sus cuatro años de mandato, y así aplicó alzas de $ 25 al año. Ahora, antes de que termine su mandato —acortado por la muerte cruzada— podrá dejar definido un aumento para el 2024.
Cierre de producción petrolera en Yasuní
Ecuador debe parar la producción petrolera en el bloque que comprende una parte del Parque Nacional Yasuní, y el actual Gobierno dejará un plan de cierre de operaciones, pero la decisión de implementarlo será del nuevo Gobierno, según el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos. “En el directorio se indicó que es necesario un proceso de contratación de un experto en cierre de infraestructura petrolera y el análisis de los costos y la metodología de un posible desmantelamiento por parte de Petroecuador. Lo que se les va a dejar es un plan de cierre de operaciones, ordenado, técnico, y un informe de cuánto va a costar. Pero la decisión de implementar dicho plan será del nuevo Gobierno”.
La Corte Constitucional aprobó que se realice la consulta popular sobre la extracción petrolera en el Yasuní. Esta se realizó en las elecciones de agosto, y ganó la opción de mantener ese crudo en el subsuelo con el 58,95 % de los votos. Con ello, el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción de petróleo se deberá cumplir en máximo un año desde la notificación de los resultados oficiales, como lo estableció el dictamen constitucional. Los resultados de la consulta los proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 31 de agosto del 2023.
¿Qué pasará con el Oleoducto de Crudos Pesados?
Los 20 años de contrato con OCP están por finalizar y en debate estaba ampliarlo o revertir infraestructura al Estado. Al respecto, el ministro Santos ha indicado que no se ha recibido ninguna solicitud de extensión formal por parte de las empresas interesadas. “La argentina Pampa y la china Andes, que son las principales accionistas, siguen conversando, y estamos a la espera”. La comisión de reversión sigue funcionando, personal del Ministerio y del OCP están recorriendo estación por estación, haciendo un inventario del estado de los bienes.
“Si no hay un pedido formal de extensión, se revertirá al Estado. La pelota está en la cancha de ellos”, según el ministro. La entrega del OCP al Estado será a fines de enero del 2024, esto tomando en cuenta las prórrogas dadas por casos de fuerza mayor.
En su primer año, nuevo Gobierno deberá pagar $ 7.689 millones por deuda pública
En el 2024, Ecuador deberá pagar $ 7.689 millones por amortizaciones (capital) e intereses de la deuda interna y externa. Dentro de estos rubros se cuentan intereses de bonos basura, los primeros pagos de amortizaciones de lo que prestó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros multilaterales, deudas con China, con el Banco Central del Ecuador (BCE), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Biess. Así lo explica Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal. Se trata de una millonaria cifra, cuyo financiamiento será un desafío para el nuevo Gobierno.
Los intereses de deuda externa que se deben pagar el próximo año son de $ 1.964 millones, de los cuales $ 572 millones corresponden directamente a los bonos emitidos por mercados internacionales, sobre todo durante el correísmo, y que luego fueron renegociados en el gobierno de Lenín Moreno. Además se deben pagar unos $ 939 millones correspondientes a los intereses con multilaterales, de créditos adquiridos tras la pandemia. Entre estos se encuentran los contratos financieros con BID, Banco Mundial, CAF y FMI. De acuerdo con Carrera, los intereses con organismos internacionales se han ido ampliando, pues han subido las tasas internacionales.
Pero también se deben hacer pagos de amortizaciones de deuda externa: unos $ 1.300 millones a multilaterales, de los cuales $ 519 serían para el FMI. También unos $ 600 millones de capital en deudas con bancos chinos.
La deuda interna también es un rubro importante. Solo en intereses hay que cancelar $ 954 millones, entre IESS, Biess y Banco Central. Además debe cubrir unos $ 2.565 millones de pagos de capital de deuda interna, con las mismas entidades. Normalmente, los Gobiernos acostumbran a realizar renovaciones o los famosos roll over de deuda.
Si bien estos rubros son importantes para el 2024, los pagos van incrementándose en el tiempo. Así, para 2024, el total de pagos de deuda (amortizaciones más intereses) externa e interna llega a $ 8.473 millones, mientras que para el 2025 la cifra se incrementa hasta unos $ 10.039 millones.
El Gobierno de Guillermo Lasso ha insistido en que a través de un manejo prudente de las cifras logró bajar la deuda pública. Así, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, ha dicho que en mayo del 2021, cuando llegó el actual Gobierno, la deuda estaba en un 61,5 % del PIB, y para diciembre del 2023 se la cerrará en 54 %, esto es, 7,5 puntos porcentuales menos. También ha destacado como un logro el haber renegociado la deuda con China a través de ampliación de plazos y al haber liberado el petróleo comprometido en el correato. También se hizo un canje de deuda por naturaleza para reducir $ 1.000 millones de deuda externa y se consiguieron unos $ 400 millones para la conservación de Galápagos. (I)
