La Comisión Oasional para el Tratamiento de Reforma a los Artículos 110 y 115 de la Constitución de la Asamblea Nacional se reunió el 26 de febrero de 2025, antes de la elaboración del primer informe de la reforma que busca eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas. La Comisión recibió en comparecencia al ministro de Gobierno, José De La Gasca, en representación del proponente Daniel Noboa, presidente de la República.
La sesión se inició pasadas las 15:00 y tras la constatación del quorum, De La Gasca hizo su primera intervención señalando que los partidos políticos deben amalgamar las elecciones de los ciudadanos, pero que, en vista de los resultados electorales, en donde doce organizaciones recibieron menos del 1 % de los votos, esto no está sucediendo en el contexto actual.
Añadió que el Fondo de Promoción Electoral, desde el 2008, ha gastado 160 millones de dólares, aunque la Revolución Ciudadana en los últimos comicios recibió un 20 % más de financiamiento porque se alió con la organización política RETO.
Además, desde el criterio del ministro, el derecho a la participación no puede convertirse en una carga para los ecuatorianos, con el financiamiento del Estado “la cancha no se nivela, la cancha nunca se niveló con la vigencia de estos artículos”, anotó.
La asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) Nathaly Farinango fue quien intervino a continuación. La legisladora indicó que uno de los problemas del país es el financiamiento, no hay suficiente dinero para las necesidades del país. Luego preguntó si los ciudadanos quieren que sus impuestos vayan a financiar a aquellas organizaciones políticas que no tienen buenos resultados, y aclaró que esta reforma no es una restricción al derecho a la participación, ya que este beneficio económico no garantiza la igualdad.
Farinango también señaló que era necesario hablar de los recursos destinados al Instituto de la Democracia, a cuyo director se citó a la sesión, pero que no asistió.
El ministro De La Gasca respondió a la legisladora mencionando que seguramente los ciudadanos preferirían que sus impuestos se inviertan en las instituciones públicas para su beneficio. Los ciudadanos no pueden pagar estas facturas. La participación se puede garantizar a través de debates, no solo a través de los recursos del Estado.
Después intervino el legislador del movimiento Amor, Fe y Esperanza Carlos Alberto Rodríguez, quien señaló que el último proceso electoral tuvo un costo de casi $ 14 millones y dirigió dos preguntas al ministro: ¿Cuáles son los principales beneficios de esta reforma constitucional en materia del uso eficiente de los recursos del Estado? Y ¿cómo se garantizará que los procesos electorales sigan siendo equitativos y transparentes?
José De La Gasca respondió que en caso de la primera pregunta, desde su cartera de Estado se espera que haya rendición de cuentas de los partidos políticos, ya que actualmente no hay escrutinio de los recursos asignados a los partidos ni de cómo se han invertido en la promoción de ideas, no de perfiles.
En cuanto a la segunda pregunta, De La Gasca hizo referencia a la necesidad de que las votaciones no sean “vacunadas”, que es necesario que desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se restrinja el uso de celulares en las urnas para evitar que los ciudadanos sean presionados al momento de sufragar.
Resaltó que en la primera vuelta de estas elecciones, alrededor de $ 316.000 fueron entregados a cada uno de los candidatos y doce de ellos no lograron ni el 1 %, y que esos recursos no deberían venir del Estado.
Luego, María de Lourdes Alarcón, de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), cuestionó a De La Gasca acerca de cómo el uso de infraestructura y recursos del Estado para realizar actos proselitistas también agrede la equidad que debe haber en un proceso de elecciones democráticas.
De La Gasca señaló que en la reforma planteada no se toca lo relativo a la prohibición del uso de recursos públicos para hacer campaña electoral. Además, resaltó que el presidente, a pesar de no ser obligatorio en materia legal, se despojó de su cargo durante los momentos que hizo proselitismo.
A continuación, la legisladora Farinango intervino por segunda vez, señalando que la reforma no impacta en el derecho a la participación porque la poca difusión de ideas no es una desventaja, ya que el debate es público y obligatorio y ese es el espacio en donde todos los candidatos pueden comunicar su plan de trabajo.
El ministro agregó que cuando se habla de equidad también se hace alusión a la legitimidad y que los porcentajes ínfimos alcanzados por los candidados que tuvieron menos del 1 % del voto no tendrían la legitimidad, de manera que tampoco se habla de equidad.
Tras encargar la presidencia de la Comisión a la legisladora Alarcón, la asambleísta Lucía Posso (Avanza) le extendió tres inquietudes a De La Gasca. En primer lugar abordó el gasto que implican los debates que, a criterio de la legisladora, ya no son debates de ideas, sino plataformas para eslóganes de campaña. Señaló que en 2021 se pagaron $ 180.000 a TC Televisión; en 2023, Ecuador TV recibió $ 185.000 y en 2025 el valor fue de $ 235.000. Todos los valores indicados son sin IVA, aclaró la legisladora.
A esto, Posso añadió que a los $160 millones, indicados por De La Gasca, hay que sumarles $ 40 millones más que corresponden al Fondo Partidario Permanente. De este último valor, el 15 % está destinado para el Instituto de la Democracia y al tratarse de un monto alto debería ser revisado para optimizar los recursos estatales.
Finalmente, abordó el control antilavado en las campañas políticas, que es controlado a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), pero dentro del CNE. Esto, desde la perspectiva de Posso, vuelve al CNE juez y parte, por ello debería fortalecerse a la UAFE.
Las inquietudes de la legisladora fueron atendidas por el ministro. Primero le recordó que la Asamblea no aprobó la “Ley antipillos”, que estaba destinada a fortalecer la UAFE. Luego indicó que el CNE es el encargado de que en las campañas no se lave dinero. Y pidió a la Asamblea que fiscalicen que el uso de los $ 40 millones se haya hecho de manera efectiva.
Posso finalizó la sesión comprometiéndose con el ministro para que las organizaciones políticas rindan cuentas del uso de los recursos del Estado y reiterando el llamado al director del Instituto de la Democracia para su comparecencia. (I)