Es lunes de tarde, y Paulette* se pasea nerviosa por su sala, esperando que su esposo llegue a casa de su trabajo en el sector de la construcción. Cada día que él regresa es un alivio, pues es un día más que ellos y su hijo de dos años pueden vivir en Estados Unidos sin ser deportados.
Apenas 16 meses después de haber llegado a Nueva York y aún sin documentos para residir legalmente, el temor la invade. En medio de la incertidumbre de su estatus migratorio, las crudas amenazas del recién juramentado presidente estadounidense, Donald Trump, calan más hondo.
“Cuando decían que Donald Trump iba a deportar a todo el mundo, sí nos asustamos, más por (mi esposo) porque él sale a trabajar todos los días y quién sabe si en un momento trabajando lo deportan. Realmente no sabría qué hacer si pasa eso, pero tengo miedo”.
Paulette, nacida en Guayaquil, llegó a Estados Unidos luego de una larga travesía que comenzó con un viaje en avión hacia El Salvador, y luego continuó a pie por Guatemala y México. Con su hijo, que entonces tenía pocos meses de edad, y su ahora esposo, lograron atravesar la frontera hacia Texas tras un mes de viaje y miles de dólares en pagos a coyotes.
Sus esfuerzos, según Paulette, fueron para darle un futuro mejor a su hijo. Ahora, la familia está enfocada en salir adelante en Nueva York, uno de los estados que alberga la comunidad migrante ecuatoriana más grande del país.
“Confiando en Dios que si él permite, nos quedemos aquí por más tiempo. Sino, nos tocará regresar a Ecuador, pero no quisiera”, asegura la joven de 21 años. “Por más que yo extrañe a todo el mundo allá, no quisiera regresar ahora”.
Como ella, hay muchos más inmigrantes ecuatorianos y latinoamericanos que se han establecido en Estados Unidos, pero que viven con el peso de no tener papeles.
Según KFF, una organización estadounidense de investigación independiente, aproximadamente cuatro de cada diez inmigrantes hispanos son ciudadanos estadounidenses naturalizados; tres de cada diez dicen que tienen una visa válida o una ‘green card’, y uno de cada cuatro entra en la categoría de indocumentado.
Políticas antimigratorias
Donald Trump, quien el 20 de enero del 2025 juramentó como el 47° presidente de Estados Unidos, prometió tomar acciones rápidas e inmediatas contra la migración indocumentada.
Esta es una promesa que ha sostenido a lo largo de toda su reciente campaña, y que data de su primer mandato en Estados Unidos, cuando ordenó iniciar la construcción de un muro fronterizo con México.
“Después de años de construir naciones extranjeras, defender fronteras extranjeras y proteger tierras extranjeras, por fin vamos a construir nuestro país, defender nuestras fronteras y proteger a nuestros ciudadanos, y detendremos la inmigración ilegal de una vez por todas. No nos invadirán. No nos ocuparán. No nos infestarán. No nos conquistarán”, aseguró Trump durante un mitín el 19 de enero, el día antes de asumir su segundo mandato.
En su primer día en la oficina presidencial, Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional que autoriza el uso de las fuerzas militares en la frontera con México. Luego firmó otra orden eliminando el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense.
También suspendió temporalmente el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos a partir del 27 de enero, “hasta que el ingreso de más refugiados a Estados Unidos se alinee con los intereses de Estados Unidos”.
Así busca poner fin a la política conocida como “captura y liberación”, que libera en territorio estadounidense a quienes no tienen estatus legal mientras esperan una audiencia en la corte de inmigración.
Además, la aplicación móvil CBP One, que permitía a migrantes ingresar a EE.UU. a través de los puertos de entrada en la frontera con México, ya no está disponible desde el 20 de enero.
Alrededor de 30.000 citas programadas a través de esta app para las siguientes tres semanas, fueron canceladas sin posibilidad de reagendar, dejando en el limbo de la frontera a decenas de miles de peticionarios.
William Murillo, presidente ejecutivo de 1800 Migrante, explica que el cierre de esta aplicación es tan solo uno de los efectos inmediatos de la administración de Trump en la migración.
Sin embargo, el abogado señala que otras medidas que busque implementar Trump, como las deportaciones masivas, serían más evidentes a largo plazo.
“Las políticas mucho más grandes a largo plazo van a ser aquellas para deportar a migrantes que están en dos situaciones especiales: aquellos que ya tienen una orden de deportación o un récord criminal, que los van a ir a buscar”, indica.
Pero explica que “no va a ser que de un día para otro va a empezar a deportar a millones de personas, eso sería muy difícil y está la ley de por medio”.
Según el medio NPR, la implementación de las órdenes ejecutivas de Trump podrían tardar semanas o meses, pues algunas serían objeto de impugnaciones legales o requerirían que el Congreso movilice nuevos fondos que Trump actualmente no tiene.
Aún así, el temor es latente entre las comunidades migrantes alrededor del país.
La retórica xenofóbica
El 21 de enero, Donald Trump dio vía libre a las redadas de migración en lugares previamente considerados “protegidos”, como escuelas, iglesias y hospitales, así como lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural.
El presidente estadounidense justificó su decisión con el argumento de que hay “criminales” que se “esconden en las escuelas y las iglesias” de EE.UU. para evadir ser arrestados.
No es la primera vez que Trump describe a los migrantes como “criminales”, y en una ocasión dijo que ”envenenando la sangre de nuestro país”.
“Los inmigrantes son un crimen. Son la anarquía. Nos quitan el trabajo, pero ahora también son animales que nos van a matar o a comer a nuestras mascotas o a nosotros mismos”, dijo en un mitin en Colorado, en octubre del 2024.
Murillo describe como xenofóbica esta retórica del mandatario, y asegura que tendrá consecuencias en reales en el trato hacia las personas migrantes por parte de otros ciudadanos estadounidenses.
“Nosotros hemos visto como el apasionamiento político por los seguidores del presidente Trump se ha demostrado ya en muchos estados de intolerancia hacia las personas que se miran diferente”, comentó el abogado.
‘Pagamos justos por pecadores’
Luis* tiene más 25 años viviendo en la ciudad de Nueva York, a donde llegó tras haber cruzado la frontera buscando ‘salir adelante’. A pesar de que se casó en tres ocasiones con ciudadanas estadounidenses, no pudo obtener la ‘green card’ para residir legalmente y ahora consta como un inmigrante indocumentado.
“Todos estamos con pánico”, describe Luis, quien ya experimentó el primer mandato de Trump entre el 2017 y el 2021. Sobretodo, le preocupan las redadas masivas que el presidente ha prometido llevar a cabo en todo el país, y que afectarían a Nueva York a pesar de ser una ‘ciudad santuario’.
Las ciudades santuario es como se denomina a las localidades que tienen políticas diseñadas para limitar la participación de las autoridades locales en la aplicación de la ley de inmigración federal, con el objetivo de proteger de la deportación a los migrantes indocumentados que no hayan cometido delitos.
“Él (Donald Trump) quiere hacer y deshacer aquí en Nueva York, las escuelas y los hospitales que son zonas sagradas”.
Y, aunque el ecuatoriano agradece que en los últimos años hayan podido entrar a Estados Unidos más migrantes latinoamericanos, reconoce que entre ellos hay “gente mala que han venido a dañar el país”.
“Trump viene con esa fuerza a deportarlos a ellos, pagamos justos por pecadores”, lamenta.
Eric Adams, el alcalde demócrata de Nueva York, sostiene que la mayoría de los 170.000 inmigrantes llegados recientemente a Nueva York no están cometiendo delitos.
“Somos una ciudad de inmigrantes y siempre seremos fieles a esas raíces, pero también tenemos que ser honestos y tener claro que nuestro sistema de inmigración está roto y que un pequeño número de reincidentes violentos se están aprovechando de ese sistema roto”, indicó Adams el pasado 12 de diciembre.
“La abrumadora mayoría de los inmigrantes que llegaron aquí lo saben, siguen la ley y quieren trabajar mientras buscan el sueño americano. Pero aquellos que violan la ley y ponen en peligro a otros deben ser expulsados de nuestra ciudad después de haber cumplido la pena de cárcel“, agregó.
En el Bronx, Luis participa de actividades deportivas y comparte con otros compatriotas que como él, tampoco tienen papeles para residir legalmente.
“Somos personas que venimos acá a trabajar, a progresar, a salir por nuestras familias, no hacemos maldad. Yo estoy de acuerdo que él (Trump) agarre a la gente indocumentada que vienen a hacer maldades acá, pero no a la gente que está trabajando, que pagan sus impuestos”, manifiesta.
Pero, “lastimosamente tenemos que dejar el miedo a un lado y seguir nuestras vidas normales (…) tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo porque ¿nuestros hijos cómo comen después?”.
El ecuatoriano asegura que como inmigrante indocumentado en Estados Unidos sabe que está expuesto cada día a ser deportado, y que si ese es su destino, deberá aceptarlo: “Si tengo que regresar a Ecuador pues regresaré, y saldré adelante también en Ecuador, aunque lo dudo”. (I)
Fuente: El Universo