La emblemática zona de La Mariscal, conocida por su vida cultural y turística, atraviesa una crisis de inseguridad que mantiene a los vecinos en constante alerta. Este barrio está ubicado en el centro norte de Quito.
Las intersecciones de las calles Amazonas con Joaquín Pinto, Wilson y Foch se han convertido en un foco de actividades ilícitas, principalmente la venta de drogas y robos a transeúntes, según denuncias de la comunidad.
Lo irónico de la situación es que a solo dos cuadras se encuentra el edificio del Ministerio del Interior, encargado de garantizar la seguridad ciudadana, dicen vecinos.
Jorge Santori, propietario de Farol Café Libro y residente de la zona, describió la situación como un “daño estructural” que trasciende la delincuencia y evidencia fallas en varias instituciones del Estado.
“El problema no es solo de la Policía, que cumple con su labor pese a las limitaciones, sino del sistema en su conjunto”, comentó.
Santori señaló que el Municipio de Quito es uno de los principales responsables. Según él, la Agencia Metropolitana de Control y la administración zonal obstaculizan las iniciativas ciudadanas y empresariales que buscan revitalizar el área.
“Queremos recuperar el espacio público con propuestas culturales y recreativas, pero enfrentamos trabas burocráticas que favorecen la degradación de la zona”, añadió.
El ejemplo más claro es la dificultad para obtener permisos para colocar mesas en el boulevard de la avenida Amazonas, un espacio amplio y diseñado para actividades comunitarias.
“Mientras en otras partes de Quito se tolera el caos en aceras estrechas, aquí, donde queremos promover la convivencia pacífica, se nos limita”, reclamó.
El problema más alarmante sigue siendo la venta de drogas. Según los vecinos, esta actividad se concentra en hostales y locales de apariencia legal que sirven como fachadas para el microtráfico.
“En la calle Joaquín Pinto hay dos hostales donde hemos documentado actividades ilícitas con fotografías y videos”, afirmó Santori. Sin embargo, la falta de denuncias formales y la supuesta negligencia de fiscales dificultan cualquier acción efectiva por parte de las autoridades.
En el sector de La Mariscal, varios comerciantes y residentes han expresado su preocupación por los problemas de inseguridad y consumo de sustancias que afectan la zona.
Valeria Díaz, representante del hotel Casa Joaquín, compartió su testimonio sobre cómo esta situación impacta directamente a los negocios y al turismo: “Para nosotros que trabajamos con extranjeros, la verdad que los vendedores de droga, los indigentes y los consumidores nos afectan bastante porque, pues los turistas quieren salir a caminar alrededor, quieren ir a conocer y no pueden por el tema de la seguridad, pues les da miedo”.
La mujer señaló que constantemente llaman a la Policía, “pero casi no vienen; nos dejan a la deriva prácticamente. Los domingos esto es totalmente botado, no se ve nada, lo único que se ve es indigentes, fumadores, consumidores y gente que vende droga”, señaló.
Por otro lado, Franco Matailo, dueño de un restaurante en la zona, describió el impacto en su negocio: “El tema de seguridad aquí es pésimo. Los clientes tienen miedo de ingresar por esta calle. Las peleas y el consumo de drogas ahuyentan a la gente, y eso ha hecho que las ventas bajen considerablemente”.
El comerciante también criticó la falta de respuesta por parte de las autoridades: “Llamamos a la Policía, pero llegan después de una hora. Estamos cerca del Ministerio del Interior, pero la ayuda nunca llega”, agregó.
Matailo insistió en que el problema podría mitigarse con la retirada de los vendedores de drogas: “Si los quitan, todo se normalizaría en la plaza Foch”, refiriéndose a la zona que ha sido tomada por la delincuencia, dijo.
Ante estas quejas, el subteniente de Policía Richard Once, encargado del circuito La Mariscal 7, explicó las medidas que se están implementando: “Se han reforzado los patrullajes a pie, el chat comunitario y el botón de seguridad. Además, se realizan operativos con el personal de unidades especiales como Linces y GOM, y se hacen paradas preventivas constantes”.
Según Once, hace un mes y medio se realizó un control migratorio en la zona, identificando a habitantes de calle de diferentes nacionalidades, por lo que precisó que la mayoría de las personas en el lugar tendrían permanencia momentánea.
También aseguró que los permisos de funcionamiento de los hostales se están regulando con el apoyo de Turismo, la Comisaría y la Agencia Metropolitana de Control (AMC).
El oficial subrayó que el distrito La Mariscal es una prioridad para las autoridades y que esta se realizarán nuevos operativos para abordar los problemas denunciados por los residentes y comerciantes.
Sin embargo, la comunidad sigue esperando que estas acciones se traduzcan en una mejora real en la seguridad de este emblemático sector turístico de Quito.
En el desarrollo de esta la informativa, un equipo de este Diario también fue amenazado por varias personas ubicadas en este lugar. (I)
Fuente: El Universo