La Asamblea Nacional retomó este 23 de enero de 2025 las actividades, luego del periodo de vacancia legislativa que se extendió por dos semanas.
En la primera sesión del Pleno, los legisladores, la mayoría alternos principalizados desde el 6 de enero, escuchan los informes anuales de gestión de diferentes autoridades.
Entre otros, han sido convocados los titulares de la Fiscalía General del Estado; Contraloría General del Estado; Defensoría Pública; Defensor del Pueblo y los organismo encargados del proceso electoral: Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
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Antes, el legislador Jaime Saltos, de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), pidió incluir en el orden del día un cambio para tratar una supuesta «vulneración» de la decisión del Pleno del 4 de enero con la que se suspendió el funcionamiento de las comisiones permanentes.
«Las comisiones no se pueden suspender y muchas de ellas tienen presidente y vicepresidente titular», señaló el suplente de María Fernanda Araujo.
La moción alcanzó apenas 51 votos a favor y no fue incluida en el debate. La presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana, recordó que las comisiones que tienen como presidente y vicepresidente a legisladores titulares, pueden sesionar sin ninguna restricción.
Contralor, el primero en intervenir
El contralor Mauricio Torres fue el primero en subir al estrado de la Asamblea, como presidente de la Función de Transparencia y Control Social para explicar el trabajo del ente de control en 2024. Resaltó los convenios interinstitucionales logrados con entidades públicas y privadas.
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El contralor recordó que la Función entregó a la Asamblea el proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción documento que, aseguró, contó con el aporte de más de 500 actores.
Pidió a los legisladores que se unan a los esfuerzos que estaría haciendo la Función de Transparencia y aprueben la normativa lo antes posible.
Reaparece la fiscal Diana Salazar
Aunque todo apuntaba que el informe de la Fiscalía estaría a cargo del subrogante, Wilson Toainga, casi de forma sorpresiva llegó la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
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La funcionaria empezó advirtiendo que, por temas de tiempo, podrá dar a conocer solo una parte de su gestión, los más importante, ante los legisladores.
Además, recordó que este será su último informe de labores, ya que, en teoría, debería ser reemplazada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en abril próximo.
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