Un informe preliminar sobre la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de la ocupación militar en Ecuador, con corte a noviembre de 2024, revela graves violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios del país.
El documento, elaborado por Billy Navarrete Benavidez y Fernando Bastías Robayo, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, se basa en las visitas realizadas a los centros de reclusión y evidencia la magnitud de los abusos sufridos por los internos.
Durante los primeros tres meses de intervención militar, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) habrían cometido actos de tortura física, psicológica y sexual, además de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El informe denuncia que, lejos de mejorar la seguridad, la militarización de las prisiones incrementó el riesgo de violencia y corrupción interna, permitiendo el ingreso de objetos ilícitos y exponiendo a los funcionarios a dinámicas criminales que causaron las masacres carcelarias previas.
Además, los internos viven en condiciones infrahumanas, con hacinamiento extremo, falta de acceso a agua potable y graves deficiencias en atención médica.
Entre las cifras que se destaca en el informe están:
- 76 asesinatos a personas privadas de la libertad en 2024
- 8 funcionarios públicos asesinados en 2024, incluyendo directores de centros penitenciarios
- 308 internos con tuberculosis en un pabellón
- 6 días sin alimentación como método disciplinario
- 10 minutos promedio permitido para que los internos coman dentro de los pabellones
Plan de emergencia
En este contexto, el Comité de Derechos Humanos recomienda la creación de un plan de emergencia penitenciario, la instauración de una supervisión independiente de las acciones militares en las cárceles y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención Integral (Snai) para garantizar una gestión más eficaz y respetuosa de los derechos humanos.
Asimismo, se insta a la implementación de protocolos claros para prevenir abusos y a reactivar programas de rehabilitación integral para los privados de libertad.
El informe concluye que la actual ocupación militar exacerbó la vulnerabilidad de los grupos más desfavorecidos dentro de la población carcelaria, como mujeres trans, personas con discapacidades y adultos mayores, quienes enfrentan la violación de sus derechos fundamentales sin que exista una respuesta adecuada por parte del Estado.
A continuación, las recomendaciones del Comité:
- Creación de un plan de emergencia penitenciario: Restaurar los estándares básicos de seguridad, salud, alimentación y habitabilidad, priorizando la atención a grupos vulnerables.
- Supervisión independiente: Establecer mecanismos de monitoreo externo e independiente en los centros penitenciarios, con la participación de organismos internacionales y sociedad civil para garantizar el acceso a la justicia de las denuncias de abuso.
- Revisión del rol militar: Limitar el uso de las Fuerzas Armadas en la gestión penitenciaria a casos estrictamente excepcionales y siempre bajo supervisión de autoridades civiles.
- Fortalecimiento del SNAI: Reestructurar el SNAI, transformándolo en un ministerio con capacidades operativas y recursos suficientes.
- Protocolos claros para la prevención de abusos: Diseñar protocolos específicos para prevenir la tortura y los malos tratos, con canales seguros para que los internos puedan presentar denuncias.
- Acceso a la justicia: Garantizar la colaboración del Ministerio de Defensa con las investigaciones judiciales sobre torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, incluida la desclasificación de documentos.
- Beneficios penitenciarios: Considerar la falta de actividades de rehabilitación al evaluar los beneficios penitenciarios.
- Capacitación en derechos humanos: Implementar programas de formación en derechos humanos para sensibilizar a los funcionarios del SNAI, Fuerzas Armadas y Policía Nacional sobre el trato digno a las personas privadas de libertad.
- Rehabilitación integral: Reactivar programas de educación, recreación y rehabilitación en los centros penitenciarios, con recursos específicos y estrategias adaptadas a las necesidades de la población.
- Atención médica adecuada: Crear unidades médicas especializadas dentro de las cárceles, con personal capacitado, insumos y protocolos claros para la atención inmediata y derivación hospitalaria.
- Garantizar alimentación adecuada: Supervisar el cumplimiento de los contratos con las empresas que suministran alimentación para asegurar que se cumplan los estándares de calidad y distribución equitativa.
Estas recomendaciones buscan mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el país.
Radio Pichincha