La Corte Constitucional (CC) emitió dictamen favorable de constitucionalidad al Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres, pero con excepciones en algunos artículos por ser incompatibles con la Constitución, contrario a lo que ocurrió con el Decreto Ley de Urgencia Económica para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, que la entidad rechazó.
Aunque la sentencia se dio a conocer la noche del viernes 6 de octubre, en sesión jurisdiccional extraordinaria del jueves 5 de octubre fue tomada la decisión de dar paso a este proyecto, que contó con nueve votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce (voto concurrente), Jhoel Escudero Soliz, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín.
El pasado 5 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso envió el decreto ley de Gestión de Riesgos y Desastres, junto con el proyecto para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas.
De acuerdo con la CC, las disposiciones consideradas incompatibles con la Constitución en el decreto ley de Gestión de Riesgos y Desastres son:
- Artículo 6
- Artículo 11, cuarto inciso, numeral 6 –literales a) y b) –, numeral 7 –literales del a) al e)–, numeral 8
- Artículo 12
- Artículo 13, numerales 7, 8 y 11
- Artículo 14, numeral 1
- Disposiciones reformatorias
- Disposiciones generales
Uno de los argumentos que la Presidencia de la República expuso para este proyecto es que el país no cuenta con una ley orgánica para la gestión del riesgo de desastres.
En el documento indicaron que los desastres naturales tienen efectos económicos porque acarrean pérdidas; estas ascendieron a $ 12.000 millones en los últimos 20 años (periodo 2002-2022) y que entre estas pérdidas constan los daños a la infraestructura y personas damnificadas, por lo que en el periodo 2010-2023 se identificaron 56.064 personas afectadas.
En ese contexto, el Ejecutivo indicó que el decreto ley propone reformas asociadas al impacto que causará el fenómeno de El Niño, cuya magnitud y efectos inmediatos podrían ser catastróficos.
Ese argumento fue considerado por la CC, que señaló que “es consciente de la gravedad y las consecuencias que conlleva el fenómeno de El Niño”. Además, que “reconoce plenamente la necesidad de establecer políticas públicas, respaldadas por una normativa adecuada, que permita anticipar y gestionar este riesgo dentro de un régimen ordinario”.
Según los registros de la CC, al proyecto se presentaron al menos 21 amicus curiae, entre ellos estuvo el de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Ecuador (Fenacopec), en rechazo por estar incluida una disposición para que se dé la titularización a las camaroneras en las zonas de playa y bahía, y como consecuencia afectaría a más de 13.000 cangrejeros artesanales, sin embargo, esa postura fue rechazada por los camaroneros, que señalaron que titularización voluntaria de concesiones acuícolas no se refiere a los manglares y no toca ni modifica ninguna ley relativa a los manglares.
Con el decreto ley de Gestión de Riesgos y Desastres ya son tres de los siete a los que que la CC emite un dictamen favorable, antes fue a la reforma tributaria y el proyecto para que siga vigente el impuesto redimible a botellas plásticas.
Los decretos ley que han sido rechazados son: el más reciente para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas y anteriormente: para la Atracción, Fomento de la Inversión para el de Desarrollo Productivo; el de Apoyo Financiero a favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas; y el de Reestructuración Empresarial. (I)
Fuente: El Universo
