Luego varias horas de análisis, la Corte Constitucional (CC) resolvió destituir del cargo a Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por su actuación entorno al cumplimiento del cumplimiento del Dictamen Interpretativo02-19-IC/19, con el cual la Corte blindó las actuaciones del Consejo de Participación transitorio, que surgió por la consulta popular de 2018 y que estuvo presidido por el fallecido Julio César Trujillo.
Este Diario conoció que no fueron destituidos los demás consejeros ni otros investigados. La decisión de la Corte se tomó con ocho votos a favor y el voto salvado del juez Enrique Herrería. El pleno de la CC se instaló a las 15:00 del viernes 6 de octubre.
El organismo inició el 13 de septiembre de 2023 el siguiendo del dictamen de 2019, luego que el actual Consejo de Participación dio paso a la conformación de una veeduría ciudadana, dispuesta por el juez de Montecristi, Leiver Patricio Quimis, cuyo fin era revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS t) en cuanto a la elección de los jueces de la Corte Constitucional en 2019.
Además, la Corte también analizó lo hecho por el CPCCS en cuanto a revisar la designación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a raíz de la denuncia del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) que acusa a la fiscal de un supuesto plagio. La selección de Salazar también está protegida por el dictamen interpretativo.
Dentro del proceso que llevó la Corte comparecieron Alembert Vera, los consejeros Nicole Bonifaz, vicepresidenta, Mishell Calvache, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos. También otros funcionarios del Consejo de Participación, el juez de Montecristi y la fiscal general.
Alembert Vera, quien fue abogado del expresidente Rafael Correa, ha mantenido la posición de que no buscaba sacar a los actuales jueces de la Corte Constitucional, sino que cumplía con una sentencia judicial.
El tema desató disputas y enfrentamientos legales entre los vocales del CPCCS en funciones, al punto que el 23 de septiembre Mishelle Calvache formalizó ante la Fiscalía la denuncia en contra Veray los vocales Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto, por el presunto delito de fraude procesal. Calvache los acusa de haber entregado a la Corte Constitucional información adulterada del informe que la mayoría del CPCCS aprobó en junio pasado sobre el proceso para revisar la designación de la fiscal Diana Salazar.
Mientras se esperaba el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el 27 de septiembre el Consejo de Participación Ciudadana suspendió la formación de la veeduría para revisar la elección de los jueces de la Corte Constitucional. (I)
